¿ESTADO O MERCADO?

 

👉Con el compromiso de dar una respuesta rápida y concreta a las y los argentinos sobre el precio de los alimentos, firmé una resolución que garantiza el acceso a una amplia canasta de productos de consumo masivo en todo el país.

— Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 20, 2021

Se consigna en el Considerando de la RESOLUCION 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, (completa acá en el Boletín Oficial) y nunca está demás volver a recordar , “Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.” 

Es indiscutible el enfoque protectorio consagrado en la Constitución Nacional a favor de la parte débil de la relación de consumo (usuarios y consumidores), protección que debe potenciarse en situaciones de emergencia como la que atravesamos. ¿Habrá algún sector político, alguna parte del poder judicial, que pretenda negar lo consagrado por el artículo 42 de la Constitución y redoble su negacionismo ante una situación de pandemia y emergencia? 

También sería muy difícil argumentar legal y razonablemente, porqué no se acuerda con el siguiente aspecto contenido en el Considerando:   “Que es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, resultando un interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva.” 

Y como todos pudimos comprobar diariamente en el marco de la emergencia pública por la que se atraviesa, en el Considerando de la Resolución acertadamente se expresa que  “en el último tránsito de ésta, coincidente con un fuerte proceso de recuperación económica, se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción.” 

Y esas grandes empresas formadoras de precios que vienen desde hace mucho tiempo aplicando irracionales aumentos en perjuicio de la población, fueron convocados por el Gobierno a través de Roberto Feletti, desde hace pocos días nuevo Secretario de Comercio Interior.   

Con éstas empresas y sus flemáticos representantes, nadie puede sorprenderse de su falta de respuesta, de sus deliberadas indefiniciones, de su política comercial basada en desconocer sistemáticamente los derechos de los consumidores, quedándose con márgenes de ganancias siderales no consentidos ni posibles en ningún país “serio” del mundo, esos países “serios” que a los Ceos les gusta tanto referenciar. El porcentaje de rentabilidad de las grandes cadenas de supermercados en Argentina, resulta más de diez veces superior al que obtienen en los países centrales.  

Ante ésta realidad que solo puede ser negada por un lunático, y la convocatoria del Gobierno a los formadores de precios, hablábamos con los compañeros que era inútil continuar perdiendo el tiempo en reuniones de las que difícilmente se pueda obtener más que dilaciones, mientras continúan aumentando precios y succionando como una aspiradora cualquier incremento salarial o de asignaciones.  

Decíamos que el Gobierno inexplicablemente había estado mirando para otro lado, y que ya no había más tiempo, reiterando lo que siempre hemos sostenido: el Estado tiene las herramientas legales para frenar el despojo. Lo mismo se consigna en el Considerando:    

“Que, consecuentemente, la Autoridad de Aplicación ha tenido numerosas reuniones de trabajo con los actores involucrados a fin de consensuar diversos mecanismos para asegurar el normal abastecimiento y comercialización y el establecimiento de precios al día 1° de octubre del presente año, sin que, a la fecha de la presente medida, se hayan obtenido avances significativos en la materia.”.   

“Que, pese a dichos esfuerzos por parte de la Administración, corresponde sin más dilaciones y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 20.680 y sus modificaciones, disponer temporalmente, hasta el día 7 de enero de 2022, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general de determinados productos.” .

Es momento de elegir. O dejamos que la falacia del “libre mercado” se imponga, condenando a millones de argentinos a no comer o a comer menos de lo suficiente para que 50 empresas tengan rentabilidades extraordinarias, o el Gobierno se hace cargo de la situación a través de un Estado presente, utilizando las leyes y aplicando sanciones a quienes aumenten los precios violando la Resolución 1050.