SE SABÍA Y TE AVISAMOS

No podía ser de otra manera, era lo que ya se tenía decidido, el final anunciado de semejante desaguisado: la provincia se hará cargo de la repavimentación de la Autopista Santa Fe- Rosario. 

Es que el final anunciado estaba cantado desde que  se conocieran los Decretos N° 1033/10,  mediante el cual el Poder Ejecutivo aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales (PBCG), Pliego Particular (PBP), Pliego Técnico (PT) y Proyecto de  Contrato de Concesión (PC) para la Licitación Pública Nacional e Internacional para la ¨Concesión por Peaje de la Construcción, Mejoras, Reparación, Conservación, Ampliación, Remodelación, Mantenimiento, Administración, Gerenciamiento y Explotación de la Autopista Provincial Santa Fe Rosario.

Nada que no hubiéramos adelantado (acá, acá, acá, acá, acá; y acá, entre varios otros), que solo tiene que ver con el facilitamiento de la gestión socialista de negocios para las empresas amigas (una UTE conformada por las constructoras MILICIC S.A. – OBRING S.A.- VIAL AGRO S.A. – LAROMET S.A. – ROVIAL S.A. – PECAM S.A).

En esta clave debe entenderse que:

1. Siendo que el proyecto de concesión de obra pública que diseñaran los pliegos es la selección de quién se ocuparía de la administración, explotación, gerenciamiento, mantenimiento, mejoras, ampliación, conservación, remodelación y repavimentación de la  autopista mediante el sistema de peaje, donde la tarifa del peaje la fija la Provincia y lo que le correspondía percibir al concesionario para cumplir sus obligaciones contractuales era la diferencia en el precio, llamada ¨pago por vehículo pasante¨, y que la mejor oferta resultaba aquella que propusiera el “pago por vehículo pasante” menor, que no se definiera técnicamente en qué consistía la repavimentación, tanto en el pliego general de bases y condiciones –punto 2.31-, como en el técnico –puntos 9 y 10-);

2. No tuviera ninguna significación lo que se ofertara, la viabilidad económica para la empresa de lo que proponía en el plazo previsto de duración de la concesión (10 años), porque se sabía que se iba a entrar en una renegociación permanente a su favor, o como ahora, la asunción de la Provincia del cumplimiento del objeto central del contrato –la repavimentación-, incluso manteniéndoselo a las empresas incumplidores, reservándoles solo las actividades que le dan ganancias sin ningún tipo de riesgo empresario;

3. Todo fuera en violación de la Ley de Obras Públicas Nº 5188, que expresamente establece que “previo al llamado a Licitación de una obra, o antes de su ejecución si aquel no correspondiere, deberá estar aprobado su proyecto y presupuesto, con conocimiento de todas las condiciones, elementos técnicos, y materiales que sean necesarios para su realización” -Art. 10-;

4. Nunca se abriera la cuenta especial del “fondo de obras”, fondo de propiedad de la Provincia pero dejado en manos del concesionario para las obras menores que tenía a cargo, por fuera de la repavimentación que sí era a su íntegro cargo y a afrontar de su ganancia, y que la concesionaria cumpliera con el depósito diario de lo que correspondía por el tránsito de vehículos dado; 

5. Nunca se le exigiera a la concesionaria que integrara su capital social por una suma no inferior al 30% de los egresos totales de los dos primeros años de la concesión, conforme su propio Plan Económico Financiero de su oferta (punto 7.5.5. del pliego general de bases y condiciones);

6. Se consintiera que la UTE concesionaria alegara "vicios ocultos" en la traza y que lo que debiera ir al fondo de obra termine en la cuenta del concesionario como crédito por PVP, y que para hacer trabajos en el autopista el gobierno tenga que socorrer con partidas complementarias de otra fuente de financiamiento;

7. A nadie interesara que  la auditoría “permanente” dispuesta por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a comienzos de 2013 no se conociera o directamente no se hiciera; o que el órgano de control de la autopista acompañara la ejecución de este desmadre sin decir nada al respecto.

Y todo a la vista de todos.

En la Legislatura, tal vez un poco tarde, se hacen movimientos y se escuchan voces críticas. Más que pedir informes y hacer declaraciones, tal vez lo que les sería útil es que el Ministerio y el Órgano de Control les manden los expedientes de toda esta historia y los analicen por sí mismos.