EL CERROJO Y LA GRIETA

La principal discusión que tiene por delante el Congreso es la derogación de las leyes que impiden cerrar el acuerdo con los fondos buitres en los términos propuestos por el gobierno de Macri, que obviamente son sustancialmente distintos a los aceptados por los acreedores que ingresaron a los canjes del 2005 y el 2010.

Sin terminar de explicitar bien los términos de los acuerdos con los fondos especulativos Macri se ve forzado a pedirle al Congreso que derogue un conjunto de leyes; porque esa es la precondición que pone el juez Griesa para levantar el “stay” sobre los pagos a los acreedores que sí ingresaron a los canjes, medida que en su momento fue pedida por los fondos buitres para forzar a la Argentina a negociar. Para empeorar la cosa, el "mediador" Pollack aclara que si los pagos del acuerdo no se hacen efectivos antes del 14 de abril, se cae.

El Congreso argentino sesionará así compelido desde el exterior como en los tiempos en los que el FMI exigía la modificación de la ley de quiebras, o la derogación de la de subversión económica como parte de las “condicionalidades” a las que supeditaba su asistencia financiera; lo cual más que una casualidad histórica, es pura causalidad: consecuencia directa del abandono de una estrategia de firmeza en la defensa del interés nacional, por otra en la que el gobierno argentino cede a lo sustancial de las exigencias de los buitres; en la creencia que de ese modo allana el acuerdo, y éste traerá aparejado un vendaval de inversiones.

Las leyes que habría que derogar son básicamente tres: la Ley 26.886 (2013) o “ley cerrojo” (que impide mejorar la oferta de los canjes, y hacérsela incluso extensiva en los mismos términos a acreedores que litigan judicialmente contra el país), la Ley 26.984 de “pago soberano local” (2014) dictada para sortear el “stay” de Griesa quer bloqueó pagos a los bonistas del canje con ley Nueva York y la Ley 27.207 sancionada el año pasado (quizás la más olvidad en los análisis); que incorporó con carácter de orden público al sistema jurídico argentino los principios sobre la reestructuración de deudas soberanas aprobados por la Asamblea General de la ONU, a propuesta de la Argentina.

Tomando como referencia las votaciones en Diputados (donde están representadas la totalidad de las fuerzas políticas), la "ley cerrojo" tuvo en 2013 192 votos a favor (incluyendo a los de la UCR y el PRO) y 33 en contra, mayormente del "progresismo" nucleado en el FAP, que sostenía que Cristina preparaba el arreglo con los fondos buitres (?). Ya para la ley de "pago soberano local" en 2014 hubo 133 votos a favor (del FPV y sus aliados) y 94 en contra, con casi toda la oposición -como era de costumbre entonces- oponiéndose.

Finalmente el caso de los principios de la ONU fue tratada en ésta entrada, en la que señalábamos que la entonces oposición (y hoy oficialismo) encontró la excusa perfecta en la discusión por la designación de los nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación, para rajarse del recinto y no avalar con su voto favorable (o no quedar escrachada votando en blanco) un marco jurídico que se da de patadas con los términos del arreglo con los fondos buitres; por entonces en gestación y hoy prácticamente cerrado. 

Esos principios de la ONU (hoy derecho interno argentino vigente, como se dijo antes) rigen además en toda nueva colocación de deuda externa por cuenta del Estado nacional, como por ejemplo la que sería necesaria para obtener los recursos para pagarles a los buitres antes del 14 de abril. ¿Pensará acaso el gobierno de Macri gambetear la discusión de los términos de esa nueva deuda (plazos, interés, jurisdicción, condiciones de pago), o aplicando las sugerencias del FMI y el G20 como se sugiere acá?

Nada menos que Aldo Ferrer -entre otros- ha señalado que la estrategia negociadora del gobierno de Macri fue desastrosa, y que ha invertido los términos del problema; cerrando primero un acuerdo ruinoso para el país con los principales fondos buitres, para pedirle luego al Congreso (que tiene la palabra final en la materia, de acuerdo con la Constitución) que derogue las leyes y autorice la emisión de nueva deuda para pagarlo.

Lo que el gobierno está haciendo -como hemos dicho- es ni más ni menos que pedir un cheque en blanco, e intentar sumar voluntades opositoras, con el anzuelo tendido hacia los gobernadores del PJ de que hecho el arreglo con los buitres, el país volverá a los mercados de capitales obteniendo fondos para obras de infraestructura; cuando la realidad es que si llegaran masivamente los dólares pensados, sería para cerrar las cuentas fiscales, y financiar la fuga de capitales que ya se está acelerando. 

Es posible que la estrategia le termine dando resultados, y Macri tenga los números en las dos Cámaras (imposible en el Senado sin acuerdo con al menos parte del bloque del FPV: ¿Pichetto?) para hacer pasar la derogación de las leyes. En tal caso la frieta que prvocará la discusión hacia el interior del peronismo será importante y duradera.

Un peronismo que justamente hace poco en su congreso nacional no logró definir y votar una postura unívoca en éste tema, pese a la propuesta de los sectores kirchneristas de instruir a los legisladores de ambos bloques (como hace cualquier partido moderno) para abstenerse de dar quórum y en caso que el gobierno lo logre por sí, votar en contra. Pese a la silbatina terminó triunfando -por omisión- la tesis Pichetto de la "libertad de acción" a los bloques para que cada uno defina como le plazca que hacer.

En todo caso, la discusión reflejó el estado en el que están el peronismo -y por carácter transitivo- el FPV tras la derrot; y cabe preguntarse si tras una fractura expuesta de ese calibre (como sería votar divididos en todo lo relacionado al arreglo con los buitres) sigue siendo viable la idea de resolver la conducción partidaria con una "lista de unidad": ¿surge otra grieta, con diferentes alineados de un lado y otro que en los últimos 13 años? 

Las repercusiones económicas a largo plazo de un acuerdo con los fondos buitres en los términos propuestos por el gobierno de Macri son claras: la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento y valorización financiera que como todos, arroja claros ganadores y perdedores: de un lado los bancos, los capitales especulativos y los fugadores seriales de divisas, del otro, los empleos, los salarios y la posibilidad de sostener un tejido productivo con base industrial.

Pero también tendrá consecuencias políticas: mientras al gobierno le quedará una excusa menos para justificar su pobre perfomance (al menos no podrá hablar de "palos en la rueda" si parte de la oposición se muestra colaboracionista), la principal fuerza opositora estará -al menos en los que acompañen el arreglo- desertando al compromiso con sus propios votantes; porque el arreglo con los buitres es parte principal e inescindible de un programa económico y social que lesiona objetivamente sus intereses; como ya se puede comprobar a diario. 

La construcción de la referencia opositora al experimento neoliberal en marcha saldrá de esa fragua: la postura que cada uno adopte frente al tema buitre. Por eso no hay que dudar ni equivocarse, obnubilados por un supuesto pragmatismo que elige priorizar supuesta guita de afuera hoy, por enfeudamiento para mañana.

Son espejos de colores que pretenden invertir el paradigma de gobernabilidad bajo el cual se construyó la experiencia kirchnerista que nos posibilitó crecer y distribuir, en el registro de las mejores tradiciones históricas del peronismo. 

Abandonarlos implicaría para parte del peronismo repetir la deserción menemista, pero para peor, en éste caso en el rol de partenaire. Después -cuando más tarde o más temprano el nuevo experimento neoliberal en marcha implosione- será tarde para arrepentirse.