SINTONÍA FINA

 

En el Boletín Oficial de hoy se publicó el DNU 266 (completo acá), por el cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y suspensiones por los mismos motivos.

Una buena medida en un contexto de crisis, que por supuesto luego hay que encargarse de hacer cumplir: ya vimos lo que pasó antes con grandes empresas -como las del grupo Techint- que despidieron gente en plena pandemia, sin sufrir ninguna consecuencia por hacerlo, desobedeciendo las normas que lo prohibían. 

El decreto mantuvo la mañosa interpretación del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo que analizamos acá, de resultas de la cual hay ciertas suspensiones que siguen vigentes, con rebaja de sueldos. 

Pero además exceptuó de la prohibición a los despidos del personal de la construcción comprendido en la Ley 22.250, que tiene un Fondo de Cese Laboral que se integra con aportes a cargo del empleador, equivalentes a un porcentaje de los salarios, que se le pagan al trabajador en caso de despido, en reemplazo de las indemnizaciones legales, y las más de las veces, por montos inferiores a ellas. 

El sector empresario de la construcción acaba de ser beneficiado por el gobierno con un blanqueo "ad hoc", por el cual pueden exteriorizar divisas no declaradas y zafar de pagar los impuestos adeudados, a cambio de aportar a un fideicomiso para financiar proyectos de inversión. Y si son del "Norte Grande", se vieron beneficiados por la rebaja de aportes patronales.

Ayer miércoles se publicó también en el Boletín Oficial el decreto (simple) 261 (completo acá), por el cual se oficializó el tan anunciado bono extra de 15.000 pesos para los beneficiarios de la AUH y los monotributistas de las dos categorías más bajas; pero solo para aquéllos que residan en el AMBA. El argumento es que allí se dispusieron hace poco mayores restricciones por la pandemia.

Pese a que se dijo que la norma contendría una cláusula posibilitando la adhesión de las provincias a las restricciones dispuestas para el AMBA como una condición para que los beneficios pudieran llegar a los perceptores de la AUH y monotributistas de menor facturación que residen en ellas, nada de eso pasó. La condición hubiera sido una virtual extorsión a los gobernadores, tomando como rehenes a los más necesitados. 

Sin embargo, la solución de lisa y llanamente excluir a las provincias fue peor: si hablamos de necesidades económicas -que es de lo que en definitivas hay que hablar cuando por ejemplo de percibir la AUH se trata-, no hay muchas diferencias entre un pobre del AMBA, y uno del resto del país. 

El argumento de que en un lugar se dispusieron mayores restricciones y en otros no es ridículo, porque justamente lo que se restringe son actividades formalizadas (no puede haber un decreto suspendiendo las changas, por ejemplo), y los beneficiarios de la Asignación son mayormente los hijos de los trabajadores no registrados. A la hora de rebajar aportes patronales en las provincias del Norte Grande, por ejemplo, no se tuvo en cuenta si en esas provincias se dispusieron o no mayores restricciones de actividades por la pandemia.

En definitivas, dos ejemplos de como se arruinan dos políticas públicas correctas (proteger los empleos y mejorar los ingresos de los más pobres) por un mal entendido sentido de hacer "sintonía fina" pero al revés: pasando el cedazo fino con los de abajo, y grueso con los de arriba. De Moroni (que firmó los dos decretos) ya nada sorprende, pero el problema es que las dos decisiones involucran la firma del presidente; sin lo cual no hubieran llegado a existir.