lunes, 8 de julio de 2019

LOS LIBERALES MÁS LOCOS DEL MUNDO


A nadie pareció ni parece llamarle la atención el hecho de que la ministra de Seguridad anuncie que puso la infraestructura del Estado para investigar en las redes sociales quien fue el autor del video editado en el que aparece hablando más lento de lo habitual, pero no muy distinto a -por ejemplo- ese otro en el que apareció saliendo de un restaurante con un par de copas de más, para defender el derecho de cualquiera a portar armas.

Dejando de lado que es el propio personaje Bullrich (payaseco pero siniestro a la vez) el que hace al video verosímil, lo cierto es que todos parecen olvidar que ridiculizar a un funcionario público no es en sí mismo delito, ni un hecho punible: acá el house organ de la embajada se lamenta del hecho, y nos cuenta una inverosímil charla entre la ministra y un juez federal de Entre Ríos sobre el asunto; a través de lo cual nos podemos enterar que el equipo del ministerio (es decir, funcionarios cuyos sueldos pagamos todos) está "estudiando el tema" para determinar si hay una figura penal en la que encuadrarlo, para encauzar la persecución contra los autores del hecho.

Es decir, un espanto por donde se lo mire, porque no solo Bullrich no es jueza ni fiscal como para tomar la iniciativa de investigar un presunto delito, sino que el hecho no constituye delito, y en cualquier caso ella debería haberse excusado de actuar por estar involucrada, en lugar de poner el aparato del Estado al servicio de una vendetta personal, por haber sido ridiculizada.

Basta estudiar un poco de historia argentina para entender que nuestros liberales son en realidad conservadores reacios a pagar impuestos, a los que si se los raspa un poco, les aparece el fascista interior dispuesto a reprimir no solo toda disidencia, sino cualquier hecho que les moleste, aunque sea nimio. El propio Macri es un cabal exponente de ese modo de pensar, y sobran los ejemplos al respecto.

Por otro lado, no hubo dictadura militar que no los contara entre sus promotores, instigadores y beneficiarios, además de haber nutrido a todas de cuadros civiles, en especial para manejar la economía.

Lo curioso (o no) del caso, es que el derecho penal tradicional es una creación del liberalismo político clásico, y sus principios esenciales han quedado plasmados en nuestra Constitución Nacional de 1853, en sus artículos 18 y 19, con los principios de legalidad y de reserva. De allí que solo puede considerarse delito lo que las leyes tipifiquen como tal, y cuando lo hacen, es porque existe cierto consenso social en torno a que una conducta es jurídicamente reprochable y punible, porque hay un "bien jurídico" a tutelar.

En ese sentido, el avance del proceso democrático argentino llevó primero a eliminar del Código Penal la figura del desacato, y luego en el gobierno de Cristina, a despenalizar las calumnias e injurias cometidas por la prensa, tratándose de asuntos de interés público. Vivir en democracia supone el ejercicio de las libertades (entre ellas la de expresión), y ser funcionario público en un gobierno democrático supone estar expuesto a las críticas e incluso a las burlas, sea cual sea el modo por el que estas se manifiesten. Cristina -por ejemplo- podría escribir otro libro, exclusivamente dedicado al tema.

Ya bastante gravoso para las libertades democráticas es soportar los avances autoritarios del Estado en el control de ciertas formas de comunicación como las redes sociales, con el pretexto de prevenir posibles acciones terroristas u otros hechos que atenten contra la seguridad pública, como para tolerar y naturalizar que esa parafernalia represiva se emplee para estas cuestiones; aunque no olvidemos que fueron este gobierno y esta misma ministra, los que hicieron meter presa gente por tuitear contra el presidente.

Poniendo el foco en la ostensible doble vara con que se juzgan estas cuestiones (la propia Bullrich ha sido una brutal propagadora de mentiras, desde el propio Estado, en inmumerables casos), o discutiendo si estamos hablando de un caso de "fake news" u otra cosa, dejamos pasar este otro costado del asunto, que es mucho más grave.

Porque viene del mismo lugar del que salieron el aliento institucional al gatillo fácil, la represión a la protesta social y la legitimación de la existencia de presos políticos; y a su vez transmite un mensaje tenebroso, incompatible con la vida en democracia: ojo con lo que hacen, ojo con reírse de nosotros, ojo con criticarnos, porque los estamos vigilando, y si podemos, les armamos una causa y los metemos presos.

Para terminar con estas vergüenzas es -también- que tenemos que ganar las elecciones, y sacar del gobierno a esta caterva de impresentables. Tuit relacionado: 

2 comentarios:

  1. La ministra a quien tiene que meter preso es a su peluquero.
    El Colo.

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  2. https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3095-2006-07-06.html

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