EL CITI BANK Y UN ACUERDO SIN VALOR LEGAL

Por A.C.

El Citibank Argentina, como cualquier entidad financiera que opera en el país, está sujeto a la  legislación nacional y a las normas regulatorias del sistema financiero argentino. Estas entidades bancarias cuyas casas matrices radican en el extranjero, en el caso del Citi con sede central en EE.UU., operan entonces en Argentina bajo la legislación de nuestro país.

Por esa razón, porque estas entidades están regidas bajo la ley argentina, cuando durante el recordado gobierno de la Alianza a fines del año 2001 se implementó la inolvidable medida denominada “corralito”, los bancos extranjeros radicados en el país no devolvíeron a los ahorristas sus depósitos en dólares.

Ninguno de éstos bancos invocó en el 2001 estar exento de la normativa argentina. Al contrario, en base a dicha normativa se quedaron con más de 40.000 millones de dólares que los ahorristas argentinos tenían depositados en plazos fijos. Tampoco le requirieron a sus casas matrices que les enviaran los dólares necesarios para reintegrar los depósitos a los ahorristas, ante las restricciones que ordenaba entonces el Banco Central a instancias de Cavallo. Sostuvieron que eran entidades argentinas desvinculadas de sus centrales, y por eso no devolvieron los depósitos. Y pudieron no hacerlo porque estaban y están sujetos a la normativa nacional.

Esta indiscutible situación legal explica que el “acuerdo” firmado en el juzgado de Griesa entre el Citibank Argentina y NML, el fondo buitre de Paul Singer, es de ningún valor legal en Argentina.

Por este “acuerdo” dictado por Singer, Citibank se compromete a dejar el negocio de custodia de bonos y a desistir de la apelación que presentara contra el fallo de Griesa. Y a cambio de esto, el fondo buitre le permite al Citi pagar los próximos dos vencimientos, de fines de marzo y junio de 2015.

El Citibank Argentina se obliga -ante un juez extranjero- a abandonar el negocio de custodia o administración de bonos en Argentina, negocio que se rige por ley argentina. Para ello, para salir de la actividad de custodia, de acuerdo a la ley argentina el Citi necesita la autorización de la Comisión Nacional de Valores, autorización que no tiene.

Por lo tanto, se está obligando a hacer algo que no está en condiciones de cumplir. Y como si abandonara el negocio sin la autorización de la CNV estaría violando la ley argentina que lo rige, el acuerdo no tiene ningún valor.

En el medio de todo, aunque el Citi parezca olvidarlo, están los bonistas, los dueños del dinero que el Citi custodia bajo ley argentina. En resguardo de los intereses de los bonistas, la CNV tiene la obligación de actuar, porque de lo contrario, estaría siendo cómplice de la maniobra del Citi, que no deja en claro adonde irán esos bonos cuando deje la custodia. ¿Qué harán los ejecutivos del Citi con el dinero que -vía Caja de Valores- el Banco Central deposita  en el Citi para que cobren los bonistas? ¿Se lo llevarán a la casa, o lo convertirán en vapor a través de transferencias virtuales con destino desconocido? No sería la primera vez.

Y la ley argentina rige no solo para la entidad, sino también para quienes actúan en nombre de la misma, para la conducción del Citi. Y hay responsabilidades penales.

Por estas razones, conforme a la ley, la CNV suspendió preventivamente al Citi en sus operaciones bursátiles en Argentina, porque la conducta de la entidad bancaria demuestra la clara intención de violar la ley argentina.

La vigente Ley 26.831 de Mercado de Capitales, obliga a la autoridad regulatoria a impedir éstas conductas, en resguardo de los derechos de los dueños de los bonos, los ahorristas. (*)

Antes del 31 de marzo -fecha de pago de los títulos- habría una reunión de la CNV con las autoridades del banco. De persistir el Citi en su ilegal conducta, el paso legal posterior a la suspensión preventiva, es la revocación de la autorización para operar. 

Y ello implicaría la aplicación de sanciones a las autoridades del Citi, que pretenden justificarse en un acuerdo sin ningún valor para el derecho argentino.

(*) El artículo 141 señala: "Cuando fundadamente se advierta la existencia de situaciones de riesgo sistémico, u otras de muy grave peligro, la Comisión Nacional de Valores podrá suspender preventivamente la oferta pública o la negociación de valores negociables, otros instrumentos financieros y la ejecución de cualquier acto sometido a su fiscalización hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida. Dicha medida también podrá adoptarse al iniciarse la investigación o en cualquier etapa del sumario."