ESTATIZAR LO ESTATAL

 

Leemos en Infobraden que hay preocupación entre los concesionarios de los acceso norte y oeste a la Capital Federal porque una auditoría ordenada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación (Katopodis, de los funcionarios que funcionan) declararía "ilegítimas" las renegociaciones de los contratos llevadas adelante durante el gobierno de Macri, como consecuencia de las cuales el Estado argentino les terminaba reconociendo millones de dólares en indemnizaciones.

El negociado fue analizado en su momento acá, Macri le hizo poner el gancho a Michetti porque estaba personalmente involucrado por la participación de su familia en el negocio, y todo el acuerdo apuntaba a compensar a Abertis, sus socios españoles. Como informa la nota, el caso motivó una causa judicial, por una denuncia de Rodolfo Tailhade (otro funcionario que funciona) y un grupo de diputados kirchneristas del "Frente de Todos".

Las conclusiones de la auditoría (que remarcan lo obvio: se trata de un negociado ruinoso para los intereses del Estado argentino) encendieron las alarmas, máxime si se considera que, apenas a dos meses de comenzado el mandato de Alberto Fernández, el gobierno retomó el control de otros corredores viales a través del ministerio de Katopodis, y Corredores Viales SA, empresa estatal, aunque como dijimos en su momento, creada durante el gobierno de Macri. 

En éste caso se trató de los que debían funcionar (en tiempos macristas) bajo el también ruinoso esquema de los programas de "Participación Público Privada" (PPP), un estruendoso fracaso -uno más- de la gestión de "Cambiemos"; no obstante estar diseñados con todos los beneficios y privilegio imaginables para las empresas.

Los accesos por autopistas a la Capital Federal son, obviamente, la crema del negocio de los peajes en todo el país; y como señalamos en su momento, ni siquiera en los gobiernos de Néstor y Cristina y bajo la conducción del área por Julio De Vido se avanzó para abandonar el sistema de concesiones a los privados, que viene de los tiempos de las leyes de emergencia económica y reforma del Estado del menemismo.

Tan consolidado en el tiempo y los gobiernos está el esquema, que hay gente que tiende a pensar que las rutas y autopistas siempre estuvieron "privatizadas", como si una concesión a una empresa o grupos de empresas privadas para que las mantengan y cobren peaje, supone que el Estado les vende el camino; como ocurre cuando se desprendió de sus empresas, como fueron por ejemplo los casos de Aerolíneas, YPF o SOMISA, también durante el menemismo.

Con las rutas pasa lo mismo que con los corredores ferroviarios: no se puede hablar de que el Estado los "estatice", porque son suyos y nunca dejaron de serlo. Era así en el viejo Código Civil de los tiempos de Vélez (y sus reformas posteriores), y es así en el nuevo Código Civil y Comercial sancionado en 2014, durante el segundo mandato de Cristina.

Y no se trata de cualquier bien del Estado, sino de uno que no se puede comprar o vender, pues integran el dominio público. Así lo establece el Artículo 235 incisos f) del CCC: "Artículo 235.- Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales: f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común;...".

De modo que lo más lógico y natural del mundo esa que el Estado administre por sí sus propios bienes, y para eso bastaría que revoque la concesión. La anomalía en todo caso es que hace más de 30 años lo hagan los privados, en condiciones ventajosas solo para sus negocios.