BURBUJAS PINCHADAS

 

Nunca estuvo tan claro lo que hay que hacer, como que no existe la voluntad de hacerlo: https://t.co/XzdrhS8MMs

— La Corriente K (@lacorrientek) April 26, 2021

Burbujas pinchadas: https://t.co/3LvZbYfjeO

— La Corriente K (@lacorrientek) April 26, 2021

A las cero hora del viernes próximo se termina la vigencia de las disposiciones del último DNU dictado por el presidente imponiendo ciertas restricciones de actividades en el medio de la pandemia; entre ellas la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, que se llevó toda la atención por la rebeldía porteña a cumplirla, con sus derivaciones judiciales.

Si se llegara a ese día sin que la Corte Suprema se pronuncie al respecto -cosa harto probable- el presidente se vería forzado a prorrogar la medida, sea porque la situación epidemiológica no ha cambiado -todo indica que empeorará, aunque se apele al eufemismo de la "meseta alta"-, o porque no puede ir en contra de sus propios actos, ya que el Estado nacional está sosteniendo la validez de la medida en todos los tribunales donde ésta ha sido cuestionada.

Lo que parece poco probable es que se dispongan otras restricciones que la situación aconseja, en el AMBA y en todo el país, aunque se deje trascender que "se evalúan" o "no se descartan": no existe la voluntad política real de aplicarlas, ni el plafond social para hacerlo. Ojalá para entonces, cuando el plazo venza, la información nos desmienta, pero hoy por hoy, esto es así.

En el mismo momento en el que Alberto Fernández enfatizaba que el AMBA es un solo conjunto poblacional relacionado (aunque no una misma división política, con consecuencias jurídicas) para justificar las medidas que dispuso, señalaba que la Argentina era un país federal, en el que la responsabilidad de controlar la situación en cada provincia es de los gobernadores. 

Un contrasentido en el marco de una emergencia sanitaria declarada con alcances nacionales por él mismo (y así prorrogada por DNU hasta el 31 de diciembre), pero también un reconocimiento explícito de que su autoridad no solo está deteriorada para imponerle decisiones a Larreta, sino a los gobernadores; que a su vez padecen el mismo síndrome en relación a los intendentes, en cada una de sus provincias.

La autoridad estatal legítima está así cuestionada, y al mismo tiempo auto-limitada por la falta de decisión en avanzar en las medidas que la crisis aconsejaría, y en hacer cumplir mediante la coerción legítima, las que se adoptaron; punto en el cual no todo es culpa de los jueces o las presentaciones que deben atender: no hay ninguna acción judicial para que los shoppings o canchitas de fútbol 5 funcionen normalmente como si nada pasara, o para que los bares funcionen sin ningún protocolo, y sin embargo todas esas cosas suceden, ante la inacción de las autoridades.

Las palabras "estrictos protocolos" se han vuelto un significante vacío, o peor aún, carente de otro sentido que no sea el irónico, para el consumo en las redes sociales. Y otro tanto sucede con las "burbujas", impunemente pinchadas, sea en el fútbol o en las escuelas: el propio Larreta y su ministra de Educación lo hicieron, yendo a una escuela a interactuar con los chicos con fines de propaganda, subiendo las fotos a las redes sociales.   

De la apelación a la responsabilidad social pasamos a la de la responsabilidad individual, en un reconocimiento de que la crisis sanitaria no nos está volviendo mejores sino peores, porque frente a una enfermedad infecto-contagiosa las respuestas solidarias son minoría, y se apela al "sálvese quien pueda", o peor aún: "a mí no me importa morir con tal de darme el gusto de hacer lo que me gusta", tal pareciera ser la consigna imperante en mucha gente.

La responsabilidad individual es así la contracara de la progresiva deserción estatal en todo lo que implique dictar reglas de conducta a la sociedad, y ocuparse de hacerlas cumplir -si es que las dicta-, en beneficio del conjunto. Y no es justificable la inacción en dudas o debates respecto a cuáles son las medidas que deben adoptarse: todos las conocen, pero nadie o casi nadie está dispuesto a llevarlas a cabo.

Un botón de muestra: acá en Santa Fe duerme hace dos meses y medio en la Legislatura un proyecto de ley para aumentar las penalidades por violar las normas impuestas en la emergencia sanitaria, cuando a los legisladores les resultaría muy sencillo aprobarlas, y transferirle al gobernador y a la justicia, la responsabilidad de hacerlas cumplir. Y los propios funcionarios judiciales -responsables de hacer cumplir la ley y las reglamentaciones- son protagonistas de fiestas clandestinas, en no pocos casos.

Hoy por hoy el rol del Estado aparece estrictamente limitado a garantizar conseguir vacunas en la mayor cantidad posible de vacunas y hacer que se les puedan aplicar al mayor número de personas, en el menor tiempo posible; mientras intenta sumar camas y respiradores para evitar el colapso del sistema sanitario, sometido a una presión extrema.

No es poco ni es banal, claro, pero tengamos en claro que tamaño esfuerzo puede ser en vano si todos- el Estado en lo demás que le toca- y la sociedad (cada uno de nosotros, pero sobre todo en conjunto) no ponemos algo de nuestra parte.