SE EQUIVOCARON DE PRESOS

En el Boletín Oficial de hoy apareció publicado el Decreto 882 (completo acá), que dispone fusionar ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima), la empresa que explota la venta de energía producida por emprendimientos binacionales (como Yaciretá o Salto Grande) en una nueva empresa que se llamará Integración Energética Argentina S.A.

A esta nueva empresa se le otorga (por el mismo decreto) la concesión para  la generación de energía eléctrica correspondiente a las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz que se están construyendo con los préstamos chinos; que vuelven a llamarse “Cóndor Cliff y “La Barrancosa”, en lugar de “Presidente Néstor Kirchner” y Gobernador Jorge Cepernic” como las habían denominado sendas leyes de la Legislatura de Santa Cruz. Pero el cambio de nombres es lo de menos: el mismo decreto autoriza al ministerio de Aranguren a transferir la concesión al sector privado, que se quedaría así con un negocio para cuya concreción (la de las represas) se endeudó el Estado argentino.

Al mismo tiempo el decreto autoriza a Aranguren a vender, ceder o transferir los activos correspondientes a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II; así como a cancelar los respectivos proyectos (sin importar cuanto estén avanzados a la fecha), o continuarlos pero en éste caso mediante inversión privada.

También el decreto (fundado genéricamente en las atribuciones constitucionales del presidente, y sin contemplar participación alguna del Congreso habilita a Aranguren a desprenderse de la participación accionaria de ENARSA en CITELEC (Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima; y a proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de las participaciones accionarias de titularidad del Estado Nacional en Central Dique Sociedad Anónima, Central Térmica Güemes Sociedad Anónima, Central Puerto Sociedad Anónima, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia (TRANSPA) y DIOXITEC S.A..

En alguna de esas empresas los accionistas mayoritarios (que seguramente comprarán las participaciones accionarias del Estado) son Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y SADESA de “Niky” Caputo. Es decir, desguazar por completo la participación del Estado en la generación, transporte o distribución de energía en seguro beneficio de Mindlin, Caputo, Lewis y los demás amigos y testaferros de Macri, justo cuando bajan los subsidios y suben las tarifas.

Y por si todo eso fuera poco; conforme al decreto Aranguren también puede ceder los derechos que correspondan al Estado Nacional en relación con varias centrales de generación eléctrica, las sociedades de igual nombre y los fideicomisos relacionados, a saber: Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica José de San Martín (Central Timbúes), Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Termoeléctrica Guillermo Brown; todas construidas por el Estado nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y bajo la responsabilidad del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a cargo de Julio de Vido, hoy preso político sin condena en Ezeiza.

A juzgar por el decreto, son otros los que deberían ir presos.