Sobre el déficit de
la ANSES leíamos en El Cronista: “Según Ecolatina, "las cuentas del
organismo se tensionaron fuertemente" en 2016, ya que los recursos
netos (+32%) crecieron doce puntos por debajo de los gastos (+44%). Los
gastos alcanzaron $ 899.613,5 millones ($ 788.796,1 corrientes y de capital y $
110.817,4 millones de gastos figurativos), según informó Peña. "El
Gobierno tomó decisiones que incrementaron más de lo habitual las
erogaciones", dijo Ecolatina, al destacar el financiamiento a las cajas provinciales
no transferidas, la extensión de la AUH y la Ayuda Escolar Anual para los
monotributistas y el Régimen de Trabajo Temporario y permitir el cobro en
simultáneo de la AUH y la pensión con otros programas provinciales y locales.
También, el bono de fin de año.
En los ingresos de ANSeS
impactaron la recesión y los cambios tributarios del año pasado. Los recursos
corrientes y de capital alcanzaron $ 801.581,4 millones y las contribuciones
figurativas, $ 138.492,9 millones. "La caída del empleo y un menor
incremento salarial impactan sobre los recursos que genera ANSeS",
dijo Flores, debido a le menor cantidad de empleados activos que aportan y
la caída real en los ingresos previsionales por salarios que crecieron debajo
de la inflación. En los ingresos tributarios, sintió la caída de la
recaudación, especialmente en Ganancias, que se desaceleró al 13,5%. ” (las negritas son nuestras)
La caída de los
recursos ordinarios de la ANSES ya se había notado cuando se conoció el aumento
a los jubilados (la “formulita” los toma en cuenta como uno de sus
componentes), y eso que no prosperó la “enmienda Dujovne”; que se basaba en que
el modo de calcular de la fórmula “sobreestima” los recursos tributarios
afectados a la seguridad.
Que la financiación
de la seguridad social es uno de los asuntos más complejos de resolver para el
Estado moderno no es ninguna novedad, así como que en ningún lugar del mundo se
la solventa exclusivamente con los aportes de los trabajadores en actividad y
la contribución patronal: en todo lados se apela al componente impositivo
(aportes del Tesoro general) para completar los recursos que permitan atender
el pago regular de los beneficios.
En el caso del
sistema argentino, con ese fin se destinaba el 15 % de la masa
“precoparticipable” (o sea los impuestos nacionales coparticipables, antes de
su reparto entre la nación y las provincias); pero la cuestión cambió
sustancialmente tras el fallo de la Corte Suprema que favoreció a algunas
provincias (entre ellas Santa Fe) en sus reclamos contra la nación: en ésta entrada escrita cuando el juicio estaba en trámite advertíamos nosotros sobre
el riesgo que entrañaba en esta materia exacerbar el discurso “federalista”.
A eso hay que
sumarle -como lo puntualiza la nota- la alta informalidad laboral, y medir el
grado de disparate de los reclamos empresarios para bajar aun más las
contribuciones patronales, como fórmula mágica para casi todo; desde crear
empleo hasta reactivar la economía.
También el mayor
agujero de las cuentas de la ANSES permite medir los efectos de la negociación
de paritarias a la baja (con pérdida de poder adquisitivo de los salarios) o
atadas a “metas de inflación” sobre la financiación genuina de la seguridad
social; además de los que produce sobre el consumo, la inversión y el nivel de
actividad.
Lo curioso es que
el artículo menciona el alza del desempleo (o la suba de los despidos), pero no
menciona las suspensiones, que están mucho más generalizadas y achican más aun
la masa salarial sujeta a aportes, porque recaen entre los trabajadores que
están en blanco, es decir registrados en la seguridad social.
Y representan no
solo un retroceso de la participación de los salarios en la distribución del
ingreso nacional, sino un retaceo de recursos propios a la seguridad social,
aumentando la necesidad de aportes generales del Estado para cerrar la brecha.
No sería de extrañar que
estas cifras que arrojan los números de la ANSES intenten ser aprovechadas por
el gobierno para volver a la carga con alguna forma de privatización del
sistema previsional, aunque sea mixta; pese a que de ese modo solo se agravaría
el problema, como se demostró en la funesta experiencia de las AFJP en los 90’,
que explicaba por sí misma más de la mitad del déficit fiscal de entonces.
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