Es por acá Alberto, dales bola: https://t.co/k9srZqdYji— La Corriente K (@lacorrientek) December 12, 2019
En campaña Alberto hablaba de su gobierno y la relación con los gobernadores como "un gobierno con 24 presidentes", o algo por el estilo, y de la idea de ir fijando capitales alternativas en las diferentes provincias del país. La idea era no solo rescatar el concepto del federalismo como idea matriz de la gestión de gobierno, sino hacia el interior del "Frente de Todos", coparticipar a los gobernadores oficialistas del sistema de toma de decisiones, en un reconocimiento a la realidad política existente en el peronismo.
Claro que esa búsqueda de una convivencia armoniosa entre el Estado nacional y las provincias no estará exenta de tensiones, porque hay intereses contrapuestos que deben armonizarse, y lo explicamos con un ejemplo: el nuevo ministro de Educación de la nación acaba de anunciar la reinstalación de la paritaria nacional docente suprimida por Macri por decreto, y ese puede ser un punto de conflicto con los gobernadores (sin distinción de signo político), porque supone fijar un salario mínimo para un sector de sus empleados (los docentes) y recibir apoyo financiero del gobierno nacional en algunos casos para poder pagarlo; por fuera de los esquemas de negociación salarial que cada uno de ellos tiene en sus provincias, con el conjunto de gremios estatales provinciales.
Del otro lado, vemos que el gobernador de La Pampa le reclama al gobierno nacional que reponga el Fondo Federal Solidario o fondo soja, creado por Cristina por el DNU 206/09 y compuesto con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados; y que revise el aumento de la coparticipación a la CABA decretado por Macri al inicio de su gobierno.
La Pampa es, sin dudas, una de las provincias mejor administradas de la Argentina; y el peronismo la viene gobernando sin interrupciones desde 1983, como consecuencia de eso. Sus gobernadores -como los Rodríguez Saá en San Luis- han sabido combinar márgenes de independencia respecto a los gobiernos nacionales incluso del propio peronismo, con una defensa férrea de los intereses provinciales y un acompañamiento que se podría decir crítico (es decir, no automático y en todas las decisiones) de los procesos nacionales expresados en los gobiernos kirchneristas, esto último muy visible en el caso pampeano.
Nadie debiera asombrarse ni sorprenderse por eso si parte de la base que son los votantes de esos gobiernos y esas provincias los que respaldan esa línea política votándolos en forma continuada para ejercer el gobierno provincial, y acompañando también en forma reiterada las alternativas políticas que ofrece el peronismo para el orden nacional. La exigencia de federalismo en ese caso no es solo una cuestión conceptual, sino una estricta correspondencia con las exigencias de la propia base electoral, que se comporta distinto a -por ejemplo- la del "cordobesismo" de De La Sota y Schiaretti.
En el caso de La Pampa las dos propuestas del gobernador Ziliotto (que alguien podría interpretar como un reclamo) son sumamente sensatas, y bien haría el nuevo gobierno nacional en tomarlas en cuenta. Respecto a la coparticipación del fondo sojero, es evidente que Ziliotto advierte que con este nivel de tipo de cambio y las urgencias financieras del Estado nacional, se vendrá un aumento de retenciones a las exportaciones de las producciones agropecuarias con mayor margen de rentabilidad por la devaluación, y quiere que su provincia participe de los beneficios que eso genere: nada que reprochar al respecto, conforme a lo antes indicado.
Pero para el gobierno de Alberto coparticipar parte del fondo sojero (que se verá sin dudas acrecentado si se aumentan las retenciones), tal como lo hizo en su momento Cristina, sería una medida muy inteligente en términos políticos: dando por sentado que el aumento de las retenciones generará reacción en las patronales del campo (cuyos sectores más belicosos han amenazado con volver a las rutas si eso sucede), sería astuto sumar músculo político para afrontar la arremetida, comprometiendo a los gobernadores con la medida, porque se verán en parte beneficiados con ella; en especial en las provincias cuya economía gira en torno a la producción agropecuaria, como La Pampa, aunque si se aplicaran los criterios de distribución de la coparticipación para el fondo sojero (como hizo Cristina en su momento) .
Porque de lo contrario lo que ocurre es que el costo político de aumentar la presión impositiva sobre los sectores más beneficiados con la devaluación y los nichos de rentabilidad que generó (como los sectores más concentrados del modelo de agronegocios) recae exclusivamente sobre el Estado nacional, mientras las provincias se oxigenan en ese frente, por ejemplo evitando aumentar el Inmobiliario Rural.
Y que decir en esta misma línea de pensamiento, del reclamo de Ziliotto de revisar el aumento de la coparticipación de la CABA decidido por Macri: si bien esos fondos adicionales destinados al distrito más rico del país y con mayor nivel de recursos fiscales per cápita salieron de la parte de la coparticipación que corresponde al Estado nacional, si se diera marcha atrás en la decisión (algo perfectamente posible y justo, además), podrían engrosar la masa coparticipable destinada a las provincias aliviando su situación financiera; o recuperarlos el Estado nacional para aliviar la suya, con el apoyo político de los gobernadores de las provincias, que se reflejaría en el Congreso aun cuando la medida pueda disponerla el presidente por decreto, como hizo Macri. Tuit relacionado:
La Matanza tiene 325 km, viven 2 millones 400 mil compatriotas y el presupuesto del año 2019 ha sido de 10 mil millones de pesos. La Capital Federal, con 100 km cuadrados menos, la misma cantidad de habitantes y menos necesidades, tuvo un presupuesto de 350 mil millones de pesos. pic.twitter.com/D1J1MrvlTA— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 13, 2019
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