PÉSIMO ANTECEDENTE

Uno entiende que los números finales de las elecciones de octubre determinaron una composición del Congreso que obliga al gobierno a negociar, y ceder en algunas cuestiones para lograr el quórum y que los proyectos del Ejecutivo sean aprobados.

Incluso se estira al extremo de entender que en los proyectos originales (siempre pasa) se plantean posiciones de máxima como para tener algo que negociar en el Congreso, y sumar apoyos haciendo concesiones. Ni hablar si el que ejerce la presidencia es como Alberto Fernández, con tendencia natural al diálogo y la conciliación.

Sin embargo, hay cuestiones que terminan siendo pura pérdida, como el tratamiento de la cuestión jubilatoria, dentro del paquete más amplio de la emergencia.

No se trata acá de hacerse cargo de los argumentos de los caraduras que hace dos años aprobaron -en medio de un descomunal operativo represivo- una modificación a la ley de movilidad jubilatoria que les hizo perder a los pasivos el 25 % de su salario, ni tampoco de desconocer que la intención real del gobierno es que en el lapso en el que se suspende la movilidad los aumentos sean dispuestos por el Poder Ejecutivo, para poder recomponer en mayor medida los haberes mínimos, que el resto de las jubilaciones más elevadas

Eso sería muy sensato, porque significa desandar el error del macrismo con la "reparación histórica", comprometiendo la financiación del sistema de seguridad social (al punto de liquidar activos del Fondo de Garantía de ANSES), para reproducir y ampliar en las prestaciones previsionales la inequidad distributiva que existe en el mercado laboral de los trabajadores en actividad. 

El problema es cuando por este camino (el de las concesiones o retoques a los proyectos, en aras a lograr su sanción) se terminan colando demandas que son un privilegio sectorial, junto con las legítimas y valederas, como los regímenes previsionales de los docentes o investigadores del Conicet.

Como pasa con las jubilaciones de jueces, diplomáticos y hasta los ex presidentes, en el marco en este caso de la Ley 24018; que al parecer quedarían exceptuados de la suspensión de la movilidad, por los cambios introducidos en el Congreso.

Un pésimo antecedente, por donde se lo mire: desde la óptica de las prioridades explícitas del nuevo gobierno, fijadas en las medidas que viene tomando y en las demás disposiciones del proyecto de ley de emergencia; y desde las demandas que son vehiculizadas prioritariamente por el sistema político, desentendiéndose del contexto de crisis que llevó precisamente a plantear la emergencia.

Y una decisión por la cual el costo político lo pagará Alberto Fernández, aunque su propuesta inicial fuera exactamente la contraria.