GASTO NACIONAL EN SANTA FE

Cuando se plantea la discusión por la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, hay un aspecto que suele dejarse frecuentemente de lado: el Estado nacional no es una entelequia abstracta, que opera en un plano superpuesto de la realidad; sino que despliega su accionar en el mismo territorio en que las administraciones provinciales ejecutan el suyo, y eso implica desplegar a lo largo y a lo ancho del país sus recursos.

Y esos recursos impactan también en el contexto económico y social de cada provincia, de un modo que puede medirse a través de la clasificación geográfica del gasto, aunque sea esta una de las más discutibles para analizar la ejecución del gasto público, porque hay erogaciones que -por su naturaleza- son complejas de referir a una provincia determinada, y por eso están nomencladas como un gasto geográficamente distribuido por todo el territorio nacional.

Un caso típico serían los subsidios que eroga el Estado nacional para mantener sin aumentos las tarifas de algunos servicios públicos críticos como la electricidad y el gas, que se aportan al Sistema Interconectado Nacional a través de CAMMESSA (Compañía Administrador del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) en el primer caso, y directamente a las productoras y distribuidoras en el segundo.En cambio otros subsidios como los del transporte automotor de pasajeros están perfectamente distribuidos y clasificados por provincias.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la Constitución Nacional establece un reparto de competencias entre la Nación y las provincias, del cual resulta que cada una de ellas tiene esferas de actuación exclusiva o preponderante, mientras que otras son concurrentes.

Respecto de éstas últimas vamos a exponer algunas cifras del gasto nacional en la provincia de Santa Fe, comparándolas con las de la administración provincial para las áreas correlativas, que arrojan aristas interesantes para el análisis. En ambos casos las cifras son las de los respectivos Presupuestos para éste año.

Obras públicas:

El Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura en servicios tiene previsto invertir este año en obras en la provincia de Santa Fe $ 1.051.140.588, sea a través de obras encaradas directamente por la Nación, como por vía de las Transferencias de Capital al Estado provincial, para que sea ésta el que las ejecute.

A ese importe deben añadirse los $ 630.878.352 cuantificados (estimación ciertamente conservadora, considerando que el año pasado ingresaron más de 712 millones por ese rubro) en concepto de transferencias por el Fondo Solidario Federal (Fondo Soja), lo que hace que lo que el Estado nacional invierta en Santa Fe en obras más recursos que los estimados por la provincia  en su propio Presupuesto, que son del orden de los 1454 millones de pesos.

Obviamente hay que considerar además que las partidas del Fondo Soja están comprendidas dentro de ese dinero que invertirá la provincia, y tomando en cuenta a su vez los porcentajes de ejecución efectiva de obras que viene acusando la administración del Frente Progresista -sobre lo que ya informáramos en este blog- la conclusión es clara: la Nación no solo ejecuta más obra pública en Santa Fe que el Estado provincial, sino que solventa buena parte de la que éste lleva adelante, inyectando recursos.

Y sirva el ejemplo de la red caminera provincial: mientras Vialidad Provincial tiene previsto invertir en obras éste año $ 298.875.000, la Dirección Nacional de Vialidad invertirá en las rutas nacionales de Santa Fe $ 481.929.264, es decir un 61,24 % más. Pero del total de los recursos que invertirá Vialidad Provincial en obras en las rutas santafesinas, $ 184.844.000 (es decir el 61,84 %) provenían del Fondo Soja.

Y decimos provenían, porque luego de éste decreto, el aporte del Fondo a las obras de Vialidad aumentó en 20 millones, y su participación porcentual ascendió al  68,53 %.

Apoyo a la producción:

El Ministerio de la Producción de la provincia tiene asignado éste año un presupuesto de $ 95.477.400, que representa apenas el 0,48 % del Presupuesto provincial; pero la comparación con las cifras nacionales arroja que la sóla sumatoria de los dineros que gastarán en Santa Fe el INTA y el SENASA representan $ 109.966.687, es decir un 15,17 % más que el total de los fondos previstos para la cartera productiva santafesina.

Y por el lado de las transferencias directas de dinero a sectores productivos (vía subsidios, compensaciones, reintegros o bonificaciones de tasas de interés) la diferencia es mayúscula: la provincia gastará en eso apenas $ 12.094.000, a través del Ministerio de la Producción; mientras que por el lado de la Nación sólo en las compensaciones de la hoy disuelta ONCCA (que se pagan a productores lecheros, ganaderos y las industrias de la cadena de valor agropecuaria como frigoríficos, tambos y molinos, para mantener los precios internos desacoplados de los internacionales) suman $ 1.394.500.000, es decir que por cada peso que gasta la provincia en asistir a sectores productivos, la Nación invierte 115 con 30 centavos, considerando solamente a los eslabones de la cadena agroindustrial.

El indicador no incluye el análisis de otras fuentes de financiamiento al sector productivo, como el reintegro del IVA a las compras de bienes de capital (régimen prorrogado para este año), la línea de créditos del Bicentenario, los préstamos del Banco Nación, o los del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES, como el que fuera otorgado a la terminal de General Motors de General Alvear.

Investigación científica y desarrollo tecnológico:

La provincia cuenta con una Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, que cuenta con un Presupuesto de $ 17.224.000 para éste año, de los que 7 millones están destinados a subsidios para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; mientras que el Ministerio nacional del ramo que conduce Lino Barañao dispondrá a esos fines en Santa Fe (a través de subsidios que reciben las Universidades nacionales para desarrollos en Ciencia y Técnica, y los investigadores del CONICET) de $ 15.233.200, es decir un 117,47 % más de fondos.

Es necesario aclarar en este punto que los aportes estatales al desarrollo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico son muchas veces difíciles de identificar geográficamente (no obstante las cifras expuestas son ya indicativas de una tendencia), y que en el ejemplo dado no se consideran otras acciones nacionales con impacto en Santa Fe, como la repatriación de científicos argentinos residentes en el extranjero a través del Programa Raíces, que ya suman más de 800 desde que fue puesto en marcha; 59 de los cuáles son santafesinos que retornaron a nuestra provincia.

Programas nacionales sin contrapartida provincial:

En este apartado en particular vamos a considerar programas que ejecuta el gobierno nacional en todo el país (y obviamente también en Santa Fe), con un generoso despliegue de recursos, sin que existan otros comparables o análogos establecidos por los gobiernos provinciales; aspecto éste en el cual nuestra provincia y su administración, no escapan a la regla.

El más impactante es, sin dudas, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH); por el cual la Nación plantea invertir éste año en Santa Fe $ 795.161.201, sin considerar en ese monto la erogación que irrogue extender el beneficio -a partir del mes de mayo- a las embarazadas a partir del tercer mes de gestación, conforme al anuncio hecho por la Presidenta al inaugurar las sesiones del Congreso nacional el 1º de marzo.

Para poner la cifra en perspectiva, hay que decir que por sí sola representa el equivalente al 153,49 % (o sea más de una vez y media) el presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, incluyendo los sueldos del personal y los gastos de funcionamiento.

Otro tanto puede decirse de los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para mitigar los efectos de los vaivenes de la economía sobre los niveles de empleo (que se revelaron particularmente necesarios en lo más agudo del impacto de la crisis financiera internacional): entre el REPRO (Recuperación Productiva) y el Seguro de Capacitación y Formación, la cartera de Tomada invertirá este año en la provincia $ 137.829.000.

Una vez más, para poner en perspectiva el dato hay que tener en cuenta que el presupuesto global del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia es de $ 242.227.000, pero de ese total hay que descontar los importes correspondiente a las pensiones sociales de la Ley 5110, y las pensiones pagadas a los ex combatientes de Malvinas (que serán motivo de un análisis por separado), de modo que el Ministerio propiamente dicho cuenta con partidas por $ 55.830.000; o lo que es lo mismo: los programas nacionales destinados a prevenir o paliar el desempleo no tienen contrapartida en equivalentes del gobierno provincial, e invierten en nuestra provincia dinero por un equivalente a 2,47 veces (casi dos veces y media) al presupuesto de la cartera laboral de Hermes Binner.

En otra entrada analizaremos los programas sociales del área de Desarrollo Social, y lo inherente a los fondos destinados a la seguridad social, es decir jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.