"LES HABLÉ CON EL CORAZÓN Y ME CONTESTARON CON EL BOLSILLO"

 

"Les hablamos con el corazón y nos respondieron con el bolsillo"

— Sergio Delfino (@serdelfino) April 8, 2024

Para mi una forma de ponerles freno a los aumentos de las prepagas sería una ley que las regule y las obligue a pedir autorización al Estado para aumentar las tarifas, informando sus costos. Como la que había antes del DNU de éste gobierno que las derogó, ponéle.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 8, 2024

Y si en lugar de reunirse para explicarle informan los costos antes de aumentar, como tenían que hacer antes del DNU? https://t.co/D0m1RJmRDX

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2024

Los de las prepagas son unos turros, ahora y siempre. Que se aprovechan de clientes cautivos que no pueden salir de una y entrar a otra cuando quieran, menos en temas tan sensibles como la salud. Y que en buena medida pertenecen a la clase media y perciben que pagando salud privada ascienden socialmente, y no tienen que "caer en la salud pública", diría Macri.

Tan viejo es el problema -que se remonta a los años del menemismo cuando empezó el negocio- que allá por el 2011 cuando finalizaba su primer mandato, Cristina impulsó una ley que las regulara, que fue sancionada por el Congreso bajo el Nº 26682, y reglamentada enseguida por ella por el Decreto 993 de ese mismo año.

Esa ley disponía en su artículo 4 que eran autoridades de aplicación "...el Ministerio de Salud de la Nación. (y) En lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades de aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda."; lo que suponía reconocer que, además de los aspectos específicamente vinculados a la salud, la prepaga era un gasto de los hogares, las personas y las familias, y el Estado debía hacer algo para proteger sus bolsillos, sin dejarlo librado al mercado.

Por esa razón, de acuerdo al artículo 5 inciso g) de la misma ley, le correspondía a la autoridad de aplicación "g) Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;..."; para lo cual el artículo 17 decía que "La Autoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales. (y) ...autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos.".

Es decir entonces que se trataba de un precio regulado por el Estado, que no podía aumentarse sin su autorización, y que para otorgar esa autorización las empresas debían informarle a la autoridad pública la evolución de sus costos, para fundamentar los pedidos de aumentos. Más información sobre la Ley 26682, acá.

Eso fue así entonces al menos hasta enero del 2019, cuando Macri dictó el Decreto 66 que, con el pretexto de modificar la reglamentación de la ley aprobada por Cristina, directamente avanzaba sobre ella: explicábamos acá como -entre otros cambios- se eliminaba la intervención de la Secretaría de Comercio previa a la autorización de nuevos aumentos de las cuotas, pese a que surge de la ley.

Y cuando asumió Milei, el DNU 70 -que rechazó el Senado y espera ser tratado en Diputados- fue por más: con precisión quirúrgica (y letra aportada por las prepagas) directamente derogó el inciso g) del artículo 5 de la ley (y con él, la obligación de las empresas de pedir autorización previa al Ministerio de Salud para aumentar las cuotas). y reemplazó el texto del artículo 17, de manera de eximir a las prepagas de la obligación de informarle al Estado la evolución de sus costos. Es decir, las cuotas pasaron a ser un precio "libre", fijado por el mercado, sin intervención alguna del Estado.

En ese contexto llegamos a éste punto en el que el cínico de Caputo quiere que le creamos que se indigna porque siguen aumentando sin parar, cuando ellos mismos les dieron -ex profeso- las herramientas para que lo hagan, apenas llegaron al gobierno. Y promete ocuparse del tema y tomar medidas, al tiempo que su gobierno presiona al Congreso para que jamás trate el DNU en Diputados, y así sostenerlo con vida. Y con él, a la patente de corso para Belocoppit y su pandilla.

Todo gracias al voto de muchos sectores de clase media que se cortarían una mano antes de reconocer que Cristina había diseñado una política pública que les cuidaba el bolsillo, pero votaron no uno sino dos gobiernos que le meten la mano en él, pero es el precio -uno de tantos- que aceptan pagar con tal de que no gobierne el peronismo.

O como dijimos en ésta entrada de hace muchos años -apenas la Ley 26682 fue sancionada- "Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados).".

"En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores. Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental.".

"Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes. Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.". Tuit relacionado:

Vos decís que con la ley aprobada durante el gobierno de Cristina estaban mejor? https://t.co/Nh94x15oeC

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2024