CHAU HERMES

Hermes Binner termina hoy su mandato como gobernador de Santa Fe, y el momento es oportuno para hacer un balance su gestión, la del primer gobernador socialista de una provincia argentina.

Un socialismo de clara matriz conservadora, que llegó al poder en 2007 sobre la vieja alianza anti peronista urdida por Usandizaga y Natale, a la que los hombres del partido de la rosa lograron hegemonizar por primera vez.

Lo curioso del caso es que los avatares del proceso político lo llevaron a Binner a describir un arco desde aquel apoyo inicial, hasta este presente, en que encarnó la candidatura presidencial de una presunta centro izquierda conformada por una constelación de pymes electorales de barniz progresista: todas las evidencias parecen indicar que -esqueleto político de soporte aparte- en ambos casos lo acompañó sustancialmente el mismo electorado; toda una descripción de lo que representan él y el socialismo santafesino.

Y logró proyectarse a la escena nacional a partir de la amplificación de los supuestos logros de su gestión provincial (y en buena medida de sus mandatos como intendente de Rosario), por un enjundioso aparato publicitario que supo dispensar con generosidad la publicidad oficial, para ocultar las zonas grises de una gestión marcada por la ambigüedad y la escasa vocación de producir transformaciones reales.

Tomemos por caso su relación con la justicia provincial, bastión del conservadurismo y con aceitados vínculos con el peronismo hegemónico en Santa Fe: a poco de asumir, Binner dictó un decreto replicando el de Kirchner para seleccionar a los miembros de la Corte Suprema, pero nunca tuvo la más mínima intención de remover a alguno de ellos; y si bien impulsó la reforma de la justicia que ya venía del gobierno de Obeid, todo indica que el propósito real de su gobierno (y el de los partidos que conforman el Frente Progresista, sobre todo el socialismo y la UCR) fue convertir a las nuevas instituciones creadas por la reforma, en un coto de caza para ubicar militantes o amigos en puestos expectables en el aparato judicial.

Para eso modificó no menos de cinco veces el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (la última pocos días antes de dejar el poder), y algo parecido sucedió con el paulatino intento de copamiento del Tribunal de Cuentas de la provincia (aunque formalmente instauró la mecánica de concursos para elegir a sus miembros), que se coronó hacia el final de la gestión con una mayoría automática adicta al Ejecutivo en ese cuerpo, mientras presionaba a sus bloques legislativos para que nunca se conformara la Comisión Bicameral de Control en la Legislatura.

Todo eso sin dejar de mencionar nunca que su gobierno no se vio salpicado por ningún escándalo de corrupción (aunque hubo varios que aletearon por allí, como la concesión de la autopista, la contratación del agente financiero o la compra de motos y uniformes policiales, o el servicio 911); algo de lo que por cierto, también se jactaron en su momento Reutemann y Obeid. 

Las áreas de educación y salud -por ser las que más expectativas previas suscitaron en los santafesinos en cuanto a la gestión del Frente Progresista-  fueron las que más defraudaron por su grisura. En el primer caso, se privilegió atender los reclamos docentes para disminuir el nivel de conflictividad (instaurando la ley de paritarias del sector), pero no estuvo el período de Binner exento de disputas, como sucedió con la reforma del régimen jubilatorio.

El abandono de la escuela técnica, las marchas y contramarchas con el cambio curricular en la enseñanza media, la nula decisión de rever el sistema de subsidios a la educación privada, el desmantelamiento de los programas de educación rural y la escasa inversión en ampliación de la infraestructura escolar fueron los sellos de una gestión que -como todo el gobierno en general- puso el acento en lo cosmético.

En salud el famoso "modelo único" nunca terminó de despegar (la ley de salud con media sanción legislativa hace tabla rasa con los Samco y hospitales descentralizados, sin reemplazarlos con nada tangible), y el hecho más trascendente de la gestión de Binner en la materia fue la decisión (legalmente objetada por el Tribunal de Cuentas, soslayando la intervención de la Legislatura) de subsidiar integralmente el funcionamiento de los hospitales municipales rosarinos para aliviar las cuentas de la gestión Lifschiz, y las que lo sucedan ; sumada a la construcción de los famosos CAPS, con una lógica que se dijo derivada del Plan Estratégico pero que en rigor es anterior a él. 

En el área de Desarrollo Social, no se puede siquiera mencionar algún programa significativo del gobierno provincial, con cobertura extendida a un número importante de personas o grupos vulnerables; y las mejoras en los indicadores sociales fruto de las políticas nacionales (especialmente la asignación universal por hijo) ayudaron a disimular el vacío. 

En seguridad Binner optó por ceder en toda la línea la conducción de la política del área a las cúpulas policiales, enterrando definitivamente (aun sin derogarla formalmente) la reforma sancionada por el gobierno de Obeid para consolidar una policía "atendida por sus propios dueños", con los resultados por todos conocidos: la policía obtiene satisfacción a sus reclamos corporativos, pero los santafesinos no viven más seguros, ni mucho menos.

El capítulo referido a las obras públicas de infraestructura forma parte del más oscuro legado de la gestión Binner: cuatro años sin concretar un tramo de los tan ansiados acueductos, escasísima inversión vial (con obras claves paralizadas o demoradas, como la Circunvalación Oeste y la Ruta 1) con la excepción de la autovía de la Ruta 19; prácticamente ninguna escuela nueva construida y los tan anunciados ocho hospitales, en los principios de su construcción, desde hace meses; por no mencionar la insistencia en proyectos faraónicos de dudosímo impacto social, como el Puerto de la Música.

Presupuestos que -año tras año- contenían fantasiosos planes de obra, que luego desaparecían en el transcurso del ejercicio, cuando las partidas eran devoradas por un crecimiento exponencial del gasto corriente; sobre todo la superestructura política del gobierno, que se ensanchó considerablemente, y comenzó a gozar (por decisione del propio Binner) de privilegios y beneficios ciertamente irritantes; y que tuvieron todos los años una ejecución de obra inferior a la mitad de la prevista, solventada en su inmensa mayoría con las partidas del denominado Fondo Soja, que empezaron a fluir desde abril del 2009.

La política del gobierno de Binner en materia de servicios públicos quedó expuesta en todas sus precariedades estos días, en que se discute la quita de los subsidios nacionales: tanto la EPE como ASSA vieron aumentadas una y otra vez sus tarifas (comportándose el gobierno como si se tratara de concesionarias privadas), sin que los santafesinos percibieran una mejora significativa en los servicios, o sin que los que están privados de ellos, pudieran acceder a gozarlos en forma significativa; como en el caso del agua potable y las cloacas.  

El Ministerio de la Producción fue estos cuatro años un área puramente testimonial, con una participación insignificante -y para peor decreciente- en el Presupuesto provincial, convertida en una mera propaladora de los reclamos sectoriales (especialmente de los sector vinculados a la producción agropecuaria) enderezados contra el gobierno nacional, pero sin ninguna línea de política activa que se tradujera en acciones concretas con resultados palpables: empresas, fábricas o puestos de trabajo abiertos o creados por alguna medida del gobierno provincial. 

Binner ensayó un par de veces una reforma tributaria provincial (necesaria sin dudas), chocando contra la frontal oposición del peronismo, los sectores empresariales y la tibieza de los apoyos de sus aliados dentro del propio Frente Progresista; pero de esos intentos siempre quedaba excluido el sector agropecuario, fuerte base electoral del oficialismo provincial.

Simultáneamente y en pleno conflicto por la resolución 125, se alineó sin dudarlo con las patronales de la Mesa de Enlace, les prestó los balcones de la Casa de Gobierno para que anunciaran la prolongación del lock out que desabastecía al país y solicitó la suspensión de las retenciones.

Si se suma a eso su silencio ante el proyecto del diputado Cejas de gravar con Ingresos Brutos al complejo agroexportador, habrá que pensar si los intentos de reforma tributaria fueron fruto de la convicción de lograr una mayor equidad en el sostén del aparato estatal, o de la necesidad de cerrar las cada vez más desequilibradas cuentas fiscales de la provincia.   

Probablemente el rasgo que distinga con mayor nitidez al de Binner como un gobierno conservador, sea la lógica de construcción política que lo presidió, no muy distante de aquélla con que Reutemann y Obeid pilotearan por años el Estado santafesino: estrechos y aceitados vínculos con el poder real (las Bolsas de Comercio, la Sociedad Rural, las universidades, los arzobispados, la Fundación Libertad, los medios hegemónicos nacionales y provinciales); y la exageración al absurdo del reclamo federal, para polemizar con el gobierno de Cristina (explicación monocausal de las cosas no concretadas de su gestión) como principal estrategia de acumulación, aun a costa de sostener un discurso cuasi separatista.

En ese contexto, el promocionado Plan Estratégico y la regionalización política quedaron expuestos como representaciones escenográficas, mas bien orientadas a conseguir financiamiento europeo para la capacitación de la burocracia política del gobierno (justo en este momento, los europeos capacitando a alguien para gobernar), que intentos serios de reformar el apartado estatal y gobernar con una lógica de proximidad al ciudadano: el favoritisimo político a la hora de asignar discrecionalmente recursos a los municipios y comunas según su color político, estuvo a la orden del día como en los tiempos en que el Frente criticaba esas conductas al peronismo.

Si todas estas cuestiones no fueron visibilizadas por los santafesinos hasta bien entrado el gobierno de Binner, fue en gran medida por la hábil construcción de una red de protección mediática nacional y provincial, aceitada con negocios poco claros como la impresión de las boletas únicas encargadas a AGL (sociedad entre El Litoral y Clarín), o los costosísimos stands provinciales en Expoagro, y con un abundante flujo de publicidad oficial a los medios adictos. 

Cuesta entonces reconocer en este panorama no ya un gobierno socialista -al fin y al cabo el socialismo va en trance de transformarse en un significante vacío-, sino encontrar una matriz progresista (otro significante vacío en ciernes) en los cuatro años de gestión de Hermes Binner; y si se nos recuerda que los santafesinos parecen haber tenido el 24 de julio una valoración distinta a la nuestra, volveremos a la afirmación inicial: en el voto a Bonfatti hay mucho componente del tradicional anti peronismo, y otro tanto de conservadurismo social, como se dio en los votos de Binner en su carrera presidencial, sobre todo en la CABA.

Lo cierto es que se va Hermes, y nosotros al menos, no lo vamos a extrañar.