Leemos en La Nación: "La presidenta Rousseff promulgó una regulación menos restrictiva que la ley de medios argentina. En medio de esfuerzos en toda la región por reglamentar el lucrativo sector de las telecomunicaciones, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acaba de promulgar una ley que permite la entrada de empresas extranjeras y de compañías telefónicas al mercado de la televisión paga a la vez que establece cuotas de contenido nacional. El gobierno busca así aumentar la oferta de servicios, fortalecer la industria audiovisual local y aumentar la competencia entre las compañías para que mejore la calidad del producto y el costo que pagan los usuarios.".
"A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde el Gobierno impulsa la televisión digital abierta como competencia del cable, con el nuevo marco regulatorio el gobierno de Rousseff espera duplicar para 2014 el número de abonados a la TV paga, que actualmente llega a los 11,3 millones.".
Esa evidente que la decisión de aprovechar cualquier tema para pegarle al gobierno termina condicionando la línea editorial de los grandes medios, por encima de toda otra consideración.
Conviene recordar que, al discutirse en el 2009 lo que luego sería la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la posibilidad de que las empresas telefónicas (en tanto licenciatarias de un servicio público) fueran titulares de licencias de radio y televisión quedó excluida en el marco del debate; y como una de las concesiones que hizo el gobierno de Cristina para ampliar los apoyos a la iniciativa en el Congreso.
Por entonces diputados opositores como Pino Solanas y Claudio Lozano (entre los más insistentes en este punto) se convirtieron en aliados -voluntarios o no, vaya uno a saber- del Grupo Clarín, porque con esa exigencia sacaban del camino del mercado de los medios audiovisuales a competidores muy poderosos, como las telefónicas.
Quedó así vedado su aceso al marco de la LSCA, y siguieron regidos por la Ley de Telecomunicaciones 19.798, y los contratos de otorgamiento de las licencias; así como restringida la posibilidad de ofrecer servicios como el triple play (agregando a a las comunicaciones los servicios audiovisuales).
De modo que la diferencia sustancial entre lo dispuesto en la Ley 26.522 y la norma brasileña que se acaba de sancionar (que además solo regula la televisión por cable, no los demás servicios audiovisuales) en este punto, no estaba en la intención original del gobierno; y terminó favoreciendo objetivamente los intereses de Clarín.
Por esa razones, Clarín, opta simplemente por dar la noticia omitiendo toda comparación con la regulación en la Argentina.
Otro tanto puede decirse del vínculo que La Nación trata de establecer entre la televisión digital y el cable: sabido es (lo acaban de revelar los cables de Wikileaks) que Clarín ejerció un importante lobby sobre el gobierno de Kirchner primero y el de Cristina después, para que la Argentina adoptara la norma norteamericana para las transmisiones digitales, porque había invertido en comprar equipos de ese tipo para llevar la delantera en la materia.
No obtuvo resultados, y por el contrario la Argentina decidió -justamente de acuerdo con Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela y Ecuador entre otros países- adoptar la norma japonesa para el desarrollo en el país de la tv digital; y si bien el Estado está haciendo punta en el tema (algo que le molesta particularmente a La Nación, fiel a su prédica liberal de siempre), cualquier operador privado puede solicitar frecuencia para iniciar sus transmisiones con la nueva tecnología.
De hecho, el Grupo Clarín es por ahora el único que se ha resistido a hacerlo, como parte de su estrategia integral de guerra contra el gobierno.
Tampoco se puede comparar el desarrollo de la televisión por cable en uno y otro país, en cuanto a cobertura geográfica y cantidad de población que goza del servicio: en la Argentina ha sido muchísimo más extendido, por lo que la "competencia" con la tv digital no estaría dada en ese punto (el cable está mucho más desarrollado), sino en la gratuidad o no de los servicios.
Es curioso además que La Nación vea positiva la competencia en el mercado de la comunicación audiovisual en general, y de la televisión por cable en particular; cuando da amplia cabida en sus páginas a los planteos de Clarín para impedir la plena aplicación del artículo 161 de la Ley 26.522, la famosa cláusula de la desinversión.
Cláusula que por ejemplo -en el caso del cable- le impediría al Grupo Clarín contar con más del 35 % del total de abonados al servicio en todo el país, siendo que en la actualidad (desde la fusión de Cablevisión y Multicanal, los dos principales operadores del mercado) superaría más del 75 % de los abonados de todo el país.
Y de esa posición dominante se deriva su poder para imponer los precios que se le antojen por el servicio, y cuando el gobierno lo cuestiona a través de la Secretaría de Comercio, allí está La Nación y su columnista estrella en temas legales Adrián Ventura (que funge además en TN) para salir en defensa de los intereses del grupo.
Por no mencionar que las restricciones que la ley argentina impone respecto de contenidos mínimos de la programación gestados en el país son mayores que en la brasileña; y La Nación cuestiona que no se exija lo mismo a las señales de cable extranjeras, que no son generadas en el país sino captadas y retransmitidas; y que precisamente los artículos de la LSCA que establecen esas obligaciones para los licenciatarios de radio y televisión (incluyendo al cable) están impugnados en la justicia por ATA (Asociación de Teledifusoras Argentinas) y ATVC (Asociación de Televisión por Cable), con el remanido argumento del "ataque a la libertad de expresión del que LN se hizo eco en esa oportunidad.
Si verdaderamente al diario de Mitre le interesa defender determinados principios que comparte de la ley brasileña, y no utilizarla como excusa para pegarle al gobierno, sería un mínimo acto de honestidad intelectual hacer estas aclaraciones.
Pero eso sería como pedirles que hagan periodismo, y parece mucho en las actuales circunstancias.
Esa evidente que la decisión de aprovechar cualquier tema para pegarle al gobierno termina condicionando la línea editorial de los grandes medios, por encima de toda otra consideración.
Conviene recordar que, al discutirse en el 2009 lo que luego sería la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la posibilidad de que las empresas telefónicas (en tanto licenciatarias de un servicio público) fueran titulares de licencias de radio y televisión quedó excluida en el marco del debate; y como una de las concesiones que hizo el gobierno de Cristina para ampliar los apoyos a la iniciativa en el Congreso.
Por entonces diputados opositores como Pino Solanas y Claudio Lozano (entre los más insistentes en este punto) se convirtieron en aliados -voluntarios o no, vaya uno a saber- del Grupo Clarín, porque con esa exigencia sacaban del camino del mercado de los medios audiovisuales a competidores muy poderosos, como las telefónicas.
Quedó así vedado su aceso al marco de la LSCA, y siguieron regidos por la Ley de Telecomunicaciones 19.798, y los contratos de otorgamiento de las licencias; así como restringida la posibilidad de ofrecer servicios como el triple play (agregando a a las comunicaciones los servicios audiovisuales).
De modo que la diferencia sustancial entre lo dispuesto en la Ley 26.522 y la norma brasileña que se acaba de sancionar (que además solo regula la televisión por cable, no los demás servicios audiovisuales) en este punto, no estaba en la intención original del gobierno; y terminó favoreciendo objetivamente los intereses de Clarín.
Por esa razones, Clarín, opta simplemente por dar la noticia omitiendo toda comparación con la regulación en la Argentina.
Otro tanto puede decirse del vínculo que La Nación trata de establecer entre la televisión digital y el cable: sabido es (lo acaban de revelar los cables de Wikileaks) que Clarín ejerció un importante lobby sobre el gobierno de Kirchner primero y el de Cristina después, para que la Argentina adoptara la norma norteamericana para las transmisiones digitales, porque había invertido en comprar equipos de ese tipo para llevar la delantera en la materia.
No obtuvo resultados, y por el contrario la Argentina decidió -justamente de acuerdo con Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela y Ecuador entre otros países- adoptar la norma japonesa para el desarrollo en el país de la tv digital; y si bien el Estado está haciendo punta en el tema (algo que le molesta particularmente a La Nación, fiel a su prédica liberal de siempre), cualquier operador privado puede solicitar frecuencia para iniciar sus transmisiones con la nueva tecnología.
De hecho, el Grupo Clarín es por ahora el único que se ha resistido a hacerlo, como parte de su estrategia integral de guerra contra el gobierno.
Tampoco se puede comparar el desarrollo de la televisión por cable en uno y otro país, en cuanto a cobertura geográfica y cantidad de población que goza del servicio: en la Argentina ha sido muchísimo más extendido, por lo que la "competencia" con la tv digital no estaría dada en ese punto (el cable está mucho más desarrollado), sino en la gratuidad o no de los servicios.
Es curioso además que La Nación vea positiva la competencia en el mercado de la comunicación audiovisual en general, y de la televisión por cable en particular; cuando da amplia cabida en sus páginas a los planteos de Clarín para impedir la plena aplicación del artículo 161 de la Ley 26.522, la famosa cláusula de la desinversión.
Cláusula que por ejemplo -en el caso del cable- le impediría al Grupo Clarín contar con más del 35 % del total de abonados al servicio en todo el país, siendo que en la actualidad (desde la fusión de Cablevisión y Multicanal, los dos principales operadores del mercado) superaría más del 75 % de los abonados de todo el país.
Y de esa posición dominante se deriva su poder para imponer los precios que se le antojen por el servicio, y cuando el gobierno lo cuestiona a través de la Secretaría de Comercio, allí está La Nación y su columnista estrella en temas legales Adrián Ventura (que funge además en TN) para salir en defensa de los intereses del grupo.
Por no mencionar que las restricciones que la ley argentina impone respecto de contenidos mínimos de la programación gestados en el país son mayores que en la brasileña; y La Nación cuestiona que no se exija lo mismo a las señales de cable extranjeras, que no son generadas en el país sino captadas y retransmitidas; y que precisamente los artículos de la LSCA que establecen esas obligaciones para los licenciatarios de radio y televisión (incluyendo al cable) están impugnados en la justicia por ATA (Asociación de Teledifusoras Argentinas) y ATVC (Asociación de Televisión por Cable), con el remanido argumento del "ataque a la libertad de expresión del que LN se hizo eco en esa oportunidad.
Si verdaderamente al diario de Mitre le interesa defender determinados principios que comparte de la ley brasileña, y no utilizarla como excusa para pegarle al gobierno, sería un mínimo acto de honestidad intelectual hacer estas aclaraciones.
Pero eso sería como pedirles que hagan periodismo, y parece mucho en las actuales circunstancias.
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