RELACIONES PELIGROSAS

La nota de Infobae a la que corresponde la imagen revela bastante de como funciona la justicia federal (en general la justicia en la Argentina), y en  particular el fuero civil y comercial de la Capital Federal.

Que es el fuero que vino entendiendo en la causa de la ley de medios, al igual que otras sensibles para el poder económico (como la de las irregularidades en la gestión societaria de Papel Prensa), y que interviene también en la que se abrió a partir del reclamo de la Rural por la anulación de la venta del predio de Palermo dispuesta por éste decreto de Cristina. 

Aunque una jueza de primera instancia rechazó hoy la demanda de la Sociedad Rural para obtener una cautelar que suspenda los efectos del decreto y los exima de devolver el predio, su decisión fue apelada y deberá ir a la Cámara; donde el destino de la causa es incierto.

No habría que hacerse muchas ilusiones incluso con el hecho de que ya estemos en feria judicial, porque ésta misma justicia (y en especial esos jueces y ese fuero) han demostrado que manejan con su propio criterio lo que es y no es urgente.

Y encima ahora tienen el mal ejemplo de la Corte en la causa de la ley de medios, como bien se señala en ésta nota de Irina Hauser en Página 12 de hoy.

Jueces que reciben regalitos de empresas y no lo ven mal (al menos no tanto como para excusarse), o que si son recusados, resuelven ellos mismos la recusación y siguen adelante.

Que participan de las roscas internas del Poder Judicial, hoy institucionalizadas a través de la propia Constitución con el Consejo de la Magistratura; como Recondo.

O como Luis María Cabral, que preside la Asociación de Magistrados e integra también el Consejo en representación de los jueces; pero que integra además la sala de la Cámara Nacional de Casación Penal que acaba de sobreseer definitivamente a De La Rúa por las muertes de diciembre del 2001.

No sería de extrañar que estos camaristas habiliten prontamente la feria judicial para tratar la apelación de la Rural, y le hagan lugar imponiendo una cautelar para que no se aplique el decreto de Cristina, y no tengan que devolver el predio.

Más difícil sería si el Estado les hiciera juicio a los agrogarcas para cobrarles los 157 millones que le deben como parte de pago aun pendiente; tanto como es difícil que el diario La Nación pague los 167 millones de pesos que le debe a la AFIP, causa cajoneada en la Corte Suprema hace más de un año como recordaba ayer Cristina.

E incluso es probable que nos enteremos con el paso de los días que los camaristas tienen campos, o son cabañeros, o socios de la Rural, ellos o sus parientes, y siguen entendiendo en la causa, como si tal cosa: no habría que extrañarse en absoluto.

Esta es la justicia que tenemos, colonizado (sobre todo en determinados fueros) por el poder económico, a cuyos intereses es mucho más sensible que a a las presiones del poder político, como el cuentito que nos cuentan a diario los "republicanos" de todo pelaje.

Y de esto hay que empezar a hablar también cuando hablamos de democratizarla.