VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL

 

Ha pasado bastante tiempo ya de los desalojos compulsivos dispuestos por Barletta contra las familias que vivían en los terrenos de la zona conocida como Bajo Judiciales, cercana a Playa Norte; y el tema ha desaparecido por completo de los medios locales.

En aquel momento cuando se ordenaron los desalojos (con la excusa de que los terrenos estaban previstos como reservorios, aunque en realidad todo indica que serán objeto de otro negocio inmobiliario con la venia del municipio), se trató de contrarrestar las quejas de las familias desalojadas construyéndoles los famosos "quinchitos", como el que se puede ver en la foto; y la promesa de una futura relocalización en mejores condiciones y con acceso a los servicios mínimos.

Para eso la Municipalidad había iniciado la expropiación de terrenos ubicados en la denominada Estanzuela de Echagüe, en Callejón Funes y las vías del ferrocarril; y en diciembre del 2010 Binner dictó este decreto. 

Por él autorizaba a su ministro de Desarrollo Social Pablo Farías (por entonces precandidato a la intendencia de Santa Fe) a firmar un convenio con Barletta por el cual la provincia le transfería a la Municipalidad 2,5 millones de pesos, para construir 250 "módulos habitacionales básicos evolutivos" (o sea: quinchos mejorados, de casa ni hablar) en el terreno sujeto a expropiación.

Podrán imaginarse que con $ 10.000 por cada módulo, la diferencia para cada familia en relación a los quinchitos no iba a ser muy significativa, pero de todos modo el decreto marcaba algún grado de compromiso formal de ambas gestiones (la provincial y la municipal) para empezar a resolver el problema, más allá de los desalojos compulsivos.

¿Qué fue lo que pasó desde entonces?: nada.

¿Y cómo lo sabemos nosotros?

Porque hace apenas unos días, y casi nueve meses después del primer decreto, Binner firmó este otro, por el que se rectifica el anterior: los "módulos habitacionales básicos evolutivos" a construir ya no serán 250 sino 50, según se dice en el decreto, para  "dar cumplimiento a los estándares mínimos de calidad para la vivienda de interés social públicado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, debiendo coordinar el Municipio las etapas constructivas con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda".   

Eso implica varias cosas, en primer lugar que el costo de cada módulo ahora ascendería a $ 50.000 (lo que no sería una mala noticia, porque supondría una mejor calidad constructiva), pero que el dinero aportado por la provincia (que sigue siendo el mismo: 2,5 millones de pesos) sólo alcanzaría para construir 50; cosa que dice el propio decreto.

Decreto que además deja perfectamente claro que el convenio original entre Farías y Barletta no se firmó nunca (¿resquemores de la interna tal vez?), que por ende los fondos nunca fueron transferidos de la provincia a la Municipalidad (el decreto dice que siguen en las cuentas de Desarrollo Social), y que ésta tampoco concretó nunca la expropiación de los terrenos donde debían construirse los "módulos" para reubicar a las familias que fueron desalojadas y trasladadas a los quinchitos.

Eso sin contar que -de acuerdo al nuevo decreto- 200 de esas familias no quedarían comprendidas en la reubicación, si es que esta alguna vez se concreta.

Hechos todos que demuestran el concepto que tienen los radicales de la municipalidad y los socialistas de la provincia sobre lo que son "viviendas de interés social": les importan un pito, sin distinción de bandos y sin pelearse, a la hora de ser garcas se terminan las internas.

Otra cosa pasa cuando se trata de verdaderas "viviendas de interés social", como por ejemplo  el complejo Puerto Amarras que se construye en el puerto de Santa Fe.