HABLAR AL GAS

Para terminar de entender las razones por las cuáles el gobierno insiste con el tarifazo del gas es imprescindible leer la columna de Vernitsky en Página 12 de ayer, y sus derivaciones futuras.

Tal como allí se dice, el propio Aranguren (en la presentación judicial del gobierno ante el fallo de la Cámara Federal de La Plata) calcula en un 70 % del costo total del servicio, lo que demanda comprarles el gas a las empresas productoras, es decir las petroleras; más las importaciones del fluido. Algunas estimaciones calculan incluso una incidencia mayor.

Sobre ese costo crítico de un servicio también crítico, el gobierno tomó la decisión de más que duplicar el precio del gas pagado en boca de pozo, pese a que los precios internacionales están en baja, y sin ningún tipo de análisis sobre los costos de extracción del producto.

Con un agravante: ese precio nuevo "inflado" se paga sobre el gas "viejo" tanto como sobre el "nuevo", es decir el que corresponde a nuevos yacimientos descubiertos, o a la ampliación de la capacidad de producción de los existentes.

Con el programa "Gas Plus" del gobierno anterior a éste segundo se lo pagaba en boca de pozo a precios superiores entre un 100 y 200 % mas que el gas "viejo" (el de los yacimientos ya descubiertos, en su nivel normal de explotación y producción); justamente como un modo de estimular la producción, para acompañar la mayor demanda sin necesidad de apelar a las importaciones que presionaban sobre la balanza de pagos y la disponibilidad de divisas.

Tal como hizo el gobierno de Macri el tarifazo, se trató de una descomunal transferencia de ingresos solo por concepto de mayor valor del gas en boca de pozo del orden de los 4000 millones de dólares (un 1,8 % del PBI) de los usuarios a las petroleras, sin que el Estado mermara en esa magnitud los subsidios.

Ahora que está de moda calcular todo en función de los dólares hallados en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner (incluyendo las boletas del gas), hagan ustedes la cuenta de cuantas cajas de seguridad deberían encontrar con esa misma cantidad, para que no tuviéramos que pagar entre todos la cuenta: serían unos 69,8 millones de boletas de gas, con las mismas cifras del ejemplo. Más de una vez y media la población total del país, siendo que no toda ella tiene acceso al gas por redes.

Desde el gobierno se aduce que el tarifazo fue necesario por el mayor costo de las importaciones de gas, sin decir que estas representan en el mejor de los casos el 15 % de la demanda total, y si se encarecieron como consecuencia de la fuerte devaluación del peso, esa fue una decisión que -como el sustancial aumento del gas en boca de pozo- tomó el propio gobierno. Tanto como la de importar gas de Chile un 128 % más caro, siendo que el gobierno de Bolivia ya ha desmentido a Aranguren en cuanto a que tuvo que apelar a ese recurso porque ellos no podían proveerlo.

Aunque sea un tema menor en ese contexto, es obvio señalar que en todas estas decisiones del gobierno también se benefician Shell, la ex empleadora de Aranguren, y el propio ministro que sigue siendo accionista de la compañía. En menor medida en los tramos de transporte y distribución del negocio del gas, también hay quienes en el gobierno tienen motivos para estar contentos o cumplir con sus mandantes, como las renovadas autoridades del Enargas, que son justamente las que dan luz verde a los aumentos (ver al respecto acá). Ni hablar de los negocios de los amigos/socios del presidente como Lewis, Caputo y Mindlin, como nos cuenta acá Daniel vía Gabriela Cerrutti.

Tal como lo señala Raúl Dellatorre en ésta otra nota de Página de ayer, el gobierno tampoco explica cual ha sido la evolución de la demanda de gas en un momento en el que la actividad industrial (una de las grandes demandantes) viene acusando un marcado descenso mes a mes, y por qué razón no se les exige a las centrales térmicas que en lugar de importar gas para producir energía eléctrica, importen fuel oil. Si el argumento es la devaluación que encareció esas importaciones aun con la baja de los precios internacionales del petróleo, volver al párrafo anterior: Macri lo hizo.

Por otro lado si el problema es que la demanda de gas es mayor que la oferta disponible en el país y hay que importar el resto (tal la queja del gobierno), no se entiende como el gobierno hizo una monumental transferencia de ingresos a las petroleras (reiteramos, del orden de los 4000 millones de dólares) sin la correlativa exigencia de inversiones para aumentar la producción.

O peor aun: tampoco se entiende como YPF (la petrolera cuyo control accionario recuperó el Estado en 2012) redujo en un 50 % su plan de inversiones, y específicamente en Vaca Muerta (el mayor yacimiento gasífero del país) las inversiones previstas para este año son de apenas un tercio de las realizadas el año pasado, los equipos de perforación se redujeron a la mitad, y los de exploración a la cuarta parte.

No se trata de que la matriz energética del país no estuviera en problemas, sino de que al gobierno no le preocupa resolverlos y que las medidas que fue tomando desde diciembre para acá en el área, no han contribuido sino a agravarlos; porque además fueron dictadas con la misma lógica de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de productos básicos de la canasta familiar "para impulsar a las economías regionales": transfiriendo recursos gigantescos a los sectores más concentrados de la economía, en detrimento del bolsillo de los sectores populares. 

De allí que -como sostiene Verbitsky- si en las futuras audiencias públicas (como pretende el gobierno) no se ponen sobre el tapete estas cuestiones y otras vinculadas como las exigencias de inversiones a las petroleras, transportistas y distribuidoras a cambio de los aumentos que les recomponen o aumentan su rentabilidad, serán convocadas simplemente para hablar al gas.