PERDÓN POR LA INSISTENCIA

 

Mientras desde el Estado no se ajusten cuentas con estos tipos, no hay democracia posible ni viable: https://t.co/tcskLRGXF9

— La Corriente K (@lacorrientek) December 6, 2020

 

Hablando de Magnetto, decía Cristina en "Sinceramente": "Él tiene un fuerte interés en la política y no se trata solamente de un tema de lobby para resguardar o mejorar sus intereses económicos, eso sería minimizarlo. Le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, es decir el poder en sentido estricto y completo. Siempre quiere decidir. ¿Cuál era si no el sentido de oponerse a la reforma del Consejo de la Magistratura? Él quiere controlar todos los sistemas de decisión argentinos. Nuestro país tiene un sistema de decisiones en la Casa Rosada, otro en el Poder Judicial y otro en el empresariado."

"Él, durante todos estos años, formó dispositivos de poder y decisión en cada uno de esos sistemas, para controlarlos a todos. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), por ejemplo, es una organización que fundó Magnetto con los grandes empresarios de la Unión Industrial Argentina como Sebastián Bagó, Paolo Rocca, entre otros, que en su mayoría lo que tienen es miedo a Magnetto. Él utiliza ese tipo de organizaciones para disciplinarlos y los demás le temen porque, por ejemplo, si Clarín publica: "Se habría determinado que el material de una de las cápsulas de laboratorios Bagó tendría elementos cancerígenos", a Bagó nunca más le comprarán un medicamento. O, cuanto menos, le producirá pérdidas extraordinarias."

"Ése es el poder que tiene sobre la mayoría de los empresarios. Si Clarín dice: "Me parece que el Banco Macro tal cosa", al otro día se desata una corrida especulativa contra el Banco Macro. Es el empresario más poderoso de la Argentina, no tengo dudas. En ese sentido, el único que no le tiene miedo a Magnetto -y que incluso hasta le disputa poder- es Paolo Rocca. Él no siente que Rocca le tenga miedo y por lo tanto lo mira con respeto. Si pudiera arruinarlo el día de mañana para que le tenga miedo, lo arruinaría.".

Efectivamente, la AEA es la entidad empresarial más poderosa del país, como que nuclea a las empresas y empresarios más importantes del país: allí sí el tamaño y -sobre todo- las condiciones de posición dominante y hasta monopolio en determinado segmento del mercado, es la condición para pertenecer. Son los que imponen las reglas en lo suyo, que se juntaron para imponer las reglas al conjunto no ya del empresariado, sino a todo el país, incluido el gobierno: es el sello elegido por Magnetto para vehiculizar aquella idea suya de que ser presidente es "un puesto menor".

A diferencia de otros sellos empresariales como la UIA, ADEBA, la Cámara de la Construcción o hasta la Mesa de Enlace, en la AEA ni siquiera se toman el trabajo de disimular bajo propósitos gremial-empresarios, que su objetivo central es ejercer lobby y disputar poder: exigen planes y medidas concretas (siempre las mismas), impugnan decisiones de los gobiernos que trascienden lo estrictamente económico (el ejemplo que daba Cristina de la reforma al Consejo de la Magistratura), y nunca se privan de dar su opinión sobre todo, dando por sentado que debe ser oída y obedecida, o sobrevendrán para el país los peores males.

Males que nunca los alcanzan a ellos, aun cuando por ejemplo en el reciente gobierno de Macri algunas empresas hayan perdido plata, contraído deudas en dólares o perdido valor de capitalización bursátil. Desde siempre (incluso desde antes de que se conformara la AEA) la cúpula empresarial argentina se las ingenió para socializar sus pérdidas: estatización de las deudas vía seguros de cambio, pesificación asimétrica, préstamos fraudulentos con empresas vinculadas, fuga de capitales. Cruzando cualquier listado de los beneficiarios de esas calamidades sociales con la nómina de los integrantes de la Asociación, la coincidencia es perfecta: Alcoyana Alcoyana.

Y no es casual, porque para eso existen: acá por ejemplo nos cuenta Ari Lijalad en El Destape que en éste año, en plena pandemia, no tuvieron reparos en aprovecharse del Estado y pedirle fondos para el pago de sueldos a través del programa ATP, mientras despedían trabajadores sin pagarles la doble indemnización, pagaron los sueldos en cuotas mientras distribuían dividendos entre sus accionistas y al mismo tiempo le informaban pérdidas a los organismos de control como la AFIP o la CNV. Por estos días, tratan de instalar  que los servicios de telecomunicaciones (cable, internet y celulares) aumentarán un 20% en enero, mientras remarcan salvajemente los precios de los alimentos básicos de la canasta familiar.

En el caso de Techint, distribuyen dividendos entre sus accionistas contra la intención del Estado (a través del FGS de ANSES) de que las ganancias sean reinvertidas para aumentar la producción, al tiempo que presionan a ese mismo Estado para obtener más subsidios, como los del Plan Gas; y reclaman aumentos de tarifas y eliminación de los precios máximos, mientras se quejan de la inflación que ellos mismos generan, maximizando rentabilidades ya de por sí extraordinarias: ver acá el ejemplo de las empresas alimenticias. 

La pregunta es, frente a estas actitudes que socavan la democracia en lo más profundo -el bienestar de sus ciudadanos- ¿qué puede hacer el gobierno? Para comenzar, tomar nota del problema y no seguir haciendo como si no existiera, o peor aún: intentando tender puentes de diálogo con gente que solo intenta menoscabar su autoridad, porque es en las situaciones de excepcionalidad institucionalidad cuando más provecho sacan, llevando agua para su molino: minimizar el desafío que plantean sería un error fatal.

Para seguir, utilizar con decisión y energía todas las herramientas e instituciones que el Estado de derecho pone a su alcance, derivadas de la legitimidad que le confieren el voto popular y la Constitución: las fiscalizaciones de la AFIP, los controles de la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia (en especial a las empresas que cotizan en bolsas), las leyes de abastecimiento y defensa de la competencia (obligándolas a desinvertir en aquellos casos que hay claros abusos de posiciones dominantes), los controles cambiarios y del mercado de divisas del Banco Central y sus regulaciones a los movimientos de capital, el accionar sincronizado de los representantes del Estado en las empresas en las que éste tiene acciones.

Y si todo eso no alcanza y son necesarias regulaciones públicas más fuertes y profundas, impulsarlas, aunque se sepa de antemano que habrá que enfrentar fuertes resistencias en el Congreso, incluso al interior de algunos sectores del "Frente de Todos", como el massismo. Las peores decisiones son las que no se toman, y no está el horno para bollos, ni la magnitud de la crisis para consensualismos inconducentes, o funcionarios que se limitan a comentar la realidad.