jueves, 3 de octubre de 2019

LA CLÁUSULA GATILLO DE LA PATRIA CONTRATISTA


Hace poco decíamos en ésta entrada que las empresas contratistas de obra pública gozan en la provincia de la "paritaria VIP" para recomponer sus ingresos frente a la inflación y el aumento de los cotos, a través del sistema de redeterminación de precios que establece la Ley 12.046, como consecuencia del cual los contratos incrementan su peso en el presupuesto provincial, no necesariamente vinculado al avance de las obras.

En la última ley de presupuesto que iba a ejecutar el gobierno de Lifschitz (el de éste año) a esa "paritaria privilegiada" se le dio rango legal, al equipararla con la de los trabajadores estatales, en el sentido de establecer que cuando la provincia tiene mayores recursos que los previstos en el presupuesto y los va a destinar a pagar los aumentos salariales o las redeterminaciones de precios cde los contratos de obra pública (esto es lo que se agregó este año), el Poder Ejecutivo puede hacerlo directamente, sin necesidad de que lo autorice la Legislatura.

Y precisamente eso es lo que está haciendo el decreto cuya imagen abre el post: incorpora mayores recursos que los previstos en el presupuesto por distintos impuestos nacionales y provinciales, por casi 3651 millones de pesos; y los distribuye entre los diferentes gastos, de los cuáles nada menos que 500 millones se destinan a pagar redeterminaciones de precios en contratos de obra pública.

Poco después y por el 2579, Lifschtiz destina parte de esos fondos adicionales, solo en el Ministerio de Obras Públicas, a pagar redeterminaciones de precios de contratos en ejecución, y otros ya concluidos, como por ejemplo en el estacionamiento de Casa de Gobierno (4 millones), en la Casa de la Cultura (15 millones), el nuevo edificio del Instituto 12 (100.000 pesos), en la Casa del Brigadier (10 millones), la Plaza 25 de Mayo (3 millones), el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario (35 millones), el nuevo Hospital Iturraspe (20 millones), o el Museo del Deporte de Rosario (6 millones).

Como ven, en el listado hay obras terminadas, o que al menos fueron inauguradas por el gobierno provincial hace tiempo, pero que le siguen generando gastos por las "redeterminaciones" de los contratos: este es uno de los aspectos en que el gobierno entrante ha puesto la lupa en el marco de la transición, pidiendo que por esta razón no se liciten nuevas obras, que no cuenten con financiamiento asegurado; porque es probable que en los meses venideros y en su propia gestión, deba pagar "redeterminaciones" de obras ejecutadas durante el gobierno del Frente Progresista. 

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