Hasta que Alberto Fernández oficializó la nómina de integrantes de su gabinete, todas las miradas estaban puestas en el Ministro de Economía. Desde entonces, los cañones parecieron concentrarse en Sabina Frederic, la designada Ministra de Seguridad: acaso un indicio de los tiempos por venir en el discurso opositor y en la línea que baje el dispositivo mediático, que vienen a ser más o menos la misma cosa.
La seguridad es una clara preocupación ciudadana, y haríamos mal en minimizarla, como le suele pasar a la progresía nacional: la gente quiere vivir en paz, sin que la roben o sin que su vida corra riesgo, y se lo merece. Espera que un gobierno le garantice (entre otras cuestiones acuciantes) esa, y nada hay de malo en que lo espere.
Sin embargo, también es -sobre todo para los grandes medios, y para el discurso político de las derechas- una herramienta discursiva a la que acudir cuando todo falla, incluso las denuncias de corrupción.
El fracaso del macrismo en materia económica ha sido tal, que es muy posible que no sea ése el ángulo que elijan para atacar al gobierno de Alberto desde el principio, y al menos por un tiempo. Ni hablar si se acierta con las medidas para salir de la crisis, y la economía empieza a dar señales de recuperación, que la gente pueda notar en su vida cotidiana. Veremos entonces como los hechos de inseguridad ocuparán la primera plana de los diarios, y serán instalados como la preocupación excluyente de la gente.
Sin embargo, eso no significa que no existan, y que en consecuencia el nuevo gobierno pueda exculparse de hacer algo al respecto, De allí la importancia de abordar la problemática de la inseguridad sin miedos ni complejos, articulando respuestas concretas y designando gente idónea para llevarlas a cabo; que tenga a su vez la fortaleza política necesaria para imponer las determinaciones del mando civil al instrumento armado de la seguridad (las fuerzas policiales, la Gendarmería y demás fuerzas federales).
Ese es otro complejo que, en materia de seguridad, las fuerzas nacionales y populares deben superar; no existe ninguna posibilidad de construir y ejecutar una política eficaz de seguridad pública sin la necesaria participación de las fuerzas de seguridad y policiales, a las cuáles el Estado les confía el monopolio legal de la fuerza que detenta en un Estado de derecho. No hay tal cosa como "seguridad sin policías".
Dicho esto, el asunto entonces es conducir políticamente a las fuerzas, encuadrarlas en una lógica de respeto a los derechos humanos, cortar de cuajo todo brote de autoritarismo represivo o violencia institucional, ser implacables con la corrupción interna o la complicidad con el delito. Todas cuestiones que no hay que tener temor de abordar, porque si se abandonan la derecha se apropia de ellas, y las devuelve en forma de discurso y prácticas legitimadoras de la "mano dura"; con el argumento de que solo de ese modo se consiguen resultados efectivos en materia de seguridad.
Lo cual es falso, y se puede comprobar no solo con las estadísticas sobre la evolución del delito y la violencia, sino con el hecho de que, si la "mano dura" y el "gatillo fácil" hubieran resuelta alguna vez el problema de la inseguridad, hoy no estaríamos hablando de eso, como un tema presente y preocupante.
Pero esta reflexión nos lleva a otra, y es plantear la necesidad de no embarcarnos en discusiones inútiles y desgastantes, como "garantismo versus mano dura", que están planteadas desde el vamos sobre ejes falsos: no podemos discutir si rige o no la Constitución Nacional, o si la tenemos que aplicar o no. Porque por reducción al absurdo, por ese camino llegaremos pronto a legitimar la tortura (Patricia Bullrich ya lo hizo con el fusilamiento), como método válido de investigación del delito.
La apuesta de Alberto Fernández designando al frente de un área tan crítica a una académica, que viene del campo de la investigación en las ciencias sociales, es arriesgada en el contexto en el que habitualmente se discuten estas cuestiones; que parece pasar exclusivamente por quien la tiene más larga, o quien porta el arma de más grueso calibre, o puede impostar voz de mando con mayor eficacia.
Pero al elegir así, ha puesto las cosas en su lugar adecuado, porque la violencia es un fenómeno social, cuya manifestación más visible es el delito (el delito violento, precisamente, del otro, el de "cuello blanco", jamás se habla), y en consecuencia no puede ser abordado desde la chapucería "pistolera" con el que se lo ha tratado muchas veces, en especial en estos últimos cuatro años, con las consecuencias por todos conocidas. La demanda ciudadana por seguridad exige respuestas eficaces del Estado, y esas respuestas solo las pueden dar quienes han estudiado y se han preparado para darlas, no los improvisados efectistas.
Y nada de lo dicho implica desconocer que para un gobierno que se reivindica como parte de la tradición política nacional y popular argentina, las causas sociales de la violencia tenderán a desaparecer cuando desaparezcan la desigualdad y la injusticia; pero tampoco hay que caer en el simplismo de asimilar pobreza con delito, comprando -sin advertirlo- parte del discurso estigmatizador de determinados sectores sociales, que es la plataforma conceptual sobre la que se despliegan luego políticas de control social, que nada tienen que ver con terminar con la inseguridad.
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Los otros días Graña en América sobre la nueva ministra de Seguridad decía "vuelve el garantismo y eso nunca funcionó". Habría que preguntarle dos cosas: 1) Que entiende por "garantismo" y que tiene que ver con la seguridad, y 2) Cuando funcionó la "mano dura y tolerancia cero"— La Corriente K (@lacorrientek) December 7, 2019
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