LOS NEGOCIOS NO PUEDEN ESPERAR

En el Boletín Oficial de ayer salió publicado el DNU 465 (completo acá), por el cual Macri instruye a la Secretaría de Energía que convoque a licitación pública nacional e internacional, a los fines de adjudicar una licencia para la construcción y operación de un gasoducto que conecte la Subzona Neuquén con Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires, y con las Subzonas Gran Buenos Aires y Litoral, en las proximidades de San Nicolás de los Arroyos.

Según el DNU, la licencia a otorgarse deberá prever un Régimen Especial Temporario (RET), por un plazo de diecisiete (17) años contados a partir de la suscripción de la misma, aunque en realidad liego se remite a la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas), con lo cual se extendería a 35 años, con opción a prórroga por 10 años más. El antecedente de la medida es la convocatoria a la presentación de “manifestaciones de interés” para la construcción del nuevo gasoducto por Resolución 82 de marzo pasado de la Secretaría de Energía; norma en la que se contemplaba que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES “participe en una parte sustancial del financiamiento, en condiciones de mercado...”.

Señalamiento que hacemos porque el mismo DNU se encarga de destacar en varios pasajes que la construcción del gasoducto no implicará erogación alguna para el erario público, como si la obra se tratase exclusivamente de una inversión a cargo de los privados, lo cual justificaría el régimen de excepción que se le daría a la licencia para operar el gasoducto una vez construido, que no sería estrictamente el que establece la Ley 24.076 del marco regulatorio del gas: el decreto aclara que no se trataría de tarifas reguladas sino de precios pactados libremente en condiciones de mercado, sin intervención de la autoridad reguladora (el ENARGAS), y por supuesto sin realizar previamente audiencia pública.

Lo curioso (o no tanto) es que el decreto dice que la traza del gasoducto fue definida acueducto de acuerdo con “las evaluaciones técnicas realizadas” por el ENARGAS y los organismos de la Secretaría de Energía, “...con relación a las manifestaciones de interés recibidas en el marco de la citada resolución,...” (la 82 de marzo pasado, aclaramos); sin que sepamos cuáles son las empresas que respondieron a la convocatoria y “manifestaron interés”.

El dato no es menor: el principal beneficiario actual del gasoducto sería el Grupo Techint, a través de su petrolera Tecpetrol, que viene liderando la producción em Vaca Muerta, y que además con casi total seguridad si no construyera por sí el gasoducto, proveería los caños para hacerlo, de los cuáles es el principal -si no único- productor en el país. El gobierno de los Estados Unidos también habría comprometido algo de financiación adicional para la obra (unos 200 millones de dólares, el FGS de ANSES pondría 500), a cambio de la participación de empresas norteamericanas.

Intentando justificar por que la medida se apura con la sanción de un DNU (necesario porque se fija un marco regulatorio distinto al existente, exclusivamente para esta obra), el decreto señala en sus fundamentos que “...de seguirse el trámite legislativo ordinario, la convocatoria y adjudicación de la respectiva licitación no podrá verificarse dentro del próximo trimestre, con lo que no se conseguiría disponer de la puesta en operación del gasoducto en el invierno de 2021 (considerando el plazo estimado para su construcción), y su utilidad recién estaría disponible para el invierno de 2022, lo que produciría un impacto negativo en la balanza comercial energética del orden de los doscientos cuarenta millones de dólares estadounidenses (U$S 240.000.000) sobre las necesidades de divisas de la balanza comercial y postergando los demás beneficios señalados, en perjuicio del país, pudiendo ello ser evitado con el inmediato dictado de esta medida.”.

Es curioso que al gobierno que promueve y alienta una fuga diaria de capitales igual o superior a esa cifra le preocupe, en este caso particular, la fuga de divisas, o la balanza comercial; al punto de apurar las cosas y saltear al Congreso, en plena campaña electoral. Dicen las malas lenguas que tanto apuro tiene una explicación: el DNU sería la moneda de cambio exigida por Paolo Rocca para que el Grupo Techint desista de demandar al Estado por el recálculo de los subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta que se le deberían pagar a Tecpetrol, de acuerdo con la Resolución 46 dictada en 2016 por Aranguren, dolarizando los precios del gas en boca de pozo.

“Estas son mis reglas de juego claras, estables y a largo plazo, pero si no me sirven, tengo otras”, podría decir Rocca, parafraseando a Groucho Marx. ¿Acaso otro signo de que en el gobierno no hay tanta confianza en la reelección de Macri como nos quieren hacer creer?.

Bonus track: por supuesto los radicales harán como que protestan y por supuesto no les darán ni tronco de pelota, como cada vez que hay negocios involcurados. Tuit relacionado:

Spoiler: no les darán ni tronco de bola, como siempre que hay negocios de por medio: https://t.co/bb6UNaNSkC

— La Corriente K (@lacorrientek) 11 de julio de 2019