Tal como explicó Cristina en campaña y cualquiera que lea un poco sobre los números del Estado nacional lo puede comprobar, es imposible una rebaja sustancial del gasto público -ni hablemos alcanzar el déficit cero y sostenerlo en el tiempo- sin una poda brutal de las jubilaciones y pensiones, en términos reales.
Como lo admitió implícitamente el propio gobierno -que ahora prefiere que lo olvidemos- al proponer en la fallida ley ómnibus la lisa y llana derogación del artículo 32 de la Ley 24241 que establece la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios sin reemplazarla por ninguna alternativa, y dándole al presidente la facultad discrecional de decidir los aumentos.
Recordemos también que el gobierno atribuye el déficit del sistema previsional a las leyes de moratoria que ampliaron el número de beneficiarios, y analiza transformar esas jubilaciones en planes sociales; y que hace apenas un par de semanas maniobró con sus aliados de la "oposición amigable" en el Congreso para hacer fracasar la sesión de Diputados donde se planteaba discutir una nueva fórmula; mientras Adorni repetía en su stand up diario que no apelarían a un DNU para cambiarla, porque creían que era un tema demasiado importante como para que no lo discuta el Congreso, y salga por ley.
En ese marco y mientras el gobierno intenta tentar a los gobernadores con el "Pacto de Mayo" para que validen el DNU 70 y aprueben a libro cerrado una nueva ley ómnibus, se publicó ayer en el Boletín Oficial el DNU 274 (completo acá), por el cual se modifica el artículo 32 de la Ley 24241 que es el que establece, como dijimos antes, la fórmula de movilidad jubilatoria.
Ahora y a partir de julio (sí, Adorni, lee el decreto por lo menos antes de decir boludeces, en especial sus artículos 3 y 4) los haberes se ajustarán mensualmente de acuerdo a la inflación (último dato conocido disponible) medido por el IPC, justo -pero justo, vea- cuando el gobierno dice que el INDEC la está midiendo mal por las promociones 2 X 1 y coso, y cuando Caputo y Milei dicen que la inflación "real" ya está en un dígito.
Hasta entonces -es decir hasta el segundo semestre- se seguirán ajustando por la fórmula vigente, que pondera la evolución de los salarios de los trabajadores registrados medida por el RIPTE, y la de los recursos propios de la ANSES y los tributarios afectados a la seguridad social (afectaciones que el gobierno quiere eliminar, para disponer de más recursos para pagar deuda.
Mientras tanto, el DNU prevé incrementos a cuenta de los aumentos futuros (y a deducir de estos) basados en la inflación registrada, y nada -pero nada, ni de cerca- para compensar la pérdida de poder adquisitivo verificado en estos meses por los jubilados y pensionados. De hecho, el decreto ni siquiera menciona los bonos otorgados a los jubilados por el propio gobierno en estos meses, de modo tal que todo indica que no se volverán a otorgar, y aun cuando se repitieran, no formarán parte de la base de cálculo de los haberes sobre la que se calculan los futuros aumentos: ya lo dijo el presidente, la motosierra y la licuadora no se negocian, porque son su mayor orgullo.
De lo que sí habla el decreto es de instrumentar un mecanismo de empalme entre ambas fórmulas (eso serían los aumentos a cuenta, que se dan hoy pero se descontarán mañana) para evitar "litigiosidad futura", o sea juicios contra el Estado. Porque quizás muchos no lo sepan, pero la Corte Suprema tiene a fallo hace años una demanda por la inconstitucionalidad del empalme (a la baja real de las jubilaciones) urdido por el gobierno de Macri cuando reemplazó en el 2017 (el día de la represión en el Congreso) la fórmula aprobada en el gobierno de Cristina.
Si la fórmula vigente hasta ayer tenía el inconveniente de ser procíclica en términos económico (las jubilaciones crecían en tiempos de bonanzas, y perdían cuando se daba vuelta la taba), la que acaba de aprobar Milei desvincula por completo a las jubilaciones de la evolución del salario de los trabajadores en actividad (haciendo que los pasivos no puedan favorecerse de las mejoras que obtengan los activos por su resistencia al modelo de ajuste), consagra definitivamente la brutal pérdida de poder adquisitivo operada en estos meses y sujeta los futuros aumentos a una inflación que el gobierno cree poder dominar con sus recetas monetarias, o "reconfigurar" si todo falla.
Y además el DNU -junto con otro publicado ayer sobre pagos a los tenedores del cupón de deuda ajustable por PBI (ver acá) expresa la doctrina oficial del gobierno en sus relaciones con el Congreso, de ahora en más: dictará DNUS cuando se le cante o lo juzgue conveniente, porque entienda que la discusión en el Congreso durará mucho, o la votación les terminará siendo desfavorable.
Por una cosa (la referencia a la litigiosidad en cuestiones previsionales) o por la otra (cuando y como se debe o no dictar un DNU), teléfono para los larvas de la Corte, para que interrumpan sus eternas vacaciones. Tuits relacionados:
Pero el decreto dice lo contrario. https://t.co/Q5IzCIP04j
— La Corriente K (@lacorrientek) March 25, 2024
Y a vos hay que recordarte que los que no les hicieron los aportes son los empleadores. Y que las leyes de moratoria previsional fueron votadas por amplísima mayoría en el Congreso. https://t.co/kBNPFrVhLR
— La Corriente K (@lacorrientek) March 25, 2024
Cuál fórmula, la que dijiste la semana pasada que iban a mandar al Congreso? https://t.co/nDHhSWL7dR
— La Corriente K (@lacorrientek) March 25, 2024
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