"Calláte turro, vos fuiste a la justicia para no pagar un impuesto a los ultragarcas, en plena pandemia", como respuesta a cualquier planteo que venga de éstas lacras: https://t.co/i42z7B1mNw
— La Corriente K (@lacorrientek) April 16, 2021
Argentina un país con buena gente: https://t.co/FvzASAqRSy
— La Corriente K (@lacorrientek) April 16, 2021
A favor de eliminarla. Ya. Siempre. Más ahora.
— La Corriente K (@lacorrientek) April 16, 2021
Que los millonarios más millonarios del país son todos -o la inmensa mayoría de esa pequeña minoría- unos culorrotos que harán todo lo que este a su alcance con tal de no pagar un impuesto, es cosa harto sabida. Como también se descontaba que irían a la justicia para no pagar el llamado "impuesto a las grandes fortunas".
Razón de más -saber eso- para no haberlo aprobado por una sola vez, ni haberlo llamado "contribución solidaria": si hay algo que esa gente no tiene, es solidaridad, Y solo pagarán algo si los obligan, por todas las vías legales posibles; no dándoles planes de pago en cuotas, o prórrogas en los vencimientos.
Hay que agradecer, sin embargo, que nos enteremos por la difusión del listado de los "amparistas" que nos enteremos que entre ellos figuren, por ejemplo, los principales accionistas del Grupo Clarín (Magnetto, Aranda y Pagliaro) y de La Nación (los Saguier). Porque hay gente que cree que los tipos viven del aire, y su único desvelo en la vida es la libertad de expresión, e informar al público de lo que está pasando; jamás amarrocar guita.
Guita que en muchos casos y como sucede con muchos empresarios argentinos de esos que reniegan del gasto público, el Estado y la política, la han hecho al amparo de negocios que no hubieran podido concretar sin sostener vínculos aceitados con todos los gobiernos, fueren del signo que fueren. Precisamente Clarín y La Nación son un ejemplo de eso, por Papel Prensa y mucho más: así como Clarín obtuvo de Macri la mutilación de las cláusulas de la ley de medios que le molestaban LN logró acceder a la licencia de un canal de televisión, en la que todo indica además que el propio Macri invirtió una torta de plata, vaya uno a saber -aunque lo sospeche- de qué origen.
No pagar impuestos ni deudas con el fisco está en el orillo de nuestra establishment: Macri, que resiste hace 20 años pagar la deuda por la fallida privatización del correo durante el menemismo, financia con la evasión de impuestos -es decir, lo que ellos dicen que hicieron De Sousa y Cristóbal López- su incursión en los medios audiovisuales, y los Saguier -que lograron que la Corte Suprema los mantenga desde hace 18 años sin pagar impuestos que deberían pagar-, agradecidos de contar con un socio que abre la billetera, con el que además comparten la mirada ideológica, y los objetivos políticos.
Hasta ahí, nada demasiado sorprendente. Lo que no se entiende muy bien es hasta cuando el Estado va a seguir haciendo el papel del socio bobo en estas trapisondas, por ejemplo pautando publicidad oficial en los medios de esos mismos empresarios, que defienden con uñas y dientes su derecho a no pagar impuestos; sea haciendo lobby para que no se aprueben, evadiéndolos o judicializando su pago.
Salvo que entiendan que les deben la "asignación universal por hijo de puta", es decir ese plan social o subsidio contra el que no protesta la "prensa libre", que inventaron Lorenzetti y los cortesanos en un fallo en el que obligaron al gobierno de Cristina a darle pauta a Majul, y luego a Canal 13: recordémoslo, a eso ha llegado, entre otras bajezas, la justicia argentina.
Razones para cortar el chorro de la pauta sobran. Como por ejemplo garantizar el cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Periodista Profesional aprobado en 1946 (primer gobierno de Perón) por la Ley 12908, ratificando un decreto dictado por el gobierno del cual él era Secretario de Trabajo y Previsión.
Que dice lo siguiente: "Las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional.".
Y, es Alberso. La casa está en orden.
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