DEMOSTRACIONES DE PODER

 

En las sociedades modernas nadie sostiene en serio ya que hay "un" poder, o un único centro de poder, y mucho menos que éste esté en el Estado y sus instituciones. Todos asumen que hay "poderes", e incluso que de unos cuanto años a ésta parte (sobre todo desde que rige la denominada globalización del capitalismo financiero) los poderes públicos han ido perdiendo peso específico en su capacidad de gobernar a las sociedades; si por gobernar se entiende conducirlas hacia la dirección que reclaman sus mayorías, aun cuando eso suponga afectar intereses poderosos.

La democracia se ha vuelto así cada día un poco menos "democrática" y cada vez que los que la titularizan formalmente desde el Estado intentan revertir la tendencia, aparecen las tensiones: toda vez que oigan hablar de "populismo" o de tendencias presuntamente autoritarias de un gobierno, desconfíen: seguramente se ha atrevido a poner en entredicho la supremacía del capitalismo -sin llegar  a negarlo-, por sobre la democracia, y su fuente de legitimidad electoral.

La Argentina no podía ser la excepción a un proceso universal, y de allí que no extrañe que el año pasado las fuerzas nacional-populares hayan saldado diferencias para construir una herramienta electoral competitiva frente a la derecha en su encarnación más pura y dura, y hayan podido ganar las elecciones y recuperar el control del Estado, en toda su dimensión y posibles despliegues.

El poder económico, el poder mediático (parte inescindible del primero), el Poder Judicial (estructura enquistada en el aparato estatal para defender los intereses delos poderosos) y la principal oposición política (comparsa parlamentaria de los dos primeros, menesterosa demandante de ayuda del tercero para saldar las disputas políticas que pierde) siguen comportándose como si las elecciones, simplemente, no hubieran tenido lugar.

En el caso de la oposición, sin el más mínimo atisbo de autocrítica ni nada parecido a una acto de contrición por su desastroso gobierno, y muy por el contrario, pontificando con encomio digno de mejor causa todas las soluciones que el país debería adoptar, que no son sino las que los llevaron a ellos al fracaso como gobierno, y a la derrota electoral.

El poder económico, por su parte, desplegando en cuanta ocasión puede -a través de los medios que controla, en sus encuentros con el gobierno- su pliego de demandas que exceden incluso a los tradicionales paquetes de ajuste del FMI, y que son otra cosa que el programa que gobernó la Argentina entre diciembre del 2015y el mismo mes del 2019, con los desastrosos resultados conocidos.

Y finalmente el Poder Judicial, que desde su cabeza misma -la Corte Suprema de Justicia de la nación- ha decidido enviar un mensaje extorsivo y mafioso tras otro, aunque para ello deba vulnerar, una y otra vez, la Constitución cuya vigencia deberían garantizar. Lejos de cualquier intención de autodepurarse, o de colaborar con reformas planteadas desde el gobierno y el Congreso, los jueces están diciendo, a quienes quieran oírlo, que consideran que las leyes que rigen al conjunto de los argentinos no se aplican a  ellos, y que sostendrán con todos los recursos a su alcance -que no son pocos- la estructura de persecución y disciplinamiento político que se dio en llamar "lawfare"; como espada de Damocles aleccionadora que pende sobre las cabezas de todos y cualquiera de los miembros de la clase política, que se atrevan a meterse con ciertas cuestiones.

Fuera de la impotencia opositora (en tanto capacidad de generar una alternativa electoralmente viable al oficialismo), lo que hay en todos los demás casos señalados son contundentes demostraciones de poder, hechas ex profeso y deliberadamente para demostrar que no tienen remilgos en usar ese poder del que disponen, ni siquiera porque deban hacerlo contra un gobierno elegido por el pueblo: puesto menor dijo alguien, alguna vez, del presidente de la nación.

Los jueces convalidan jueces okupas, testimonios amañados, condenas sin pruebas, leyes inicuamente violatorias de la Constitución como la del "arrepentido", y se ofrecen como un refugio seguro contra todo aquel que quiera defender un privilegio incompatible con la democracia y las instituciones; sea Larreta reclamando por fondos, o algún mega-millonario que deba pagar el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Los tribunales están, entonces, para corregir los excesos democráticos de la democracia. Y los primeros en advertirlo son los opositores, apenas se apaga el tablero de las votaciones de las Cámaras del Congreso, consagrando que perdieron: "esto no termina acá, la seguimos en tribunales", parecen decirnos.

Y el poder económico, además de presionar por una devaluación ola flexibilización laboral, crea las condiciones para conseguirlo: aumenta los precios -sobre todo de los alimentos y artículos de primera necesidad-, fuga capitales, especula con el dólar o anuncia a través de sus medios que va a aumentar servicios cuyos precios el Estado congeló (como internet, el cable o la telefonía celular), y cuyos reajustes ese mismo Estado debería autorizar.

Frente a eso el gobierno, es decir el Poder Ejecutivo, más concretamente el presidente y sus ministros, hacen demostraciones de "no poder", o para ser más precisos: no querer utilizar todas las herramientas institucionales a su alcance para disciplinar y poner encaja a esos otros "poderes"; en la vana creencia y esperanza de que -contra toda evidencia- aun es posible consensuar con ellos, bajo otros términos que no sean los que ellos plantean y exigen.

Uno tiene todo el derecho del mundo a estar convencido de que "su" estrategia (por ejemplo, la búsqueda de consensos para ampliar su base de sustentación) es la correcta, como parece estarlo Alberto Fernández. Pero no puede ser tan necio como para negar las evidencias de la realidad, siguiendo en la búsqueda de acuerdos con quienes no quieren acordar, nada. Y mientras tanto transmitiendo para afuera la peligrosa sensación de que los demás podrán avanzar impunemente sobre su poder (democrático, con legitimidad popular de origen) sin ser detenidos.