¿PARA QUIÉN JUEGA EL GOBIERNO SOCIALISTA?

Se puede leer en distintos medios locales y nacionales, como en ésta nota de Ambito Financiero, las declaraciones del Director de Comercio Interior de la Provincia de Santa Fe, donde el funcionario plantea que NO se va a cumplir en ésta Provincia, el acuerdo de precios celebrado entre el Gobierno Nacional y las cadenas de Supermercados, por el cual se dispuso el congelamiento de precios desde el 1 de Febrero al 1 de Abril de 2013.

El funcionario en cuestión (que ya a las pocas horas de celebrado el acuerdo, manifiestara sin ningún fundamento por los medios locales que el acuerdo aquí no se cumpliría),  ahora busca argumentos, y agrega que  “No hay legislación que nos dé potestad para sancionar a un negocio por aumentar precios", explicó Leonardo Gianzone, director de Comercio Interior de Santa Fe. "No se puede aplicar la 'tolerancia cero' propuesta por Moreno porque no hay ley de precios máximos en el país".

Si se celebró un acuerdo con las cadenas de supermercados, acuerdo voluntario naturalmente, donde se estableció la no modificación de precios durante un lapso de tiempo (01/02/13 al 01/04/13), resulta irrelevante que en el país no exista un régimen de precios máximos, como argumenta el funcionario.

Las cadenas se obligaron a mantener los precios durante dicho lapso en todo el país, y por lo tanto esa obligación resulta exigible en la Provincia de Santa Fe, a no ser que el gobierno socialista haya implementado la secesión de la Provincia, y los santafesinos habitemos un paìs diferente a la República Argentina.

Es muy extraña por eso la interpetración jurídica del funcionario. Además, en la Provincia de Santa Fe, conforme Decretos 762/85 y 850/94,  la Dirección General de Comercio Interior resulta la autoridad de aplicación de normas nacionales de comercialización, entre ellas la Leyes 22.802 (Lealtad Comercial), 20.680 (Abastecimiento), 19.511 (Metrología Legal) y 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) y sus normas complementarias.  

El organismo que conduce Gianzone, resulta autoridad de aplicación en la Provincia de los aspectos referidos a comercialización, aspectos entre los cuales, naturalmente, está inlcuído un acuerdo de precios como el celebrado por el Gobierno nacional para que rija en todo el territorio del país.

Porque si los precios acordados no se respetaran, se estarían vulnerando los derechos de los consumidores consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor), ley de la cual el organismo que conduce Gianzone es autoridad de aplicación.

Frente a un incumplimiento en los precios acordados y publicados, es decir ofertados,  justamente es la Dirección de Comercio Interior, el único organismo en la Provincia facultado para aplicar una sanción, en base a los arículos 7 y 8 de la Ley 24.240.   Como asimismo, también está facultado para obtener las constancias de ese incumplimiento y remitirlas al Gobierno Nacional, más precisamente a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación.

Lllama la atención que quien debería desempeñarse en su función pública  preservando los derechos de los consumidores, por cuestiones solo de oposición política al Gobierno Nacional, termine resultando funcional a los intereses de los supermercadistas, y perjudique a los consumidores de la Provincia, a quienes debería defender desde su organismo.

Pero claro, esta posición y estas declaraciones, inevitablemente tienen que estar avaladas por el Ejecutivo Provincial, que si tuviera otra óptica sobre el acuerdo de precios o sobre los intereses en juego y los derechos de la gente, no permitiría que un funcionario de tercer nivel fijara publicamente una posición tan llamativa.

Esto es orden de Bonfatti.

Por eso en Santa Fe, ya no nos preguntamos para quien juega el Gobierno Socialista. Porque sabemos para quien juega.