EMERGENCIA, SECRETOS Y CURROS

Finalmente se publicó en el Boletín Oficial el texto completo del decreto (no DNU) -ver acá- que declara la “emergencia en seguridad” por el término de un año, “la que podrá ser prorrogada fundadamente” sin que se indique por cuanto; y se supone que también por el Poder Ejecutivo; dado que no contempla participación alguna del Congreso.

El decreto lleva el número 228 de fecha 21 de enero, y la firma de Gabriela Michetti a cargo del Poder Ejecutivo: ¿un modo de intentar despegarlo a Macri de la decisión si las cosas salen mal? Si la situación es tan apremiante como para declarar la emergencia ¿no debió haberlo firmado el presidente antes de partir hacia Davos?

En otra entrada analizábamos acá la cuestión del “derribo” de aeronaves sospechosas y a lo dicho nos remitimos, con un agregado: el decreto dice textualmente que “...resulta también necesario renovar la vigencia de los protocolos para la defensa del espacio aeroespacial ya utilizados en los últimos DIEZ (10) años en NUEVE (9) oportunidades diferentes mediante los Decretos Nros. 1345/05, 912/06, 1052/08, 1134/09, 621/10, 1103/10, 1842/10, 971/12 y 2415/14.”.

Todas cumbres internacionales con presencia de mandatarios extranjeros, por tiempo limitado y especificado en cada uno de los decretos, encuadrados todos ellos y los respectivos operativos en la Ley 23.554 de Defensa Nacional y con participación exclusiva -como corresponde en esos casos- de las Fuerzas Armadas.

Traspolar esos precedentes a cuestiones de seguridad interior implica -como decíamos en el post anterior- borrar totalmente los límites entre ésta y la defensa nacional, que las Leyes 23.554 y 24.059 delimitan taxativamente.

Para prueba de lo expuesto, dice el decreto en sus considerandos: “Que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional.”. Es decir la adopción en un documento oficial del Estado argentino de la doctrina del Comando Sur del Ejército de los EEUU, que pone al narcotráfico entre las hipótesis de conflicto de la defensa nacional; y por ende involucra en su combate a las Fuerzas Armadas.

Cita el decreto una Acordada de la Corte Suprema del año pasado sobre el problema del narcotráfico, que no dice absolutamente nada de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior; e incorpora en su parte resolutiva como “delitos complejos” que justifican la declaración de emergencia los delitos contra la Administración Pública (malversación de caudales, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, dádivas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos), de los que no dice absolutamente nada en los considerandos a modo de fundamento de su inclusión junto a otros, como el narcotráfico o la trata de personas. Un burdo guiño al electorado cacerolo que reclama un “mani pulitte” para los funcionarios del kirchnerismo.

Por contraste, llamativamente entre los “delitos complejos” que justificarían la declaración de emergencia no menciona al lavado de dinero, que es ahora un delito autónomo en el Código Penal; y a la inversa que en el caso de los delitos contra la Administración Pública, señala en los considerandos que “...deviene necesario proyectar políticas integrales de asistencia a las víctimas del crimen organizado..”, políticas que están por completo ausentes en la parte resolutiva, y a nadie se le encomienda proyectarlas.

Entre los delitos que motivan la emergencia aparece la “asociación ilícita para cometer delitos con fines políticos”: ¿otro paso hacia la criminalización de la protesta social y la militancia opositora, en la línea de la persecución a Milagro Sala?

Dos datos de color: el primero es que dice el decreto que “...el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) ha permitido contar desde el 16 de marzo de 2015 al 11 de enero de 2016 con guarismos ciertos de estadísticas criminales...” y que “...en orden a los resultados obtenidos, resulta conveniente invitar a las autoridades provinciales, que aún no lo han hecho, a integrarse al SIFCOP.” ¿No era que tuvieron que decretar la “emergencia estadística” porque el kirchnerismo había destruido las estadísticas públicas?

El otro está en el artículo 8: “Las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes, lo harán al Registro Único de Análisis de Nacotráfico (RUAN) creado por la Resolución del ex Ministerio del Interior N°788/07.” (las negritas son nuestras) La resolución de marras fue firmada por Aníbal Fernández, cuando era Ministro del Interior de Néstor Kirchner.

Pero el verdadero propósito de la “emergencia en seguridad” está contenido en el artículo 19 del decreto, que dice textualmente: “Déjase establecido que la presente declaración de emergencia de seguridad pública encuadra dentro de las excepciones previstas por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios en su artículo 25, inciso d), apartados 5° y 6°.”

El Decreto 1023/01 es el reglamento de contrataciones de la Administración Pública Nacional, y en la parte citada dice lo siguiente: “d) Contratación Directa. La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos:

5. Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.

6. Cuando el Poder Ejecutivo Nacional haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable.” (las negritas son nuestras)

Es decir que el Poder Ejecutivo a través del decreto ha decidido (por sí y ante sí) que todas las compras y contrataciones que demande la “emergencia en seguridad” serán directas, sin licitación y secretas; mientras al mismo tiempo se levanta el secreto para procedimientos diseñados para otros supuestos, vinculados estrictamente a la defensa nacional . Sobre el porqué todas las compras y contrataciones serán directas y secretas, nada se dice en los fundamentos del acto.

Y hay más aun: bajo el título “Colaboración de la AFIP” dice el artículo 21: “Cuando el objeto de la compra y/o la contratación trate respecto de elementos, objetos, software de fabricación o desarrollo extranjero y/o cualquier otro elemento comprado en el marco de la presente declaración de emergencia de seguridad pública, la autoridad competente dispondrá las medidas administrativas necesarias para que en el marco de las leyes y reglamentaciones vigentes dichos objetos ingresen al país en el más breve plazo que resulte posible para su inmediata operatividad en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado.” (las negritas siempre son nuestras)

Imposible no relacionarlo con ésta noticia que leemos en Ambito Financiero de hoy sobre la reunión de Macri en Davos con el vice yanqui, Joe Biden: “En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el vicepresidente de Barack Obama le extendió a Macri "la predisposición de Estados Unidos para colaborar en todos los campos, especialmente en innovación, tecnología, defensa y seguridad...”. A menos que sea simplemente casualidad.