A partir de la difusión ayer del IPCNU de febrero, leemos en Ambito Financiero que
"Canaleta" Sanz propone que el gobierno modifique la ley de movilidad
jubilatoria, para aumentar los haberes de los pasivos cuatro veces al año y no
dos, como es hasta ahora.
Desde la modificación de los índices
oficiales de inflación, no son pocos los que comparan la inflación
enero-febrero con el aumento a los jubilados correspondiente al último semestre
de la movilidad; haciendo la misma que hace Massa con el proyecto de Código Penal: fulbito para la tribuna.
Los aumentos
semestrales de la ley de movilidad fueron desde el 2009 la mejor paritaria:
estuvieron por encima de cualquier índice inflacionario,
incluyendo el mayor de las "consultoras privados". De lo contrario el poder de compra de los
jubilados en todos estos años no habría acompañado la.demanda como lo
hizo.
De modo que si van a hacer la comparación de los aumentos jubilatorios con la inflación, háganla en todo el período chicos, de lo
contrario -para variar- no son serios.
Pero además la ley
de movilidad (que la opo votó en contra, para variar) cumplió con el mandato
constitucional de reajustar los haberes, mientras (y esto es lo más importante) se pudo cumplir y pagar los aumentos; porque tiene en cuenta como funciona el sistema previsional, sus recursos y sus
beneficiarios.
La fórmula toma los recursos del sistema y los divide por el número de beneficiarios:
reparto solidario de lo que hay.
Por el lado de los
recursos considera la parte de la recaudación tributaria afectada a la
seguridad social (el 15 % de la coparticipación). Y además las
contribuciones de la seguridad social (aportes personales y contribuciones
patronales).
Lo que no dice por ejemplo Sanz es que su partido propone restituirle a las provincias la parte que aportan de ese 15 % de la masa coparticipable para la ANSES, con lo cual (como explicamos acá por ejemplo) los aumentos a los jubilados serían menores.
La fórmula de ajuste también considera
la variación de los salarios en el período conforme al INDEC o el RIPTE del Ministerio de Trabajo, el que sea mayor; lo que implica que
también atiende al componente de la movilidad del salario de los trabajadores registrados (por las paritarias), y la tasa de
sustitución, o sea la relación entre el haber jubilatorio y el sueldo que percibe el trabajador en actividad.
Tasa sobre la que gira el reclamo del famoso 82 % móvil; y que era del 43 % al
iniciarse en 2009 la aplicación de la fórmula y es del 65 % promedio hoy, para
los jubilados sin moratoria; aquí pueden ver la evolución hasta el 2012, y hace unos días lo acaba de
reconocer la CIDH como un logro de la Argentina en estos años, porque además bajó notoriamente la tasa de
litigiosidad del sistema porque las jubilaciones crecieron más
que los salarios: desde el 2009 para acá hay menos juicios por reajuste de haberes, y sólo el 0,18 % de los jubilados que obtuvieron el beneficio el año pasado iniciaron juicio por haberes mal liquidados.
Por eso al revés de lo que dice Sanz la ley de
movilidad fue -desde que entró en vigencia- la mejor paritaria.
Si sólo se atiende
a la tasa de sustitución (con planteos como el del 82 % móvil) sin considerar
los recursos del sistema y la cantidad de beneficiarios
que debe atender, ya sabemos como termina la historia: con la solidaridad
previsional de Alfonsín suspendiendo la movilidad de los haberes y
los juicios por reajuste por DNU (ver acá la información), con los Bocon de Menem para pagar las deudas previsionales, o con el descuento del
13 % de De La Rúa.
Lo mismo pasaría si
las jubilaciones se ajustaran por inflación: suena muy lindo pero es impagable.
Y los chantas que lo proponen lo saben; porque además las jubilaciones y pensiones representan más del 38 % del total de los gastos del Estados nacional.
Una aclaración que se hace imprescindible ante las previsibles zonceras del estilo "no hay plata para los jubilados, pero sí para el "Fútbol Para Todos"".
Y si no se modifican los componentes de la fórmula (descriptos más arriba) los cuatro aumentos anuales que propone Sanz arrojarían los mismos porcentajes que hoy dan los dos aumentos semestrales.
Pero si esos chantas (como Sanz) que ahora parecen preocupados por los jubilados fueron alguna vez gobierno (como los radicales) e hicieron todo lo contrario en realidad
más que chantas son reverendos hijos de puta.
Es el último hit; cualquier derechoso de terror nos corre por izquierda.
ResponderEliminarYa que estamos hablando de jubilaciones y pensiones, y en tanto que es integrante de la UCR justiciera, preguntémosle a Mario Domingo Barletta, especialista en desfinanciar la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, que cuando asumió tenía una deuda de 7 millones de pesos y cuando se fue debía 42 millones. Tanto es así, que don Corral tuvo que solicitar un préstamo de 16 millones al Nuevo Banco de Santa Fe para pagar enero y febrero 2014.
ResponderEliminarA ese ritmo, tiemblo por nuestros haberes y de nuestros viejos municipales.
Son hermanos dilectos de Lerche y Moncagatta e hijos de Fernando de la Rúa.
Coincido con uds. no son chantas son tremendos hijos de un millón de putas.
Un municipal indignado con este soretal UCR.