INCOHERENCIAS

 

La distribución social de las cargas y el modo en que los diferentes sectores contribuirán a pagar los costos del endeudamiento macrista fueron elementos de unidad conceptual en el discurso del "Frente de Todos" durante la campaña electoral de las presidenciales del 2019, pero vienen siendo motivo de disputa interna en la coalición oficialista desde que Alberto Fernández asumió el gobierno.

Varias veces hemos dicho acá, por ejemplo, que Cristina viene preguntando quienes van a pagar las deudas de Macri desde 2016 -cuando su gobierno cerró el acuerdo con los fondos buitres- o desde 2018, cuando acudió al FMI. Hasta acá y salvo generalidades, no hubo demasiados avances al respecto; e incluso el gobierno dejó pasar la oportunidad de la ley de emergencia votada en sus inicios, cuando no había pandemia ni se la presagiaba, y cuando su capital político estaba intacto, para impulsar reformas en ese sentido.

Desde un marco general de búsqueda de la equidad y la justicia distributiva, sucede lo mismo con la "guerra contra la inflación": ya va casi un año y medio de la temprana advertencia de Cristina, y el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos, como ella predijo; sin que el gobierno reaccione. 

Lo que debió ser motivo de disputa con el macrismo (como equilibrar las cargas para hacerlas más parejas), terminó siendo discusión interna del FDT, frente a las indecisiones de Alberto: baste recordar que tomó distancia del "impuesto a las grandes fortunas" impulsado por el kirchnerismo, para luego acompañarlo tibiamente -como pidiendo disculpas- y sub-ejecutar el producido de su recaudación, para mejorar los resultados fiscales.

Y por estos días como -en ese mismo contexto de disputa interna- se cruzaron dos iniciativas, de sentido convergente pero de distinto origen político: el proyecto impulsado por Cristina y parte del bloque de senadores para gravar los activos de argentinos en el exterior que pudieran ser resultado de la evasión impositiva y la fuga de capitales, y el anunciado -pero aun no oficializado- por el presidente y el ministro de Economía para gravar las "rentabilidades inesperadas" producidas por la crisis en Ucrania.

Mientras uno tiene estado parlamentario y el otro no (lo cual es toda una diferencia), hay gestos del gobierno que confunden, si no resultan incoherentes. Como por ejemplo el Decreto 201 publicado ayer en el Boletín Oficial (completo acá), por el cual se prorroga el plazo para que los que tienen bienes y activos en el exterior puedan ingresarlos (a ellos o al producido de su venta), y así evitar pagar la alícuota adicional del impuesto sobre los Bienes Personales.

Según rezan los fundamentos del decreto, la medida se adopta "...a los fines de conceder a los y las contribuyentes del gravamen un período de tiempo suficiente para el análisis y adopción de la decisión que estimen conveniente y, asimismo, facilitar a los y las profesionales intervinientes un plazo adicional para el desarrollo de las tareas vinculadas a la repatriación...". 

Con esa línea argumental, no habría que extrañarse que el plazo de repatriación -que se había fijado por otro decreto de diciembre del año pasado, y venció el 31 de marzo- se volviera a prorrogar, una y otra vez, esperando que los que tendrían que pagar más impuestos, decidan que les conviene hacer; como si la pura conveniencia personal pudiera fundar alguna política de Estado, en especial aquellas tendientes a reparar las injusticias sociales. Tuit relacionado: 

Estamos hablando de gravar los activos no declarados en el exterior y las "rentas inesperadas", y prorrogamos el plazo para repatriar activos al país sin pagar la alícuota adicional de Bienes Personales. Es una incoherencia total: https://t.co/I15BVdiJ5Q

— La Corriente K (@lacorrientek) April 21, 2022