Ahora resulta que -según esta nota de Clarín- el que intenta por todos los medios dilatar la decisión de fondo en la causa por la constitucionalidad de varios artículos de la ley de medios, es el gobierno y no el propio Grupo.
Que presentó una primera cautelar cuando la ley se estaba discutiendo en el Congreso, y para pedir que no se sancionara (algo que no muchos recuerdan), y que -cuando le rechazaron ésa- presentó la que luego terminaría resolviendo a favor el juez Carbone, y a la que la Corte le puso fecha de vencimiento el 7 D.
Y después que la presentó, tardó otros tres meses en presentar la demanda de fondo (por la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley), y otros nueve meses en comunicarle esa demanda al demandado, es decir al Estado nacional; razón por la cual la Corte computó los 36 meses de la cautelar de Carbone desde diciembre del 2009 y no (como pretendía el Grupo) desde un año después, cuando la Nación contestó la demanda y se trabó la litis entre las partes: lo contrario-dijo la Corte- sería avalar una inconducta procesal de Clarín.
Que ahora nos quiere convencer que el que intenta dilatar una solución sobre el fondo de la cuestión, es el gobierno y no ellos; que estuvieron estas últimas semanas eligiendo juez a gusto, con la ayuda del inefable (e impresentable) Recondo.
Las maniobras que han llevado adelante para lograr un fallo a su favor antes del 7 D evidencian a las claras que eloos (primero que nadie) tienenbien en claro el sentido último del fallo de la Corte: ése día tienen que empezar a desinvertir, no a "contar el plazo de un año para ver cuando y como lo hacen".
Es decir que si las cosas fueran como dice Clarín, no se entiende el apuro de Clarín por asegurarse un juez amigo en el juzgado que dejó vacante Carbone, y que falle lo más pronto posible.
Pero como la cosa se les ha empiojado bastante y la maniobrfa queda muy clara (tanto que hasta la propia Corte Suprema ha decidido tomar cartas en el asunto), ahora etsán preparando el terreno para presentar una nueva cautelar, que vuelva a poner en el freezzer la aplicación de la cláusula de desinversión del artículo 161 de la LSCA.
Y si no vean esta parte de la nota linkeada más arriba de la edición de hoy de Clarín:
Uno de los tantos constitucionalistas de alquiler del Grupo dice que los pedidos del gobierno para que se nombre un juez en el juzgado de Carbone surgido del concurso hecho por el Consejo de la Magistratura (e decir el procedimiento establecido por la Constitución en su artículo 114), anunciando que recusará a Torti como lo iba a hacer con Tettamanti (ambos designados por el "sorteo" de la Cámara Federal), y pidiendo que se admita a la AFSCA (que no estaba integrada al deducirse la demanda original) como parte en el proceso, son "elementos dilatorios de la decisión de fondo".
Y que eso habilitaría el dictado de una nueva medida cautelar, según lo señaló la Corte.
Gil Domínguez se refiere a este parrafito del fallo de la Corte sobre la cautelar promovida por Clarín:
Es decir que la misma parte (Clarín) que pone a sus consejeros serviles en el Consejo de la Magistratura a obstaculizar el nombramiento de un juez para la causa de acuerdo al mecanismo establecido por la Constitución, alegaría que es el Estado el que en realidad está dilatando la solución del fondo de la cuestión; para fundamentar una nueva cautelar, que aspira a que llegue a la Corte Suprema de Justicia si fuera posible.
Garantizando además de ese modo correr hacia adelante la fecha del 7 D, y su obligación de desinvertir; sin que nunca se resuelve el fondo de la cuestión, porque sabe que allí lleva las de perder, como bien lo apunta acá Gerardo Fernández.
Claro que el planteo de Clarín obvia que el propio fallo de la Corte (en varias de sus páginas) desacredita el uso abusivo de las cautelares como estrategias para obtener por esa vía, lo que se sabe que no se podrá obtener por la sentencia de fondo, pero en estos momentos y para el Grupo, esos son detalles.
Habrá que estar atentos y ojalá que nos equivoquemos (al menos en el caso del juez acá quedó claro que muy errados no andábamos), pero esto es lo que se viene en relación a Clarín, el 161 y el 7 D.
Leí la respuesta que me diste en el blog de Gerardo y ahora leo esto y te digo que me resulta por demás engorroso el asunto.
ResponderEliminarQuizás... quizás, la reunión del lunes del C d l M con la Corte Suprema le pegue un corte de plano al asunto.
Es que es engorroso Daniel, de allí que el gobierno está con los ojos atentos de acá al 7 D y después. Lo que pasa es que ahora cualquier juez (más si es subrogante) que falle será sospechado, lo haga como lo haga. De todos modos es menos malo el sistema del segundo sorteo de la Cámara (un juez por semana) porque en principio esos subrogantes no podrían fallar, sino resolver lo que se dicen providencias de mero trámite. Aunque eso sería lo que está buscando aprovechar Clarín (su plan B digamos) para pedir una ampliación del plazo de la cautelar. veremos como sigue, esto es una partida de ajedrez.
ResponderEliminaryo me pregunto, cuando Clarín no exista mas...
ResponderEliminara quien le van a echar la culpa?
¿La culpa de qué concretamente, de que haya un sólo grupo tenga casi 300 licencias de radio, TV y cable?, si acatan la ley, a nadie. Pero el problema es que no quieren. En todo caso hagamos la prueba: primero que no exista más Clarín (en tanto pulpo con 300 tentáculos), y después vemos.
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