¡ATENTOS POLINO Y GIUSTINIANI!

¿Se acuerdan cuando Cristina sacó este decreto creando un cargo a pagar en las facturas de gas domiciliario para poder financiar la importación de gas durante el invierno, y la extensión de los gasoductos para que llegue a las regiones donde no hay gas domiciliario, como por ejemplo el norte de Santa Fe?

Si no se acuerdan, las refrescamos la memoria: hubo durísimas críticas de los opositores (Pino Solanas, Lozano y Giustiniani amenazaban con un cacerolazo a Olivos), amparos en la justicia y medidas cautelares para no pagar el aumento, que en su mayoría fueron resueltas favorablemente y por eso hay muchos que no lo pagan, y hay que sacar la plata de otro lado para importar gas, y para construir gasoductos.

En ese contexto, tuvo una participación protagónica el ex diputado socialista Polino, con su asociación Consumidores Libres, como vemos acá:

Ahí estaban entonces los argumentos del socialista Polino: no se pueden aumentar tarifas por decreto, hay que hacer audiencias públicas en el Congreso, y si no ir a la justicia a pedir cautelares para no pagar los aumentos, porque además no tienen excepciones, sólo para las personas carenciadas.

Y otro socialista (Rubén Giustiniani) estuvo muy activo en la misma discusión, no solo promoviendo los amparos cuando se dictó el decreto, sino oponiéndose antes a la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a crear el cargo sobre las facturas, en éstos términos: 

"Está claro cuál es la naturaleza de los fondos fiduciarios. Existen desde el año 1994. Estamos diciendo que la tendencia correcta desde un punto de vista económico progresista —no neoliberal— debería ser la disminución progresiva de los fondos fiduciarios y la imputación en el presupuesto de la Nación. Y estamos yendo mes a mes, ley a ley que aprueba el Congreso de la Nación, en un sentido absolutamente contrario.

Creo que hay una arquitectura jurídica en todo esto. Es muy claro. A esta ley le falta el nombre y apellido: Julio De Vido. Está clarísimo. Es así. Tiene todas las características. Me parece que se partió del concepto de decir: Hay que hacer obras, ¿quién paga las obras, cómo juntamos la plata? 

Además, no pueden hablar del plan energético 2004-2008. Alguna pista la tenemos en cómo se va desarrollando todo este debate y en las explicaciones del secretario de Energía. La inmensa mayoría de las obras que se deben hacer ahora son las que no hicieron los concesionarios. O sea, hay un fracaso. Por eso insisto en la discusión de los servicios públicos en la República Argentina. A quince años nos damos cuenta del esquema de los servicios públicos concesionados, porque no se los controló, porque se evadieron los controles y porque las obras de infraestructura que tendrían que haber hecho los concesionarios no las hicieron y ahora hay que hacerlas. ¿Quién las hace? Las paga la gente. Esta es la realidad.

Creo que hay una arquitectura jurídica coherente. Hay una coherencia en esto, en todo lo que estamos aprobando, con estas leyes, en los últimos tiempos. Considero que esta ley abre a una discrecionalidad mayor. Esta ley va en un sentido negativo. Estamos restando la posibilidad de un debate de fondo: de dónde sale el dinero para el desarrollo de la infraestructura básica en el país, quién paga los impuestos en la República Argentina, cuánto de impuestos se paga, cómo se paga y cuál es el destino definitivo de los servicios públicos concesionados.".

¿Se entendió no?: nos vemos en la obligación de hacer las obras que no hicieron los concesionarios de las empresas de servicios públicos, esas obras las termina pagando la gente de su bolsillo, los fondos se manejarán a través de fondos fiduciarios que no se integran al Presupuesto nacional, eso derivará en mayor discrecionalidad y descontrol en su uso, y los fondos fiduciarios públicos deberían desaparecer.

Y para terminar con éste racconto, recordemos también que los socialistas (al igual que los radicales, y el resto de la oposición) le recuerdan al gobierno de Cristina (en cuanta oportunidad tienen) que todos los usuarios de electricidad del país pagan en sus facturas un cargo del 6 por mil que se destina a financiar la interconexión eléctrica de Santa Cruz con el resto del país, de acuerdo a la Ley 23.681 (1989, pero gobierno de Alfonsín, aclaramos desde ya).

¿Y a qué viene todo esto, dirán ustedes? a lo que dice el decreto que encabeza el post, firmado por Bonfatti y Ciancio el 9 de octubre (apenas anteayer), creando un cargo del 5,7 % sobre todas la facturas que recibiremos los usuarios de Aguas Santafesinas (ASSA), destinado a financiar obras de cloacas en la ciudad de Rosario.

A ver si se entiende:

1) Se crea un cargo por decreto para los usuarios de un servicio público, destinado a financiar obras.

2) Ese cargo es para todos los usuarios del área de prestación de ASSA, pero las obras se harán en una sóla de las 15 municipalidades atendidas por la empresa.

3) Los fondos que se recauden por el cobro del cargo serán depositados en un fondo fiduciario, separado del Presupuesto provincial, y administrado por el Banco Municipal de Rosario; que ya fue beneficiario de otros regalitos socialistas.

4) El Banco sólo tendrá que rendir cuentas de la gestión de los fondos cada seis meses, aunque mensualmente deba informar cuanto le depositaron.

5) Las obras las hará (con esa plata) la Municipalidad de Rosario (socialista), pero en realidad las debería hacer hecho la concesionaria (porque eso sigue siendo: una concesionaria, aunque sea estatal) Aguas Santafesinas, que entre el 2008 y éste año obtuvo 8 aumentos de tarifas, para hacer más obras; cosa que ya demostramos acá que es mentira.   

6) Y el nivel del cargo lo determinó Bonfatti por decreto, sin audiencia pública ni nada parecido; y es para todos los usuarios, hasta para las personas carenciadas.

Esperamos ansiosos el firme pronunciamiento de Polino y Giustinani rechazando de plano el decreto del gobierno provincial.

Por las dudas vamos a buscar una silla cómoda.