LA SOMBRA DE COBOS

Mientras en la plaza enfrente a la Casa de Gobierno sonaban las cacerolas, a un par de cuadras la Legislatura alumbraba la reforma tributaria reclamada por el gobierno de Bonfatti, siete meses después de que el Ejecutivo enviara el proyecto.

Primero los Diputados modificaron la media sanción que venía del Senado con 33 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención: la del diputado Darío Mascioli (FPV), que responde directamente al presidente del PJ José Luis Freyre; luego los senadores aceptaron tratar de inmediato el proyecto sobre tablas (moción apoyada por el conjunto de los senadores del PJ), y la votación terminó en un empate (los 8 senadores del FPCyS a favor, los 8 del PJ en contra), que terminó dirimiendo el vicegobernador Jorge Henn; cuyo voto decidió el destino de la reforma; asumida como crucial por el gobierno de Bonfatti.

Entre los 13 diputados de los diferentes bloques del PJ que votaron en contra se contaron los que responden a Oscar “Cachi” Martínez, de “100 % Santafesino”, el obeidismo y los legisladores que responden a María Eugenia Bielsa y el diputado nacional Omar Perotti, los primeros rechazando todo aumento de impuestos, y los últimos oponiéndose en particular al revalúo fiscal de los campos para el Inmobiliario Rural, y a gravar a parte de la industria con Ingresos Brutos.

Los diputados del flamante bloque del PRO votaron a favor en general, para luego oponerse en la votación en particular a los artículos que incrementan la carga tributaria sobre el campo, y la restablecen sobre parte de la industria (la de mayor volumen y facturación), conjugando su apoyo a la sustentabilidad financiera de la administración de Bonfatti, con la defensa de su propia base electoral de sustentación.  

Lo que terminó saliendo recoge el despacho de Diputados, donde los legisladores kirchneristas y los de Producción y Trabajo (que responden a Alberto Maguid, el líder de UPCN) votaron a favor y posibilitaron en definitivas la sanción de la ley; que grava con el 0,5 % de Ingresos Brutos a las empresas que facturan más de 80 millones de pesos al año, establece un 120 % de revalúo de los campos para el Inmobiliario Rural (el Senado había aprobado un 70 %), y deja sin revalúo al Urbano, cuyas cuatro categorías más bajas (casas y departamentos de menor valor) no tendrán aumento.

Una reforma de sentido más progresista que la que había enviado el Ejecutivo, y mucho más aun que la que obtuvo la media sanción original del Senado: basta pensar en que en febrero Bonfatti había aumentado por decreto la alícuota de Ingresos Brutos para las actividades ya gravadas como el comercio y los servicios, pero manteniendo la exención a toda la industria; o contemplaba actualizar los revalúos de los campos pero en forma progresiva en seis años, para evitar el impacto de la medida sobre el pago de Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta (esto alentado por el radicalismo para no favorecer a la Nación con recursos).

Del mismo modo el mantenimiento de la unidad económica agraria mínima (que el Senado había suprimido) evitará que se subdividan artificialmente campos para disminuir la carga tributaria; y la sanción se completa con el gravamen de Ingresos Brutos a la construcción, el adicional a los grandes propietarios de inmuebles rurales y el impuesto a las embarcaciones deportivas que estaban en la propuesta original del Ejecutivo.

En la reforma que en definitivas se sancionó tuvieron una participación destacada los dos legisladores del Movimiento Evita, que lograron encolumnar detrás de la mayoría de sus propuestas al conjunto de los diputados kirchneristas puros (lo que no es un dato menor); y el socialismo debió ceder ante la UCR aceptando gravar con Ingresos Brutos a parte de la industria, así como los radicales en el Senado aceptaron el mayor revalúo de los campos: el propio vice Henn debió convencer a los senadores remisos de su propio partido de apoyarlo, para que la reforma no naufragara.

El Frente Progresista Cívico y Social (que comenzó dividido la discusión de la reforma) terminó cerrando filas ante los apremios financieros del gobierno, mientras que el PJ (que al principio de la discusión miraba desde afuera las desavenencias del oficialismo provincial) evidenció con toda crudeza sus fracturas internas, que la unidad alcanzada en la renovación de las autoridades partidarias no logró disimular: por el contrario, una de las tareas que se autoimpuso Freyre al asumir en el PJ (encuadrar a los bloques legislativos del peronismo provincial) sigue pendiente, y nada hace prever que se logrará en lo inmediato.

Para el PJ la encerrona es compleja: los sectores que acompañaron con su voto la aprobación de la reforma, lo hicieron a favor de una mayor equidad tributaria, con una mayor coherencia respecto de la identidad política tradicional del peronismo y los sectores sociales cuya representación históricamente asumió éste; y de un modo conteste con lo que el kirchnerismo representa como proyecto político, desde su aparición en el 2003.

De hecho, si pudo discutirse un aumento del Inmobiliario Rural sin tractorazos en la Legislatura, es ni más ni menos que porque hubo antes un conflicto con las patronales agrarias por las retenciones móviles que se terminó desgastando socialmente; una ventaja  lograda por el kirchnerismo para el conjunto del sistema político que el socialismo (que se alineó por entonces con el reclamo de la Mesa de Enlace) no supo ni quiso aprovechar, para imponer desde el inicio una propuesta más progresiva de reforma, y eligió priorizar sus compromisos políticos con las patronales del campo (en especial la Federación Agraria), y atendiendo a su propia base electoral.

Sin embargo el kirchnerismo provincial deberá cargar en lo inmediato con el costo de haberle apoyado al gobierno provincial un aumento de impuestos (al menos hasta que la gente común vea que efectivamente no paga más, o que otros más poderosos hacen un mayor aporte), sin obtener a cambio alguna reciprocidad política hacia el gobierno de Cristina, como la propia presidenta se lo reclamó por teleconferencia días pasados a Bonfatti: por el contrario, Binner y Barletta recorren el país en una cruzada anti-reeleccionista (cuando no hay siquiera un proyecto formal en ese sentido planteado por el Ejecutivo nacional); y hasta el propio intendente Corral quiso sacar en la semana estatura de dirigente allende el municipio, polemizando con la presidenta por la distribución de los recursos en Santa Fe, cosa que en rigor debe discutir con el propio gobierno provincial del Frente Progresista.

Por el contrario, los que votaron en contra de la reforma disfrutarán en lo inmediato del rédito de no haber apoyado un aumento de impuestos (discurso enraizado en el peronismo provincial cuando era gobierno hasta el 2007, y que también exhibió De La Sota, con los resultados conocidos para las finanzas cordobesas), pero objetivamente no podrán ocultar que expresaron con su voto una idea del PJ como partido-garante de ciertos privilegios fiscales obtenidos en los 90’ por sectores concentrados de la economía provincial, que hoy deben ser rigurosamente reexaminados.

Del mismo modo la fractura pone en entredicho la viabilidad del acuerdo de unidad partidaria, y no habrá demasiado tiempo para lamentaciones: a más tardar el 30 de septiembre (de acuerdo a las pautas constitucionales), el Ejecutivo provincial debe remitir a la Legislatura el Presupuesto 2013, cuyos números reflejarán el impacto de la reforma por el lado de los recursos, y como se distribuirá el oxígeno financiero obtenido por Bonfatti, por el lado de los gastos.

Se abre allí una nueva discusión que bien podrían aprovechar las distintas fracciones del PJ para intentar saldar sus diferencias (a menos que sean insalvables) poniendo la lupa en los gastos del gobierno, con la autoridad de haberle aprobado la reforma o facilitado su tratamiento; como hicieron incluso los senadores del PJ apoyando la moción de sobre tablas para convertirlo en ley la misma noche que los Diputados lo modificaron.

El Presupuesto se presenta así como la oportunidad por excelencia para un análisis descarnado de los números de la provincia, y si es posible, para meter mano en el mismo remediando en parte los desmanejos financieros de los gobiernos del Frente Progresista; que se traducen además en una menor inversión en términos cuantitativos en áreas críticas (como educación o desarrollo social), y una caída ostensible en la inversión pública, pese a contar con recursos líquidos y disponibles, como el Fondo Federal Solidario que llega de la Nación.

En ese mismo contexto podrían todos los legisladores del PJ poner el foco en discutir el manejo que hace el Frente Progresista de las empresas estatales (la EPE y ASSA); donde el nivel de los recursos no depende -como pasa con los impuestos- de la discusión legislativa, y ha ido creciendo todos estos años a partir de decisiones del propio Ejecutivo (diez aumentos en un caso, seis en el otro); sin que eso se refleje en mayores inversiones y mejores servicios, sino todo lo contrario; como se ha demostrado en este blog en diferentes oportunidades.

Desde el punto de vista estrictamente político, el culebrón de la reforma tributaria dejó también enseñanzas hacia el interior del Frente Progresista: Bonfatti tendrá de ahora en adelante una excusa menos para intentar justificar los ostensibles baches de su gestión, y los radicales  (a partir del voto decisivo de Henn) tienen a mano un ejemplo más actual sobre como debe comportarse un vice en una votación decisiva, en la que está en juego un proyecto crucial para el gobierno del que forma parte; y que (para mayores semejanzas aun) tiene que ver con cargas fiscales que deben afrontar grupos económicos concentrados; del sector agropecuario, para más precisiones.

Sobre todo ahora que están tratando de reinstalarlo a Cobos como candidato en el plano nacional, de cara al 2015, y lo pusieron a recorrer los medios nacionales en la noche de los recientes cacerolazos.