Sobre el amparo presentado por las principales estrellitas del multimedios en la justicia para impedir su adecuación de oficio a la ley de medios, leemos en el editorial de hoy de la tribuna de doctrina: "En la acción iniciada se han invocado varios precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se tuteló el derecho a la libertad de expresión de los comunicadores sociales. El caso más paradigmático es el de "Ríos vs. Venezuela", del 28 de enero de 2009, mediante el cual un grupo de periodistas sostenía que el cierre del canal RCTV para el que trabajaban constituía la "concreción de las amenazas" que habían tenido lugar desde fines de 2006, debido a la línea independiente del medio. Consideraban también que el gobierno chavista los hostigaba y perseguía acusándolos de "perversos, mentirosos, inmorales, golpistas, fascistas y terroristas". Por haber concertado, "una acción contra el gobierno de Venezuela, contra el pueblo, las leyes y la República", la Corte Interamericana entendió que se estaba frente a un supuesto de censura por medios indirectos y les dio la razón.".
Cuando los "periodistas" presentaron el amparo en la justicia, decíamos nosotros acá: "La otra parte de la estrategia del amparo de las estrellitas del Grupo es habilitar la instancia de la CIDH, ante la cual no pueden comparecer las empresas o grupos económicos (por eso Clarín no pudo cumplir su amenaza de demandar allí al Estado argentino, tras el fallo de la Corte declarando constitucional la ley), pero si los ciudadanos (personas físicas)"
Ver al efecto lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 44: "Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte." (las negritas son nuestras); recordando a su vez que el artículo 61 inciso 1) del mismo Pacto señala: "Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.".
La presentación de Lanata y compañía es entonces -como se ha dicho acá- un "Plan B" del magnettismo que va madurando para el caso -hipotético y eventual- que no puedan seguir obstruyendo en la justicia la adecuación forzada a la ley de medios.
Lo curioso del caso que el amparo se basa en que temen perder sus trabajos si se produce la adecuación forzada, porque -sostienen- los medios de los que deba desprenderse Clarín serían comprados por empresarios afines al gobierno, que los despedirían; afectando "la libertad de expresión".
Y es curioso porque no tienen el mismo temor si se cumpliera el plan de adecuación voluntaria propuesto por el propio Grupo Clarín; por el contrario: en ese caso están seguro de conservar sus empleos, incluso en los mismos medios y programas en los que están actualmente.
Cosa muy extraña, tratándose de empresas privadas que invierten plata en los medios, y tienen todo el derecho del mundo a imponer su propia línea editorial, y elegir a los periodistas que la expresen.
A lo mejor ahí -en las seguridades de Lanata, Morales Solá, Leuco, Van Der Kooy y demases, de conservar sus cabezas -esté justamente la prueba más rotunda de que el supuesto "plan de adecuación" de Clarín es una reverenda truchada, para dejar todo como está.
Que es justamente lo que sostiene la AFSCA.
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