PRIMERO DESFONDAR ¿DESPUÉS PRIVATIZAR?

Sobre el déficit de la ANSES leíamos en El Cronista: “Según Ecolatina, "las cuentas del organismo se tensionaron fuertemente" en 2016, ya que los recursos netos (+32%) crecieron doce puntos por debajo de los gastos (+44%). Los gastos alcanzaron $ 899.613,5 millones ($ 788.796,1 corrientes y de capital y $ 110.817,4 millones de gastos figurativos), según informó Peña. "El Gobierno tomó decisiones que incrementaron más de lo habitual las erogaciones", dijo Ecolatina, al destacar el financiamiento a las cajas provinciales no transferidas, la extensión de la AUH y la Ayuda Escolar Anual para los monotributistas y el Régimen de Trabajo Temporario y permitir el cobro en simultáneo de la AUH y la pensión con otros programas provinciales y locales. También, el bono de fin de año.

En los ingresos de ANSeS impactaron la recesión y los cambios tributarios del año pasado. Los recursos corrientes y de capital alcanzaron $ 801.581,4 millones y las contribuciones figurativas, $ 138.492,9 millones. "La caída del empleo y un menor incremento salarial impactan sobre los recursos que genera ANSeS", dijo Flores, debido a le menor cantidad de empleados activos que aportan y la caída real en los ingresos previsionales por salarios que crecieron debajo de la inflación. En los ingresos tributarios, sintió la caída de la recaudación, especialmente en Ganancias, que se desaceleró al 13,5%. ” (las negritas son nuestras)

La caída de los recursos ordinarios de la ANSES ya se había notado cuando se conoció el aumento a los jubilados (la “formulita” los toma en cuenta como uno de sus componentes), y eso que no prosperó la “enmienda Dujovne”; que se basaba en que el modo de calcular de la fórmula “sobreestima” los recursos tributarios afectados a la seguridad.

Que la financiación de la seguridad social es uno de los asuntos más complejos de resolver para el Estado moderno no es ninguna novedad, así como que en ningún lugar del mundo se la solventa exclusivamente con los aportes de los trabajadores en actividad y la contribución patronal: en todo lados se apela al componente impositivo (aportes del Tesoro general) para completar los recursos que permitan atender el pago regular de los beneficios. 

En el caso del sistema argentino, con ese fin se destinaba el 15 % de la masa “precoparticipable” (o sea los impuestos nacionales coparticipables, antes de su reparto entre la nación y las provincias); pero la cuestión cambió sustancialmente tras el fallo de la Corte Suprema que favoreció a algunas provincias (entre ellas Santa Fe) en sus reclamos contra la nación: en ésta entrada escrita cuando el juicio estaba en trámite advertíamos nosotros sobre el riesgo que entrañaba en esta materia exacerbar el discurso “federalista”.

A eso hay que sumarle -como lo puntualiza la nota- la alta informalidad laboral, y medir el grado de disparate de los reclamos empresarios para bajar aun más las contribuciones patronales, como fórmula mágica para casi todo; desde crear empleo hasta reactivar la economía.

También el mayor agujero de las cuentas de la ANSES permite medir los efectos de la negociación de paritarias a la baja (con pérdida de poder adquisitivo de los salarios) o atadas a “metas de inflación” sobre la financiación genuina de la seguridad social; además de los que produce sobre el consumo, la inversión y el nivel de actividad.

Lo curioso es que el artículo menciona el alza del desempleo (o la suba de los despidos), pero no menciona las suspensiones, que están mucho más generalizadas y achican más aun la masa salarial sujeta a aportes, porque recaen entre los trabajadores que están en blanco, es decir registrados en la seguridad social.

Y representan no solo un retroceso de la participación de los salarios en la distribución del ingreso nacional, sino un retaceo de recursos propios a la seguridad social, aumentando la necesidad de aportes generales del Estado para cerrar la brecha.

No sería de extrañar que estas cifras que arrojan los números de la ANSES intenten ser aprovechadas por el gobierno para volver a la carga con alguna forma de privatización del sistema previsional, aunque sea mixta; pese a que de ese modo solo se agravaría el problema, como se demostró en la funesta experiencia de las AFJP en los 90’, que explicaba por sí misma más de la mitad del déficit fiscal de entonces.