La reforma del sistema de justicia penal de la provincia es un proceso que comenzó en el gobierno de Obeid a través de lo que se denominó el Plan Estratégico, elaborado entre los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, los Colegios de Abogados de la provincia, legisladores y representantes del mundo académico; y se plasmó en el nuevo Código Procesal Penal sancionado por la Ley 12.734 en agosto del 2007.
Obviamente es un proceso complejo que involucra la creación de cargos, la designación de nuevos funcionarios y -particularmente- fuertes inversiones en infraestructura edilicia, para hacer frente a las exigencias del nuevo sistema.
Desde la asunción de Hermes Binner en diciembre del 2007 con la designación de Héctor Supperti como Ministro de Justicia y Derechos Humanos -un impulsor de los cambios antes de ser designado-, la implementación de la reforma fue sufriendo diferentes postergaciones respecto al cronograma original; y ha sido esgrimida como una de las principales banderas publicitarias del gobierno del Frente Progresista.
Bandera que no va siempre de la mano con las realizaciones concretas, como parece ser la marca de fábrica del gobierno de Binner. Baste señalar que el plazo originario de entrada en vigencia de la reforma era junio del 2008, y con cuatro leyes de prórroga mediante -que terminaron delegando la fijación de los plazos en el Poder Ejecutivo-, concluirá el mandato del gobernador socialista sin que se haya implementado.
Los pasos dados en la designación de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del de la Defensa parecen más enderezados a dirimir la puja de poder con la Corte Suprema de Justicia de la provincia -un bastión de resistencia a la reforma-, y a ubicar en puestos expectables a ex militantes políticos del radicalismo, que a poner efectivamente en marcha la reforma: ni la construcción de la infraestructura necesaria, ni el equipamiento que la misma requiere, ni la provisión de todos los recursos humanos necesarios para implementarlas, parecen estar disponibles en lo inmediato.
El Colegio de Abogados de Santa Fe ha hecho pública hace poco su posición al respecto, planteando casi la certeza de que la reforma es un objetivo inalcanzable en el corto plazo; y como es habitual, el gobierno de Binner contraataca a través de su propio "periodismo militante" para tratar de demostrar lo indemostrable: que se han hecho obras, que no existen, o que se harán rápido; como es el caso del Centro de Justicia Penal de Santa Fe.
En una típica estrategia macrista, para el socialismo la culpa siempre la tienen otros, en este caso la Corte (a la que no hay que quitarle méritos), pero hay datos incontrastables que en este blog ya expusimos respecto al avance de las obras edilicias vinculadas a la reforma de la justicia santafesina.
A lo que hay que añadir que el Centro de Justicia Penal de Santa Fe -que es el caso que ha motivado el entredicho actual- tiene asignados fondos en el Presupuesto provincial 2011 por 10 millones de pesos, para ser construído íntegramente antes de fin de año, y del final del mandato de Binner.
Transcurridos casi cinco meses del 2011, es obvio que ni siquiera esa modesta meta podrá cumplirse, y decimos modesta porque -como surge del post anterior que mencionamos- la obra tiene un presupuesto equivalente a menos de una quinta parte del Centro de Justicia Penal de Rosario, que está en ejecución, pero tampoco estará habilitado para antes del próximo año; y con un cronograma de ejecución de dudosísimo cumplimiento.
Por más Defensores y Fiscales Generales que se designen (con amplio despliegue publicitario), sin edificios, sin empleados, sin equipamiento, ¿de qué reforma judicial estamos hablando?.
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