APOLOGÍA DEL DELITO A CIELO ABIERTO

 

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— La Corriente K (@lacorrientek) December 25, 2021

Tal como Daniel Funes de Rioja no es empresario, ni industrial, ni fabrica nada, con Jaime Campos pasa lo mismo. Los dos son, básicamente, lobbistas al servicio de la cúpula de las empresas y grupos económicos más importantes del país, agrupados en la UIA y en la AEA; algunas de ellas en ambos grupos de presión empresarial.

Es decir, cuando cualquier de ellos habla -aunque diga lo contrario- expresa a ese sector, no a las Pymes, ni a los pequeños y medianos comerciantes de barrio, o a los agricultores de la agricultura familiar. En ese rol, Campos vuelve en ésta nota en Clarín sobre uno de los tópicos más trillados del empresariado: la (presuntamente) excesiva presión fiscal, y su oposición frontal a toda forma de aumento de impuestos.

El contexto, por supuesto, son los recientes cambios introducidos en Diputados a Bienes Personales (que por cierto, son los que no están afectados al ciclo productivo), y el casi seguro nuevo pacto fiscal que firmaría el gobierno nacional con la mayoría de las provincias; que revertiría el instrumentado durante el gobierno de Macri y le permitiría a los gobiernos provinciales -entre otras medidas posibles- subir algunas alícuotas de Ingresos Brutos.

Los argumentos que ensaya Campos son siempre los mismos, que también se escucharon cuando se discutió el llamado "impuesto a las grandes fortunas", que tampoco afectaba a las empresas en sí, sino a los patrimonios de sus dueños: que así se desalienta la inversión y la creación de empleo, y -atención a esto- que se alientan la elusión y evasión impositivas.

Sobre lo primero, este mismo gobierno -al que acusan de "haber subido o creado (n) impuestos"- ha sido generoso en concesiones "ofertistas" a las distintas fracciones del capital, precisamente compartiendo esa mirada: para alentar las inversiones y crear empleo, hay que reducir o eliminar impuestos, o eliminar o rebajar contribuciones a la seguridad social. Siguiendo esa línea de razonamiento, si las personas aceptaran trabajar gratis y los empresarios no tuvieran que pagar ningún impuesto, la economía crecería como en ningún lugar del mundo, y desaparecería el desempleo.

Lo llamativo -por el nivel de impunidad discursiva- es lo segundo. La evasión impositiva es un delito, y Campos reconoce abiertamente que, si el Estado decida aumentar los impuestos (lo cual supone una discusión abierta en el Congreso y las legislaturas provinciales, entre los representantes elegidos por el pueblo), los empresarios desconocerían el mandato legal, y no los pagarían; simplemente porque ellos no están de acuerdo. Es decir, se creen por encima del resto de los mortales, que no tenemos más remedio que pagar los tributos que se definen, y por algo se llaman "impuestos".

Y la elusión es, o bien la capacidad de los grupos económicos más concentrados de ejercer lobby sobre los poderes públicos para garantizar que sus actividades no sean alcanzadas por un determinado impuesto o si lo son, gocen de exenciones; o el diseño y puesta en marcha de una compleja arquitectura jurídica, contable y financiera para no pagarlo, o pagar menos: creación de sociedades pantallas, triangulaciones, cuentas en paraísos fiscales: emparentado estrechamente con la evasión, tanto que es casi imposible distinguirlos, como se ve.

En ésta misma semana se conoció un informe del FMI sobre el mega-préstamo otorgado al gobierno de Macri, cuyo capítulo más relevante es aquel en el que reconocen abiertamente que el endeudamiento financió la fuga de capitales, lo cual -agregamos acá- no es ni fue nunca exclusivo de los inversores externos que ingresan capitales al país: antes bien, es una conducta estructural e inveterada de nuestra élite empresaria local, que expresa de ese modo su real compromiso con el desarrollo y la prosperidad del país.

Aun bajo el eufemismo de la "dolarización de excedentes que se destinan a la formación de activos externos" (que emplea cierta heterodoxia para no decir lisa y llanamente lo que es: fuga de capitales), buena parte de esos excedentes que se dolarizan y fugan, provienen de la evasión y elusión impositivas. es decir, dinero que se le resta al Estado (y por carácter transitivo, a la sociedad, a todos nosotros), que luego falta en obras de infraestructura que se postergan, hospitales que carecen de insumos, escuelas que se caen a pedazos y así podríamos seguir.

Todo eso mientras se exige -por parte de esos mismos sectores- un equilibrio en las cuentas fiscales que, negándole al Estado los recursos con que se financia, solo se puede conseguir por el lado del ajuste de sus gastos, lo que supone mucho más que privatizar activos, rebajar salarios y jubilaciones o despedir empleados públicos: implica, en definitiva, reducir su tamaño, achicar sus funciones y roles y quitarle peso específico, para que esos mismos grupos económicos puedan moverse a sus anchas; más de lo que ya lo hacen.