Lo único que tienen que hacer es juntarse los tres, y borrar de un plumazo la Acordada 20/96 que declaró que a los jueces no les era aplicable la Ley 24.631 (1996) que derogó la exención de que gozaban en el Impuesto a las Ganancias.
Y si vienen reclamos judiciales, en lugar de excusarse los resuelven diciendo lo obvio: que como lo dice la Constitución (artículo 16) somos todos iguales ante la ley, y que esa igualdad es "la base del impuesto y las cargas públicas"; y listo: no hacen falta leyes, ni decreto, ni nada más.
Tres firmitas (incluso no tienen necesidad de que lleguen los otros dos, si es que llegan) y sanseacabó, como diría Máximo.
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