La aprobación de la ley que regula a las empresas de medicina prepaga fue, sin dudas, una de las mejores noticias de las semana.
La política se puso los pantalones largos frente al fortísimo lobby de un sector empresarial que mueve miles de millones de pesos al año, y creció desde los 90' a partir de la falta de regulación y la ausencia del Estado; lo que le permitió un enorme negocio, nada menos que con la salud de cuatro millones y medio de afiliados.
El proyecto será seguamente perfectible (de hecho, la sanción original de Diputados probablemente haya sido mejor), y las empresas del sector están redoblando la presión para diluir en la reglamentación lo que han debido conceder en la ley.
Los cambios introducidas al sistema (en realidad su primera regulación en los casi 20 años de existencia que lleva) son muy importantes: la prohibición de establecer la edad de los afiliados o la existencia de enfermedades preexistentes como criterios para negar la cobertura, la obligatoriedad de cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio aprobado por el Ministerio de Salud (al igual que las obras sociales) sin plazo de carencia, la necesidad de que los aumentos de las tarifas que perciben por sus servicios sean aprobadas por el Estado previo estudio de costos y cálculo actuarial de riesgos (a cargo del Ministerio de Salud y del de Economía), la aplicación a sus servicios de las leyes de Defensa de los Derechos del Consumidor y de Defensa de la Competencia, la limitación a las cuotas diferenciales fijadas para grupos de riesgo, la obligatoriedad de prescribir los medicamentos por su nombre genérico en los tratamientos terapéuticos y las posibilidad de mantener la cobertura contratada por las empresas para sus trabajadores, aun cuando se desvinculen de ellas, entre otras.
Pero hay otro detalle que pasó desapercibido sobre el proceso de gestación de la ley en su tramo final: la oposición del llamado "Grupo A" había convocado a una sesión especial para el miércoles a la mañana incluyendo el tema, y otros ríspidos para el bloque del Frente Para la Victoria, lo que por un lado motivó que los legisladores oficialistas no dieran quórum en esa convocatoria, y por el otro deja la fuerte sospecha de que -en realidad- se trataba de una maniobra para frustar la sanción de la ley, que era lo que querían los empresarios del sector.
Para el mismo día y horas más tarde, el bloque oficialista convocó a otra sesión especial con el mismo objeto (tratar la ley de prepagas) y un temario acordado con otros bloques, consiguiendo así el quórum y logrando de tal modo que la ley se sancionara, lo que era crucial porque si se prolongaba la cuestión, podría haber perdido estado parlamentario. Aquí en La Capital de Rosario lo cuenta Agustín Rossi, pero lo reflejaron algunos medios el mismo día de la sesión.
Y esto es lo que nos intersa destacar: la sanción de la ley es un enorme triunfo personal para Agustín, que supo desplegar la misma capacidad política para sumar apoyos amplios y transversales -excediendo al propio bloque oficialista como lo muestra el resultado de la votación- a la iniciativa; como lo hiciera con la sanción de la ley de medios o la estatización de los fondos previsionales cuando se eliminar el nefasto sistema de las AFJP.
Por eso decimos -aunque no hayan diseñado el cartel respectivo- que el Chivo también cura.
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