LA SOLEDAD DEL NO PODER

El escándalo Tognoli continuó marcando la pauta del panorama político provincial, y sus consecuencias se trasladaron al Congreso de la Nación durante la discusión por el derecho al voto para los jóvenes de 16 a 18 años; con el discurso de Andrés Larroque y la retirada de los bloques opositores antes de la votación.

Y pasadas dos semanas de que el escándalo estallara, el gobierno de Antonio Bonfatti sigue sin vislumbrar una salida al atolladero en que quedó colocada su política de seguridad, y la propia figura del gobernador (en tanto responsable de gestionar la administración del Estado provincial) queda opacada por las implicancias políticas del caso: el abosrbente protagonismo mediático de Hermes Binner (consistente con la lectura política que hace el socialismo del asunto) llevó hasta suponer que fue él (que lo sostuvo cuatro años al frente de Drogas Peligrosas), y no el actual gobernador, quien designó a Tognoli al frente de la Policía de la provincia.

Ya desde las primeras horas en que el caso vio la luz, el socialismo ensayó una línea de defensa del ex jefe policial (y a través suyo, de lo actuado en materia de seguridad desde diciembre del 2007) consistente en atribuir todo el problema a una operación política del kirchnerismo, para desgastar a la gestión de una provincia conducida por la oposición, pero con el transcurso de los días ese discurso (hecho carne primero en los comunicadores afines, luego en toda la dirigencia partidaria provincial y nacional) fue virando: según el discurso oficial de quienes gobiernan Santa Fe, el gobierno nacional está detrás de todo, y sus cañones apuntan contra la figura de Hermes Binner por sus crecientes chances electorales en las legislativas del año que viene, y en las presidenciales del 2015.

O peor aun. mezclando ambos aspectos de un modo confuso, como lo hace acá el propio Binner. 

De allí que fuera el propio Binner y sus socios nacionales del FAP los que cobraran protagonismo mediático en desmedro del propio Bonfatti, que del silencio de las primeras horas del conflicto pasó a un completo segundo plano; a punto tal que hasta acá, las únicas medidas oficiales que adoptó el gobierno que conduce al respecto, fueron los movimientos en la cúpula política del Ministerio de Seguridad (más efectistas que efectivos) y el simple movimiento de figuras escalones arriba en la jefatura de la Policía, con los cuestionados encumbramientos de Cristian Sola y José Luis Romitti (ambos sometidos a investigación, como lo admitió el propio ministro Lamberto en la Legislatura), éste último jefe de Drogas Peligrosas en reemplazo de Tognoli, hasta la defenestración de éste del comando de la fuerza. 

O el reciente anuncio del nuevo Secretario de Seguridad de poner (por fin) en marcha la nueva ley del personal policial sancionada en el 2006 durante el gobierno de Obeid, para que los acensos en la Policía se produzcan por concurso, y con jurados civiles: ¿qué les impidió a los gobiernos de Binner primero y Bonfatti después aplicarla, si no su pacto con las sucesivas cúpulas policiales? 

Como sea, y ciñéndonos estrictamente a las decisiones adoptadas y no a los anuncios, parece demasiado poco ante la magnitud de los problemas, como para revertir en lo inmediato el daño que el caso a causado a la imagen del gobierno provincial; que además carga con otros problemas: tras casi dos semanas de toma de escuelas técnicas, el conflicto pareció encontrar un cauce de solución cuando el Ministerio de Educación que conduce Leticia Mengarelli cedió en toda la línea a los reclamos de los alumnos, padres y docentes movilizados, tras haberse negado por días a considerar siquiera sus demandas.

Es difícil no asociar la salida del conflicto educativo con la necesidad del gobierno de Bonfatti de descomprimir otros frentes de conflicto, ante lo explosivo del que plantea la seguridad y la crisis policial.

Al mismo tiempo un cuestionamiento del diputado obeidista Mario Lacava en la Legislatura sobre el incumplimiento de los planes de inversión de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas para éste año, terminó con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas provincial reconociendo que era cierto, pero echándole la culpa (para variar) al gobierno nacional, por no remitir a la provincia los fondos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Un argumento remanido (tanto en lo general de la victimización, como en el particular del déficit previsional), que no acierta a explicar cómo el socialismo no puede mejorar el desempeño de las empresas públicas y el nivel de los servicios que prestan, pese a cinco años de constantes y sostenidos aumentos de tarifas decididos con esa excusa, mientras se mantenían (y se mantienen aun) los subsidios nacionales a las tarifas, al menos en el tema de la electricidad.

La inminente discusión del Presupuesto 2013 en la Legislatura avivará la polémica al respecto, sobre todo porque el nivel de transferencias del Tesoro provincial a las empresas públicas para obras e inversiones disminuye en términos nominales respecto a éste año.

Y hablando de la Legislatura, sobre el filo de la semana todos los bloques del PJ en la Cámara de Diputados convergieron en un mismo sentido (algo indicativo del efecto que provocó el caso Tognoli, al otro lado del mostrador) para darle sanción definitiva a la declaración de emergencia de seguridad de la provincia que venía del Senado; conteniendo una serie de medidas a aplicar en las políticas del área, que seguramente generarán polémicas con el gobierno, y que no tuvieron el acompañamiento de los legisladores del Frente Progresista en ninguna de las dos Cámaras.

Podrá cuestionarse o no el acierto de cada una de las medidas contenidas en la ley sancionada (que incluso promueve la remoción de la actual cúpula policial, cuyos miembros se hallan como se dijo bajo sospecha e investigación), pero lo cierto es que marcan un rumbo y acciones concretas para encarar los graves problemas de inseguridad de la provincia.

Y lo colocan a Bonfatti en la ineludible obligación de ejercer su rol constitucional como gobernador, empezando por decidir si promulga la ley y le da cumplimiento, o (lo que parece más probable) la veta por considerar que avanza sobre sus prerrogativas como titular del Ejecutivo: en cualquier caso, para resolver que hacer deberá dejar de lado las teorías conspirativas que circulan a su alrededor, y que más allá de cualquier discusión sobre su consistencia y veracidad, poco ayudan en la difícil tarea de gobernar.

Tarea que el socialismo ha asumido en Santa Fe hasta el 2015 (como Cristina en la Nación), y de la depende la suerte electoral del FAP en las elecciones del año que viene, y en las futuras presidenciales, mucho más que de cualquier operación mediática a favor o en contra de la figura de Hermes Binner y su construcción política.

Construcción que además el propio Binner y su variopinto arco de Pymes progresistas deberán resolver si incluye o no a la UCR, como pasa en Santa Fe con el Frente Progresista Cívico y Social; sin dejar de señalar que la hipótesis conspirativa con la que el socialismo intenta correrse del foco del caso Tognoli le provee al radicalismo (en la provincia y en la Nación) una formidable herramienta para diluir sus responsabilidades concretas en las mediocres gestiones provinciales santafesinas (la del propio Binner y la actual de Bonfatti), y en los graves problemas que han tenido en la gestión de la seguridad y el manejo de la fuerza policial.

Y si no que le pregunten a Barletta (silente en la materia desde que estalló), que aunque más no sea por vínculos familiares, algo conoce del asunto.