sábado, 20 de septiembre de 2025

TWEETS POLÉMICOS

 

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viernes, 19 de septiembre de 2025

APOSTILLAS

 

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jueves, 18 de septiembre de 2025

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miércoles, 17 de septiembre de 2025

"LO PEOR YA PASÓ"

 

El gobierno (en alianza con el PRO) perdió por casi 14 puntos las elecciones en la PBA, donde está el 38 % del padrón nacional. La primera respuesta concreta de Milei a la derrota fue vetar las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y en residencias médicas y reparto proporcional de los ATN sancionadas por el Congreso; y empezar a repartir estos últimos discrecionalmente para blindar los vetos cuando sean tratados en las Cámaras.

Apenas horas después del urnazo bonaerense el círculo rojo (por medio de la pluma de Morales Solá en La Nación) empezó a hablar abiertamente de que Milei podría no terminar su mandato, y agitar el fantasma de la sucesión presidencial; mientras Clarín (el house organ de la AEA) empezaba a operar abiertamente en la interna del peronismo para secuestrar el triunfo de Kicillof y apropiárselo como el instrumento para terminar definitivamente con Cristina y el kirchnerismo. Señal inequívoca ésta última de que han percibido que otro experimento gorila fracasó, y que es al interior del peronismo donde se dará la disputa decisiva en adelante.

Desde que se abrieron las urnas bonaerenses el dólar subió hasta tocar el techo de la banda y se derrumbaron los bonos y los ADR´s mientras subía el riesgo país, enterrando los sueños del gobierno de volver a los mercados de deuda. Y todo eso sucedió (y sucede) mientras aun no han tenido lugar las elecciones de octubre en todo el país, que podrían propinarle otra derrota al experimento libertario.

Experimento que no llegó siquiera a la fase que alcanzó Macri en 2017, con un triunfo en las legislativas de medio término que le permitió impulsar las reformas laboral y previsional, antes de chocar la calesita y tener que acudir al FMI. Menos de una década después, parecemos estar en el mismo punto: el gobierno esperaba ganar las elecciones para impulsar las reformas a las que se comprometió con el FMI (que generan resistencias sociales y políticas hoy como entonces), y desde el Fondo advierten que esas reformas requieren de consenso políticos amplios y son el presupuesto necesario para que el país crezca: lo primero es imposible por definición, y lo segundo falso de toda falsedad, como se ha empeñado en demostrarlo una y otra vez la experiencia histórica.

El círculo rojo local (cuyo núcleo de coincidencias básicas es exactamente el mismo que el del FMI y el propio Milei, con las reformas laboral y previsional al tope de la lista de demandas) no está dando ninguna señal de modificar su idea de país, sino en todo caso lo que está buscando en la política son  nuevos ejecutores, y ya los encontró: ahí anda el rejunte de gobernadores de Seita también conocido como "Provincias Unidas" proponiendo -para sorpresa de nadie- las reformas laboral, tributaria y previsional.

En ese contexto Milei grabó y difundió su desangelada cadena nacional del lunes, que de antemano se sabía no tenía (ni tuvo nunca) la posibilidad de mover el amperímetro, o modificar el escenario: están gastados el discurso y su enunciador, que no puede ofrecer novedades (ni lo hizo), ni prometer futuro, que lo hizo, pero ya nadie le cree. La enésima reiteración de la promesa neoliberal del derrame ya no parece ser creída, ni siquiera por los fieles más convencidos.

Y lo mismo sucede con el presupuesto 2026, sus proyecciones y sus cálculos: parece un caza-bobos destinado a distraer la atención del Congreso y descomprimir el ambiente en el que han de tratarse los últimos vetos de Milei, que un proyecto a ser aprobado y mucho menos aplicado, aunque su aprobación sea una exigencia del FMI, lo cual da una pista cierta de su contenido: profundizar el ajuste de la motosierra (contra el mensaje de las urnas) y de mínima, consolidar el ajuste regresivo ya realizado en estos dos años, en desmedro de los salarios, las jubilaciones y las políticas de protección e igualación social.   

Lo que viene en el Congreso -más que la discusión inútil de un presupuesto condenado a no salir- es el intento de ratificación de las leyes vetadas por Milei (que tendrá que sortear la Banelco de los ATN repartidos a dedo entre los "comprables"), el nuevo régimen legal de los DNU y (alguna vez habrá que volverlo a intentar, quizás después de las elecciones), la derogación definitiva del DNU 70/23.

Para el peronismo, la oportunidad de recuperar la confianza de la sociedad argentina como para conferirle nuevamente la responsabilidad de conducir sus destinos podría llegar antes de que a su interior se hayan zanjado cuestiones elementales que van más allá de liderazgos circunstanciales o permanentes: la acción política para revertir la condena y proscripción de Cristina (a la que acaban de impedirle votar, como si con eso bastara para suprimirla como sujeto político) y -en especial- el diseño del programa de un futuro gobierno; en el que la defensa de los derechos laborales construidos desde el primer peronismo debe ocupar un lugar esencial, más allá incluso del entreguismo de las cúpulas sindicales y la ceguera conceptual del empresariado, hasta aquel al cual podría rotularse de "nacional".

Defenderlos es defender el mismo sentido histórico del movimiento fundado por Perón, la suerte de los trabajadores y la de la Argentina en su conjunto; y en sentido inverso, retroceder en su custodia o resignarlos es condenar al país a seguir perdiendo tejido productivo, posibilidades de desarrollo integrado e inclusivo, y condenarlo a ser una neo-colonia con economía de plantación o enclave, y salarios pauperizados al nivel de los países más pobres del Tercer Mundo. Porque ese en esencia es el proyecto en el que coinciden el establishment económico nacional e internacional, y sus amanuenses en el campo de la política.

Además de trabajar para consolidar en octubre el triunfo que empezó a vislumbrarse en PBA hace unos días, hay que trabajar con mirada de mediano plazo en la organización de la fuerza propia, las definiciones programáticas y las estrategias de representación política de las demandas sociales, para darle sentido a futuras victorias; y no esterilizarlas en una propuesta chirle que se conforme con administrar la crisis, como pasó en el 2019. Tuits relacionados:
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martes, 16 de septiembre de 2025

TWEETS POLÉMICOS

 

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lunes, 15 de septiembre de 2025

QUE LOS CONTROLE MONTOTO

 

Por el Decreto 2091 del pasado miércoles 10 (el mismo día que la convención reformadora votaba la nueva Constitución provincial) cuya imagen abre el post, Pullaro resolvió la contratación de un sistema de monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de violencia de género, y de monitoreo de quienes cumplen prisión domiciliaria y tienen las tobilleras electrónicas. 

Según consta en los fundamentos del decreto, la contratación se otorgó a la empresa Surely S. A. en forma directa (es decir sin licitación pública, concurso de precios o procedimientos alguno de cotejo de ofertas), invocando como fundamento normativo de la decisión el artículo 116 inciso c) apartado 5. de la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado; haciéndose constar además que la empresa es la misma que provee esos equipos y presta esos servicios a la Nación: 


Esa norma dice expresamente lo siguiente: "Exclusividad comprobada del oferente y carencia de bienes sustitutos. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición debe quedar documentada en el expediente la demostración de tal exclusividad. La marca no constituye de por si causal de exclusividad salvo que no haya sustitutos convenientes. En todos los casos, la determinación de que no existen sustitutos convenientes debe basarse en los correspondientes informes técnicos, en los que expresamente se consignen las razones de la conveniencia. La contratación directa con un fabricante exclusivo sólo corresponde cuando éste documente que se ha reservado el privilegio de la venta del bien que elabora. Se incluye en este apartado la adquisición de material bibliográfico en el país o en exterior, a editores o personas físicas o jurídicas especializadas en la materia;...". (las comillas son del texto y las negritas nuestras)

De los fundamentos del decreto de Pullaro y la referencia que en ellos se hace al trámite de la contratación directa no puede inferirse que nada de todo eso se haya documentado, es decir que alguien haya dicho que no hay en el mercado bienes o servicios análogos o similares a los que provee Survey S. A., y tampoco la empresa es fabricante de ellos con privilegio de exclusividad reservado para su venta (deberían darse las tres cosas juntas además); de su propia página institucional surge que venden lo que diseñan y fabrican otros. 

Al haberse invocado exclusividad para sortear la licitación pública, es particularmente relevante determinar la razonabilidad de los precios que el Estado provincial va a pagar por el contrato, que al día de hoy serían unos 4848 millones de pesos aproximadamente, pero el monto es variable en el tiempo porque son servicios que se prestan todos los meses, y están expresados en dólares. Y como dato de color, buena parte de las partidas que se destinarán al contrato salen de las destinadas originariamente a la comida de los detenidos.

Sobre éste punto crucial (la razonabilidad del precio a pagar por el contrato), el Decreto 2091 de Pullaro solo dice lo siguiente: "Que la Subsecretaría de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad elabora el informe técnico y de razonabilidad de precios, dando cuenta que la cotización es completa y acorde a lo requerido, y que las especificaciones técnicas acompañadas se ajustan a lo especificado;...". Es decir, no hay referencias a algún presupuesto oficial, o posibles valores de mercado, ni nada parecido.

Lo cual cobra particular relevancia si se repara en quien es Surely S. A., empresa proveedora -como dice el decreto de Pullaro- de los mismos servicios al gobierno nacional:


Es la empresa propiedad de Mario Montoto, el ex dirigente montonero que es a u vez presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, y que estuvo en el ojo de la polémica hace meses, justamente porque fue el único oferente en la licitación convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación, y cotizó un precio en dólares que resultó el triple de lo que cobran por esos servicios en moneda dura (dólares) otras empresas en diferentes lugares del mundo. Un poco de "riesgo Milei" o inflación en dólares puede haber en Argentina, pero ¿tanto? 

Pero volviendo a la provincia y a la contratación directa que resolvió Pullaro: si en la nación hubo licitación, es porque se evaluó que había más de una empresa que podía proveer los mismos equipos y prestar los mismos servicios, y en consecuencia mal se puede hablar de exclusividad, y menos fehacientemente comprobada, como manda la Ley 12510 que se invoca en el decreto.

Y si la referencia es que a la empresa la contrató la Nación en esa licitación en la que fueron cuestionados los precios cotizados por Montoto, la pregunta es que factores tuvo en cuenta el gobierno de Pullaro para considerar que los cotizados acá por los mismos servicios eran razonables. Porque en la nación el año pasado el presupuesto era de 15 dólares por día de monitoreo, por dispositivo, y se le terminó adjudicando a la empresa de Montoto por USD 20,25, y las otras empresas que prestan servicios similares en diferentes países como Colombia o Portugal, lo hacen por 4 o 5 dólares la hora, por dispositivo; por algo que acá Pullaro estaría adjudicando en 19,6 dólares para el renglón 1, y 17,2 dólares, por el renglón 2. 


Tuit capaz que relacionado: 
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