LOS GUARDAESPALDAS

 

La vergonzosa historia de como los que se jactaban de "no tener ni un caso de corrupción" dejaron una estructura de fiscales adictos para cuidarles el culo para que no se investiguen sus vínculos con el delito, demostrando así que los tienen: https://t.co/ZlecakXxx4

— La Corriente K (@lacorrientek) April 26, 2021

Una de las constantes de los gobiernos del Frente Progresista en Santa Fe entre 2007 y 2019 fue la toma por asalto del Poder Judicial y los organismos creados por la reforma judicial aprobada al final del gobierno de Obeid (el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal) por funcionarios de sus gobiernos, en especial radicales en el centro-norte de la provincia (en especial antes de que una parte del radicalismo quebrara lanzas para formar Cambiemos), y socialistas en el sur.

Hemos detallado el proceso en diferentes posteos en el blog, la mayoría de los cuáles pueden encontrar en la etiqueta "reforma judicial". La lista de los funcionarios de los gobiernos de Binner, Bonfatti y Lifschitz que saltaron sin escalas del cargo político al de juez, camarista, fiscal o defensor es tan larga, como la plantilla del Gabinete Joven, o la nómina de los parientes de los principales dirigentes del socialismo que cobran sueldos del Estado.

Mientras ponían a Santa Fe como ejemplo para el país de calidad institucionales (el "Modelo Santa Fe"), y hacían campaña electoral sobre la base del lema "Ni un caso de corrupción", se ocupaban concienzudamente de cubrir todas las vacantes que se iban produciendo en la justicia, o las que iban generando ellos mismos en el proceso de implementación del proceso penal acusatorio en la provincia. Acá pueden encontrar un suscinto racconto al respecto.

Por entonces, ni Omar Perotti era gobernador ni Marcelo Saín ministro de Seguridad de la provincia, y de hecho éste último "aterrizó" en Santa Fe allá por noviembre del 2018, cuando ganó el concurso convocado durante la gestión de Lifschitz para asumir la Dirección del Órgano de Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), algo así como una "policía judicial", encargada de dirigir las investigaciones de los delitos complejos que terminan en causas penales.

Lo que sí hubo durante esos 12 años fueron innumerables hechos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado (en especial el narcotráfico) de altos jefes policiales, incluyendo dos Jefes de la Policía de la provincia (Tognoli y Sola) designados por los gobernadores socialistas; y varias causas que afectaban a los funcionarios del gobierno de turno (como Vorobiof o Pullaro) y fueron cajoneadas y no llegaron a nada, por inocultables presiones del Ejecutivo a la justicia.

Después pasó lo que sabemos: el peronismo ganó las elecciones, Perotti asumió como gobernador designando a Saín en Seguridad, y el nuevo titular del Poder Ejecutivo dijo en su discurso de asunción del cargo en la Legislatura que había que cortar de raíz todos los vínculos entre la política y el delito, sin los que éste no hubiera podido alcanzar los niveles que alcanzó en Santa Fe. Muchos se enojaron, pero nadie lo desmintió, y él sigue parado en el exacto mismo punto de aquel discurso.

Y a juzgar por lo que cuenta Juan Carlos Tizziani en Rosario 12 de ayer, los funcionarios que dejaron plantados en la justicia como "guardaespaldas", también; haciendo aquello para lo que fueron designados: los mandados judiciales del que fuera oficialismo provincial hasta diciembre de 2019, asegurándose de que no prospere ninguna causa judicial que pueda comprometer a los ex funcionarios de sus gobiernos.

Sin ese objetivo (en el que está embarcada también una parte del bloque de senadores del PJ), no se puede entender la cacería de brujas que emprendieron contra Saín cuando era ministro, y que continúan ahora, cuando ya no lo es: fiscales regionales que dictan resoluciones contrarias a derecho diciéndoles a sus subordinados y a quienes no lo son (como las áreas internas del Órgano de Investigación que conduce el ex ministro, en cargo ganado por concurso) que le nieguen a Saín toda colaboración, y que no le permitan acceder a ningún expediente judicial o causa en trámite, para cumplir con sus funciones. Y no son apretadas verbales, o en un intercambio de mensajes de texto, sino por escrito y con firma, de puño y letra. 

Si tanto despliegue no corresponde a borrar pruebas comprometedoras, o al miedo de culos muy sucios de la política provincial a quedar expuestos en sus vínculos con el delito (en las causas por juego clandestino que explotaron en los últimos meses ya fueron detenidos un ex funcionario socialista en Rafaela, y otro funcionario de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en manos del mismo partido), alguien debería explicar cuál es la razón de tantas resoluciones judiciales dictadas con nombre y apellido: Marcelo Saín. Para impedirle -en las funciones que ha retomado tras ser ministro de Perotti- investigar no asuntos personales o privados, sino posibles delitos.

Eso mientras a la inversa, el bloque socialista de la Cámara de Diputados sostiene un absurdo proceso de juicio político contra quien ya dejó de ser ministro, y les pide a los fiscales que "busquen" causas que lo puedan involucrar, para echarlo del cargo que ganó por concurso. Si tuvieran realmente "Manos limpias y uñas cortas" como decían en algún afiche electoral, o "Ni un caso de corrupción" o ilícitos cometidos o avalados desde el gobierno de los que avergonzarse, no andarían tan sueltos de cuerpo tratando de ocultar pruebas, a plena luz del día.