Muchas veces lo hemos dicho acá al analizar los fallos de la Corte, y no nos vamos a cansar de decirlo porque las evidencias no hacen sino confirmarlo: todo juez y todo tribunal son político, y la Corte (en tanto cabeza del Poder Judicial) lo es en grado sumo; y todos sus fallos trasuntan siempre un mensaje político.
Por el momento, la oportunidad, el contenido, el "mensaje" que se busca transmitir a los demás poderes, a la sociedad. Pasó hace poco con el bochornoso fallo del "2 x 1" que beneficiaba a un represor de la dictadura, y vuelve a pasar ahora con el fallo que revoca una sentencia de una Cámara del Trabajo, para hacer que un trabajador pague los gastos de un juicio que perdió, en el que reclamaba una indemnización por accidente de trabajo odio.
El fallo en sí (cinco escuetas páginas, verlo completo acá) es anecdótico, pero revelador: un trabajador reclamó a la compañía de seguros por un accidente "in itinere" (sufrido mientras iba de su casa al trabajo), y perdió la demanda en el propio fuero laboral por no haber concurrido a las citaciones judiciales para ser examinado por los peritos.
La justicia del trabajo (aun rechazando el fondo de su pretensión) lo eximió de pagar las costas de la causa (honorarios de los abogados de la contraparte, o sea la aseguradora, y de los peritos) porque entendió que de lo contrario se desnaturalizaba el principio de acceso a la justicia que establecen los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos), y hacerle pagar las costas era contradictorio con el beneficio de litigar sin gastos que se les reconoce a los trabajadores, por ser la parte más débil de la relación laboral. Citó en apoyo un fallo de la CIDH de 2002.
La Corte tomó el caso (que le llegó por la vía de un recurso extraordinario) contrariando su propia doctrina sobre que no corresponde que intervenga por esa vía cuando lo que se discuten son cuestiones de índole procesal, porque entendió que la sentencia de Cámara era arbitraria, al apartarse de lo que dispone el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la nación (el que pierde paga las costas del juicio). Hasta ahí el derecho, con todo lo discutible que el fallo tiene desde ese lugar.
Pero la cuestión más de fondo (que en un fallo de la Corte, reiteramos, nunca puede ignorarse) es el contexto: el día después de la intervención judicial de un sindicato por una causa en la que la propia Corte validó las elecciones internas cuestionadas, y horas después del enésimo ataque de Macri contra la justicia del trabajo y los abogados laboralistas, acusados de formar una "mafia de los juicios laborales" que haría quebrar a las empresas.
El fallo tiene un mensaje claro y contundente, hacia los trabajadores: "por más que se crean con derecho a hacer un juicio para reclamar algo, o que los abogados les digan que lo tienen, piénsenlo bien antes de iniciarlo, porque si lo pierden se tendrán que poner".
Y también, por supuesto, el caso elegido cuidadosamente abona a la idea de que los accidentes de trabajo son truchos, fingidos por los trabajadores aleccionados por abogados inescrupulosos, para sacarles plata a las empresas; cuyo principal cultor es Macri, el empresario chupasangre que en los ratos libres hace de presidente.
Es como si los supremos (que en este caso cerraron filas, sin disidencias) le dijeran a Macri "tiene usted razón, señor presidente, cuente con nosotros para terminar con la mafia de los juicios laborales, y si no le dan los números en el Consejo de la Magistratura para rajar a los jueces díscolos del fuero, nosotros nos ocuparemos de revocarles las sentencias que no sean de su agrado".
Ni más ni menos que cumplir con el compromiso asumido por Lorenzetti en el "Davosito" del año pasado ante los empresarios, cuando dijo que con ellos (los cortesanos) estaba garantizada la seguridad jurídica para que vinieran a invertir.
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