viernes, 26 de abril de 2024

AUDITEMOS TODO

 

"Auditoría" y "auditar" son las palabras del momento, que el gobierno intenta poner de moda: hay que auditar (dicen) los fondos de las universidades, los planes sociales, los subsidios al transporte, las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura. O sea: auditar lo que les molesta y quieren recortar o eliminar.

La idea es sencilla, apta para una audiencia -el voto de Milei- que no requiere ideas demasiado complejas: todo lo que el gobierno denosta como muestra de lo que odia (el Estado presente cuyo fin proclamó el presidente el lunes en cadena nacional) no es por su concepción de como ordenar la sociedad o corregir sus asimetrías -para lo que ellos confían en las fuerzas del mercado, o del cielo-, sino porque olfatea que detrás hay un curro, o una utilización ilícita de "la plata de mis impuestos".

Una idea en la que fue precursor el macrismo con aquello de "el curro de los derechos humanos", y a la que Milei le viene sacando el jugo desde los tiempos de la campaña electoral. Si hay que eliminar el suministro de los medicamentos oncológicos-o hay que aplicar la motosierra sin detenerse admirar en que y quienes- ¿Qué mejor que deslizar que se detectaron irregularidades en alguna licitación para comprarlos?

Si se quiere terminar con los planes sociales para que cierren las cuentas, es muy oportuno sembrar dudas sobre la legitimidad de los procedimientos para otorgarlos o cobrarlos, o si sus beneficiarios realmente reúnen los requisitos para acceder a ellos. En un gobierno poco afecto al razonamiento lógico, es hasta cierto punto esperable que abusen ad nauseam de la falacia de tomar la parte por el todo, para lograr sus propósitos.

Y detrás de todo está difundir y establecer la idea de que el Estado (al cual el presidente definió como una organización criminal que se financia por medios coactivos) no tiene ningún tipo de controles, y hacia su interior se roba o despilfarra impunemente sin consecuencia, y sin que nadie haga nada por impedirlo.

Pues bien, hete aquí que el principal órgano de control del Estado nacional (la Auditoría General de la Nación) fue introducida en el primer gobierno de Menem y por iniciativa de Cavallo, prócer el primero e inspirador intelectual el segundo, para el presidente Milei: en efecto, se creó por el artículo 116 de la Ley 24156 de Administración Financiera en 1992 (apenas lanzada la convertibilidad, y en pleno festival de privatizaciones) para sacarse de encima al molesto control del Tribunal de Cuentas de la Nación, cuya ley de creación fue derogada por el artículo 137 de la misma LAF. Luego y pacto de Olivos mediante, se la incorporó a la Constitución Nacional en el artículo 85 del texto reformado en 1994.  

En ese contexto se estableció en la Constitución que la AGN tendría un presidente designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso; para llevar adelante el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue, interviniendo necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. Por esa razón el Congreso - al cual le corresponde primariamente el control según la misma Constitución- debe requerir el dictamen de la Auditoría antes de analizar la cuenta general de cada ejercicio presupuestario.  

De allí que, si el gobierno entiende que los controles en el Estado están fallando, debería dirigirles la queja en primer lugar a Pichetto (que presidió la AGN hasta antes de ser diputado), o a los radicales, que se han enseñoreado en el lugar por décadas, como que con ese sentido pactaron con Menem su incorporación a la Constitución: generar una bolsa de trabajo para los correligionarios. Y si realmente Milei quisiera controlar, debería aceptar ser controlado, y no intentar -como lo está haciendo- birlarle al kirchnerismo el lugar que le corresponde en la Auditoría, que es nada menos que su presidencia.

De acuerdo con la Ley 24156 (artículo 117), la AGN ejerce el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos; pero no cuando y como quiera el presidente, sino el Congreso de la Nación, que es el que detenta el control originario y aprueba el programa de acción anual de control externo de la Auditoría.

Según el artículo 120 de la misma ley, el Congreso puede extender la competencia de control externo de la AGN a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado Nacional, o a las que éste se hubiere asociado incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.

Pero que a Milei en realidad no le interesa auditar ni controlar nada sino sembrar dudas para legitimar el recorte de políticas públicas que detesta, baste señalar que apenas días antes de la marcha en defensa de la universidad pública les dijo a los empresarios con los que se reunió en el Llao Llao que si evadían impuestos, fugaban capitales u operaban en el mercado ilegal de divisas eran héroes; así como en campaña había dicho que entre el Estado y la mafia, se quedaba con la mafia, y hace una semanas entrevistado por Fantino señaló muy suelto de cuerpo que para él el lavado de dinero no es delito.

Su gobierno dictó una catarata de resoluciones para desmantelar todos los controles estatales sobre las sociedades hasta casi transformar a la Argentina en un paraíso fiscal off shore, y ha enviado al Congreso un blanqueo de capitales más amplio que todos los conocidos hasta ahora (y no hubo pocos), y dentro de la ley bases plantea el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) que ha llevado al propio GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) a advertirle que si se aprueba, podría convertir al país en una meca para las organizaciones delictivas que buscan lavar dinero de origen ilícito.

Así que si hay que auditar cosas, miren si tiene por donde empezar. Arranquen y auditemos todo. Tuits relacionados:

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