Se ha dicho muchas veces (nosotros mismos lo hemos hecho aquí) que este gobierno no tiene un plan de gestión, sino uno de negocios: detrás del discurso de campaña de la lucha contra la casta y la motosierra se escondía el modelo real, que supone la mera administración del Estado y los bienes públicos en beneficio del capital privado, como si el país entero tuviese puesta una bandera de remate y venta al mejor postor (o a los amigos).
Desde el principio mismo de su gobierno y con el DNU 70/23 (que aun sobrevive por la anuencia de la Corte Suprema) primero, la fallida ley ómnibus después y finalmente la Ley 27742 de bases, con la pluma de los estudios jurídicos que asesoran a las grandes empresa y grupos económicos del país y del extranjero, se desplegó una ofensiva tendiente a liquidar el patrimonio público para pagar deuda o financiar la bicicleta financiera; con especial énfasis en el remate de las empresas del Estado sin importar si tienen o no pérdidas (recordemos que la intención original era privatizar hasta YPF, Aerolíneas y el Banco Nación); estableciendo todo tipo de cerrojos jurídicos para que un futuro gobierno no pudiera revertir el proceso de entrega.
Así la Ley 27742 de bases en su artículo 7° declaró sujetas a privatización a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en su anexo I, a saber: Energía Argentina S.A. (ENARSA), Intercargo SAU, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSSA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.. Recordemos que el listado fue depurado en el paso del proyecto de ley por el Congreso, porque hasta a la oposición "razonable" dadora voluntaria de gobernabilidad le pareció excesivo el original remitido con el mensaje del Poder Ejecutivo.
Salvo las dos primeras empresas mencionadas en el párrafo anterior, la ley contempla dos opciones: la privatización (venta y liquidación de la sociedad y sus activos) o la concesión a privados de los servicios u obras que presta, por un plazo determinado. En los artículos 8° y 9° de la misma ley se declaró también sujetas a privatización a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); en idénticas condiciones en ambos casos: organizar un programa de propiedad participada para los trabajadores colocando una clase de acciones para ese fin e incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.
Pero la ley dispuso que todas las privatizaciones se hicieran bajo los procedimientos establecidos en la Ley 23696 de reforma del Estado del menemismo, y los que la votaron parecieron obviar el detalle de que esa norma sufrió varias modificaciones en éste gobierno, mediante el DNU 70/23 en sus artículos 41 a 47; todas ellas dirigidas a facilitarles a los eventuales adquirentes de las empresas públicas el proceso de otorgarles participación accionaria a los trabajadores para cohonestar con eso la entrega, o a retacearles participación en las ganancias de las empresas.
El mismo DNU 70/23 que en sus artículos 36, 37 y 40 derogó el Decreto Ley 15.349/46 (Sociedades de Economía Mixta) y las Leyes 13653 (Empresas del Estado) y 20705 (Sociedades del Estado), normas todas ellas dictadas durante los gobiernos del primr y segundo peronismo. El propósito es muy sencillo: no solo que el Estado se desprenda de sus empresas a cualquier precio, sino que nunca vuelva a tener empresas en el futuro. En forma consistente, el mismo DNU dispuso en su artículo 48 que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.
Y por su artículo 50 estableció que las empresas en las que el Estado nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga; mientras que por el artículo 52 estableció que la Ley N° 24.156 (de Administración Financiera) y demás normativa de control del sector público solo será aplicable cuando, en las Sociedades Anónimas producto de la transformación, el Estado posea participación accionaria mayoritaria.
Es decir que el mismo gobierno que a través del RIGI y sus ampliaciones posteriores les concede a los inversores privados extranjeros todo tipo de privilegios y ventajas se las niega al Estado, y se desentiende por completo de controlar aquellas sociedades en las que éste pueda conservar participación accionaria minoritaria o no controlante, aun después del proceso de privatizaciones.
En su afán por rematarlo todo y hacerse de un puñado de dólares para pagar la deuda, el gobierno de Milei vendió las represas del Comahue (que no estaban en el listado de activos a privatizar o concesionar de la ley bases), IMPSA (en idénticas condiciones), las acciones que el Estado tenía en Transener (la transportadora de energía más importante del país) a través de Citelec (cuya privatización tampoco autorizaba la ley de bases) y sacó a la venta el 90 % del paquete accionario de AYSSA por un valor que no llega al 10 % del de sus activos; en lugar de licitar la concesión de la explotación de sus servicios por un plazo determinado, concesión que podría revocarse por incumplimiento como lo hizo en su momento Néstor Kirchner con la otorgada durante el menemismo.
A esto hay que sumarle las advertencias/amenazas del canciller Quirno y del privatizador Chaher sobre la irreversibilidad a futuro de éstas decisiones gravosas para el país y el patrimonio público, y el proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" que se debate en el Congreso; y que como explicábamos en ésta entrada, tiende a limitar las facultades del Estado para expropiar bienes, facultad que surge de la misma Constitución Nacional. Esta misma semana desde el PRO volvieron con la cantinela de la "independencia del Banco Central" para tratar de que los directores hoy designados por Milei en comisión (como Santiago Bausili) obtengan acuerdo del Senado, para que un futuro gobierno no los pueda remover, poniendo como ejemplo el caso peruano: 8 presidentes en 10 años, y siempre el mismo funcionario a cargo del Banco Central.
Claro que nada de todo esto hubiera sido posible sin las complicidades de buena parte de la oposición en el Congreso, y de la justicia en general y la Corte Suprema en particular, que mantiene vivo hace más de dos años al groseramente inconstitucional DNU 70/23, o no se expide sobre los aspectos más controversiales de la ley bases (como la reforma laboral que ya contenía), que significó concederle a Milei facultades extraordinarias, también en violación a la Constitución.
Un contexto en el que resulta inaceptable no ya el silencio de buena parte de la dirigencia del peronismo respecto a estos temas, o la falta de advertencias a futuro sobre el desconocimiento y anulación de todos los negociados en curso (cuando se tiene a la mano el fallo de la justicia yanqui en el caso del fondo Burdford Capital por YPF que ratifica lo obvio: la preeminencia del interés público y las prerrogativas del Estado como responsable de su gestión) y la derogación inmediata de toda la legislación entreguista de éste gobierno, sino que algunos de esos dirigentes estén blandiendo un discurso "amigable" con el capital y los inversores, prometiendo garantizar la seguridad jurídica o respetar algunas políticas de éste gobierno, como el RIGI; o sostener a rajatabla el equilibrio fiscal en un país en el que la mayoría de sus habitantes fueron quedando huérfanos de toda protección estatal por las consecuencias de la motosierra del ajuste.
¿Será por eso tal vez que tampoco se animan a pedir con todas las letras la libertad de Cristina? Bueno sería en tal caso que nos vayan advirtiendo que las próximas elecciones son el pedo porque no van a cambiar nada, pero sin sorprenderse después porque sigan creciendo los ya elevados índices de ausentismo electoral. Tuits relacionados:
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