CUEVAS DE LAUCHAS

La famosa “calidad institucional” y la presunta corrupción son algunos de los latiguillos con los que siempre el antiperonismo le pega al peronismo cuando éste gobierna, siendo que carga en sus alforjas con una larga historia de esqueletos en el placard propio en esas materias, y el macrismo no fue la excepción; ni mucho menos: sus pergaminos en los preceden.

Aun así, el culebrón de la pelea entre Laura Alonso y la Auditoría General de la Nación (AGN) por el cual la primera resiste ser auditada por la segunda y todo terminó en derivaciones judiciales, amenaza con batir los récords: los detalles del entuerto los pueden encontrar en esta nota de Ambito Financiero, a la cual no remitimos en mérito a la brevedad.

El asunto en sí mismo es anecdótico, pues no hace falta ninguna auditoría (ni de la AGN ni de nadie) para establecer que la OA y Laura Alonso no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción, y sí bastante con la persecución política a los funcionarios del anterior gobierno, y el ocultamiento sistemático de todas las trapisondas del actual.

Sin embargo, tiene cierto interés didáctico para enseñarnos que hay que cosas que revisar en el futuro, y otras que no tenemos que discutir más, ni admitir que nos corran con la vaina en algunos temas estos impresentables.

Por ejemplo poner en discusión el modelo de control que encarna la AGN, y que fuera establecido en la reforma constitucional de 1994 como una de las propuestas de Alfonsín en el marco del Pacto de Olivos, con integración política más que perfil técnico: la nota de Ambito deja claro que empezaron a investigar a la impresentable de Alonso cuando el macrismo tenía olor a nardos y no cuando estaba en el cenit de su poder y ella era una de las puntas de lanza de las movidas persecutorias contra el kirchnerismo, y que ahora los radicales que fichan allí habilitaron una auditoría amplia de la OA, para cobrarse facturas de la interna de “Cambiemos”, en especial en Córdoba.

Si lo que se desea verdaderamente es combatir la corrupción y ejercer controles eficaces sobre el gobierno en todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos, está claro que la Auditoría General de la Nación tal cual fue pensada y funciona, no sirve para nada, y hay que replantearla; aunque eso signifique una reforma constitucional. De lo contrario, la cosa transcurrirá por los carriles que ha venido transitando hasta ahora.

También merece discutirse el rol de la Oficina Anticorrupción, otro “chiche” que debemos a los 90’, la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, y los “consejos” de las ONG’s “blancas de gente con dentadura completa y los problemas cotidianos de la existencia resueltos”: a la fragilidad de su diseño institucional (creada por decreto, dependiendo del Poder Ejecutivo) Macri le sumó la eliminación del requisito de que su titular fuera abogado, para que la incalificable Alonso pudiera ocupar el cargo. Los resultados hablan por sí mismos.

Y finalmente, que decir del rol que le cabe a la justicia en todo esto, en este caso al crítico fuero contencioso administrativo federal, cuya competencia central es justamente ejercer el control judicial de los actos administrativos del gobierno: el juez Lavié Pico es uno de los tantos de la “servilleta” macrista, que hasta acá se prestaron a varias de las operaciones más groseramente ntijurídicas del régimen agonizante (como por ejemplo el disparate de inventar que era necesario ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura, y facilitar así que se le birlara una banca en el organismo a la oposición), y en los estertores del macrismo cambian de chaqueta, y se apuran a hacer los deberes con el gobierno entrante, para reiniciar el minué que tanto les gusta bailar a nuestros beneméritos magistrados.

No tenemos información detallada al respecto, pero no sería de extrañar que el hombre estuviera intentando no solo intentarse congraciarse de antemano con una nueva administración para conseguir un ascenso o traslado, o para zafar de alguna que otra causa en su contra en el Consejo de la Magistratura, que podría costarle el cargo. Consejo de la Magistratura dijimos: he ahí otro prodigio surgido del Pacto de Olivos y la reforma del 94’, que algún día habrá que desratizar.