MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

Pongámonos de antemano de acuerdo en algo: acá no hay nada que festejar ni celebrar, ni tampoco ésta decisión que toma el gobierno es como para exhibirla como un logro de gestión.

Es simplemente la única consecuencia lógica y posible de un proceso de depredación del servicio ferroviario en manos del grupo Cirigliano, que muy probablemente se repita en mayor o menor medida con todos los demás concesionarios privados de los ferrocarriles.

De hecho, en la transición que se abre luego de la rescisión de la concesión a TBA participarán empresas como Metrovías (del grupo Roggio), que tiene a su cargo la concesión de los subtes porteños; y que hace poco forzó un paro de los trabajadores al negarse a discutir aumentos salariales en las paritarias, o a la que el Estado le viene objetando los balances (tiene acciones a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses), porque transfiere utilidades entre empresas del grupo, disfrazadas como servicios prestados.

Son las consecuencias de un modelo de gestión de los servicios pùblicos orquestado en los 90', y que hasta acá no ha sido desmantelado en muchos de sus aspectos.   

Y no olvidemos lo más importante: la decisión se toma después de una tragedia que costó 51 vidas humanas, ése es el dolorosísimo contexto que la termina acelerando.

De hecho, se debió haber adoptado inmediatamente después de la tragedia de Once (aunque no desconocemos las implicancias jurídicas del caso para la responsabilidad del Estado), porque era un error esperar para tomarla el veredicto de una justicia que aun hoy -a tres meses del accidente del Sarmiento- no ha terminado de definir siquiera el marco de las pericias técnicas que establezcan las causas concretas del accidente.

Justicia que es además el encarnizado campo de batalla de todos los sectores que quieren llevar agua para su molino; desde los abogados caranchos que -a minutos del accidente, y cuando aun se desconoían sus alcances- recorrían la estación de Once y los hospitales donde las víctimas eran derivadas, para ofrecer sus servicios, hasta la dirigencia sindical que utiliza la tragedia para validar reclamos legítimos: justamente porque lo son y por respeto a las víctimas, no deberían apelar a ese extremo; pero pasa.

Lo que sí está claro es que -cualquiera sea el veredicto de la justicia en la causa penal en trámite- hay responsabilidades políticas del gobierno, porque gobernar es sobre todo eso: hacerse cargo de las responsabilidades, sino nos pareceríamos a Macri.

Por eso es justo y legítimo que las quejas de los familiares de las víctimas se vuelvan hacia el gobierno, tanto como a la justicia: porque es el gobierno el que tiene la responsabilidad política de dar las respuestas necesarias, para que hechos como el del Sarmiento no vuelvan a ocurrir. 

Y la grandeza de una fuerza política está también en reconocer los errores, y actuar para corregirlos; sin ir más lejos en estos días estamos celebrando la expropiación de YPF que es una muestra contundente de eso. 

Nadie tiene la absoluta certeza de que, si esta medida se hubiera tomado hace un par de años, la tragedia de Once no hubiera ocurrido, porque la realidad es bastante más compleja que las simples y sencillas fórmulas del pensamiento mágico, que creen que todos los problemas se resuelven de un día para el otro.

Lo cierto es que ocurrió, y como decíamos antes, desde ella se parte en este asunto, y hay que ponerse al hombro la responsabilidad de garantizar a los usuarios del ferrocarril (en su mayoría laburantes que viven al día y -por que no hacer constar el dato- votantes de Cristina) viajar en condiciones dignas, confortables y seguras.

Algo que seguramente no será fácil pero hay que poner todo el empeño en garantizarlo: hace un tiempo se reflexionaba en ésta entrada sobre el tema, y las consideraciones que entonces se hicieran, mantienen toda su vigencia.