miércoles, 18 de noviembre de 2026

CUANDO LA LEY ES LA TRAMPA

 

Tal como da cuenta la imagen de apertura, este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1366, por el cual Milei modifica el Decreto 749/24, que reglamenta los aspectos referidos al RIGI (Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones), contenido en la Ley 27742 "de bases" (el texto completo acá). La norma es la sexta modificación dispuesta en el Decreto 749 en los dos años de su vigencia, lo que da una prueba no tanto de la improvisación del gobierno (que la hay), como de la rapacidad de los inversores acogidos al RIGI, que siempre están a la pesca de obtener nuevos beneficios y privilegios, porque de eso se tratan siempre las reformas.

Como en éste caso, en el que se les flexibilizan -aun más- las condiciones respecto a los plazos y condiciones para ingresar al país las divisas comprometidas en la inversión por la cual accedieron al RIGI, las posibilidades de transferir a terceros esos beneficios (ganando en el proceso con recursos que resigna el Estado argentino por no cobrar impuestos), de efectuar fusiones y adquisiciones de empresas y -y esto es lo que nos interesa destacar- también se les flexibiliza el cumplimiento de las ya laxas exigencias (que no existían en la ley y fueron incorporadas a desgano en el decreto reglamentario) sobre integración de proveedores locales de bienes y servicios en los proyectos amparados en el régimen promocional.

Lo que hace el Decreto 1366, básicamente, es permitir la constitución de sociedades cáscara que de argentinas o nacionales solo tendrán su domicilio en los papeles; pero que en rigor encubrirán a los mismos grupos inversores extranjeros que se proveerán a sí mismos de bienes y servicios, marginando a las empresas locales, que ya participan en escasa medida de los beneficios que genera el RIGI en los proyectos que están en marcha. Punto éste (el de la no integración de cadenas de valor que permitan participar a empresas locales) que hay que recordar, fue parte central de la discusión del régimen cuando se debatió en el Congreso la ley de bases y el régimen: las advertencias opositoras al respecto -como suele suceder- fueron desoídas, y lo que sucedió es lo que cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual sabía que iba a suceder.

Estamos ante el despliegue de un modelo extractivista de economías de enclave que no busca generar cadenas de valor ni promover un desarrollo armónico e integrado del país y sus regiones, con el despliegue de todas sus potencialidades y no solo el saqueo desenfrenado de sus recursos naturales. Desde ya que esos objetivos nunca será razonable esperarlos del capital extranjero, pero si es lícito reclamarles a la política y al Estado que hagan algo al respecto, elevándose de la cortedad de miras predominante.

Y cuando decimos Estado referimos tanto al Estado nacional (reducido por Milei y el círculo rojo que lo sustenta a un simple vehículo facilitador de negocios privados), como los Estados provinciales, atrapados en la trampa de la propiedad de los recursos naturales que les concedió la reforma constitucional de 1994: este episodio del RIGI y sus sucesivos cambios siempre a favor de intereses privados (y estratégicos) foráneos, sirve para comprender hasta que punto hay en todo el proceso en juego fuerzas con las cuales los Estados subnacionales (y no pocas veces, los nacionales) no pueden medirse, porque no dan la talla.

El Decreto 1366 no cae como un rayo de sol en un día sereno, sino en medio de un proceso en el que los gobernadores aliados al gobierno de Milei, que vienen funcionando en los hechos en el Congreso como parte del oficialismo ampliado, pretenden cohonestar su coparticipación en la entrega del país con los presuntos beneficios que hacerlo traería para sus provincias y sus entramados productivos, en una vuelta de tuerca no muy sofisticada que digamos de la teoría del derrame. Pues bien, Milei y Caputo acaban de decirles -por si hiciera falta- que eso es una vana esperanza, o que han sido víctimas de una estafa, ramo en el que los dos acreditan experticia.

Puede pensarse que esos gobernadores (y con ellos buena parte del sistema político) son boludos, simples idiotas útiles o -en una versión más benevolente- partícipes de un consenso amplio en la política de cual debe ser el modelo de desarrollo del país; que casualmente vendría siendo el que sostienen las fracciones más concentradas del capital nacional y extranjero. Aun en éste caso, el sistema al cual adscriben no parece muy interesado en ahorrarles humillaciones.

Piensen si no en el pobre Pullaro, que hace menos de un mes organizaba eufórico una "ronda de negocios RIGI" en Rosario con la expectativas de sumar a las Pymes santafesinas al boom minero y petrolero; o en Jalil, el gobernador de Catamarca, cuya provincia está entre las más perjudicadas por las políticas de destrucción de empresas y puestos de trabajo que despliega  hace tres años el gobierno de Milei. De paso, Santa Fe también supera la media nacional en esa triste estadística. 

En tiempos en los que se avecina otra coyuntura electoral, el desafío para el peronismo y las fuerzas populares es múltiple: evitar su disolución en provincialismos inconducentes de mirada puramente comarcal y recomponer el Estado nacional como herramienta para contener y arbitrar las exigencias del capital, como presupuestos esenciales para evitar la disolución del país y su disgregación incluso en términos territoriales. Sería una buena manera de homenajear al mismo tiempo a la militancia y a la soberanía nacional, que conmemoramos esta semana.

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