CON EL NARCOESCÁNDALO ESTÁBAMOS MEJOR

Cuando el gobierno de Bonfatti dispuso hace poco la remoción de la cuestionada cúpula policial (a la que defendió con tesón durante meses luego del estallido del escándalo Tognoli), seguramente estaba pensando en algo más que la crisis de seguridad que atraviesa Santa Fe.

Buscaba además descomprimir tensiones políticas para el momento en que empezara la discusión con los gremios estatales en paritarias, suponiendo que podía encontrarse allí con algún probable frente de conflicto. 

Aun así, el desenlace de la discusión parece haber sorprendido al gobierno: lo que debía haber sido un proceso de discusión empezó y terminó rápidamente, con una oferta unilateral del gobierno (un 24 % de aumento, desdoblado en un 15 % a partir de marzo y el 9 % restante a partir de julio) rechazada de plano por los diferentes gremios que agrupan a los estatales santafesinos; y la coincidencia unánime en lanzar medidas de fuerza para la semana que viene.

Por supuesto que el gobierno argumenta que el incremento ofrecido es el máximo que puede sostener con los recursos con que cuenta, pero al mismo tiempo se bolacea (por decirlo claramente) sobre el impacto que tendría en las cuentas públicas: se habla (lo dijo el propio Bonfatti) de unos 200 millones de gasto adicional por cada punto de incremento salarial; omitiendo que la oferta -si fuera aceptada tal cual fue formulada- se distribuye en dos etapas, y no abarca la totalidad de los sueldos del año; para medirlo en términos del Presupuesto 2013, que espera en Diputados su sanción definitiva. 

Un presupuesto que contempla gastos por casi 40.146 millones de pesos, y en el que la incidencia del gasto en "Personal" (sin contar las nuevas políticas salariales surgidas de las paritarias) está estimada en un 40,91 % del total; cifra que hay que confrontar con las de la ejecución del 2012 al 30 de noviembre pasado (último dato disponible), en que ese rubro del gasto se llevó el 43,96 % del total de las erogaciones.

Lo que implica que la discusión entre el gobierno provincial y los gremios estatales giraría en torno al destino de tres o cuatro puntos porcentuales del presupuesto (si se considera además la parte proporcional que insumen los subsidios a la educación privada, destinados al pago de sueldos); o poco más.

Cosa que puntualizamos porque se han tirado cifras astronómicas al respecto (acá se hablaba por ejemplo de 23.000 millones de pesos, más de la mitad del Presupuesto, sólo el costo del aumento ofrecido), y porque el debate al respecto cruzará la discusión del Presupuesto 2013 que está empantanado en la Cámara de Diputados: el gobernador dijo que la única forma de solventar los aumentos a los estatales es sacrificando los niveles de la obra pública, que están planteados en el proyecto que discuten los diputados. 

Algo que por más exagerado que sea planteado en esos términos, sucede todos los años: el Presupuesto tiene siempre dibujados ambiciosos números en materia de inversión pública, que luego quedan de lado con el transcurso de su ejecución; cuestión que el Ejecutivo subsana muy republicanamente apelando a los tan criticados (cuando los usa la Nación) "superpoderes" para cambiar partidas; apelando incluso a forma de "contabilidad creativa" para sortear las vallas legales que impiden captar partidas de gastos de capital (como la obra pública), para atender gastos corrientes (como el pago de los sueldos).

La particularidad en todo caso de éste 2013 (además de ser un año electoral), es que la discusión salarial con los trabajadores estatales sorprende al gobierno con el presupuesto correspondiente en discusión legislativa, y los diputados tienen la certeza (confirmada por los dichos del propio gobernador) de que, al analizar el mensaje enviado por el Ejecutivo, están estudiando un dibujo que ningún vínculo tiene con la realidad de las cuentas públicas provinciales.

Dibujo que hay que decir además, y contra lo que podría pensarse, el gobierno de Bonfatti no tiene ningún apuro en que sea aprobado: la prórroga del Presupuesto 2012 hasta tanto se sancione el correspondiente a éste año le permitirá a la administración socialista disponer de los remanentes del Fondo de Obras Menores (que se retacearon a los municipios y comunas según se explicó acá), y mantener el mecanismo de financiación del déficit del año pasado mediante la emisión de deuda flotante con proveedores y contratistas, según detallábamos acá.     

Claro que el alivio financiero es una cosa, y la tranquilidad política muy otra: si hay algo no recomendado para un año electoral, es un panorama de nubarrones provenientes de conflictos gremiales generalizados; del que se sabe como se entra, pero nunca cuando y como se sale.

Algo que preocupa bastante al socialismo; incluso más que las repercusiones del caso Escajadillo a partir de la presentación del periodista Carlos Del Frade en la Cámara de Diputados, el demorado anuncio de la convocatoria electoral por parte de Bonfatti (para saber además si las elecciones provinciales van o no juntas con las nacionales, y si se usa o no la polémica boleta única) o el cierre del armado electoral oficialista para diputados nacionales (con o sin los radicales en la misma lista, y quien ocupará el primer lugar entre Biner y Barletta).

Al punto de que no sea descabellado arriesgar que en torno a Bonfatti estén añorando los tiempos del narcoescándalo; en los que al menos podían remarla en los medios amigos diciendo que el narcotráfico es un delito federal, o que falta Gendarmería en las rutas de la provincia.