DEL LÁTIGO Y LA CHEQUERA, AL PALO Y LA ZANAHORIA

En entradas anteriores veníamos siguiendo el “misterio” de la “desaparición” del Fondo Federal Solidario (fondo sojero) del presupuesto nacional: ver acá y acá.

Hoy leemos enAmbito Financiero que  hay diez provincias (entre ellas Santa Fe) que no están recibiendo transferencias especiales de la nación por no haber logrado todavía que sus respectivas legislaturas ratifiquen el pacto fiscal firmado con Macri con sus gobernadores; y entre las partidas retenidas están las del FFS, por lo menos hasta el 31 de marzo de éste año.

El criterio extorsivo del gobierno nacional para presionar a las legislaturas reacias a avalar el “consenso fiscal” (eufemismo por ajuste trasladado a las provincias) resulta posible no solo por el pacto firmado por los gobernadores, sino por el artículo 117 de la Ley 27.431 de Presupuesto nacional para éste año (que no estaba en el texto original y fue agregado después), que establece que “...el Fondo Federal Solidario, creado por medio del decreto 206/2009, no integra el Presupuesto de la Administración Nacional 2018. Los recursos del fondo mencionado se distribuirán entre las jurisdicciones que aprueben y cumplan con el Consenso Fiscal, sin incluir el Estado nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el régimen general de coparticipación federal.Las jurisdicciones que aprueben el Consenso Fiscal antes del 1° de abril de 2018 percibirán los recursos devengados retroactivamente desde el 1° de enero de 2018.”  

Además dispone que “Las jurisdicciones que aprueben y cumplan con el Consenso Fiscal acrecentarán proporcionalmente su participación sobre la de las demás jurisdicciones. El acrecentamiento para el primer trimestre se establecerá teniendo en cuenta las jurisdicciones que hayan aprobado el Consenso Fiscal (excluyendo el Estado nacional) al 1° de abril de 2018.”, y faculta a la Secretaría de Hacienda a dictar las normas reglamentarias; lo que hizo a través de la Resolución 9/18 publicada hoy en el Boletín Oficial (completa acá).

En la misma resolución se incluye el mecanismo para hacer efectiva la compensación a las provincias que firmaron el pacto fiscal por la no coparticipación del impuesto al cheque (cuya recaudación se destinará íntegramente a la ANSES), y por la modificación del artículo 104 de la ley de impuesto a las Ganancias, por la cual se le sacó al organismo de seguridad social el 20 % de la recaudación del tributo. El artículo 116 de la ley de presupuesto establece en relación a estos fondos lo mismo que para el FFS: no integrarán el presupuesto nacional de este año, y su transferencia a las provincias dependerá de que ratifiquen el pacto fiscal y lo cumplan.

Lo interesante del caso es que la Resolución 9 publicada hoy dispone que “La Dirección Nacional de Asuntos Provinciales informará inmediatamente a la Secretaría de Hacienda sobre incumplimientos del Consenso Fiscal por parte de alguna jurisdicción o sobre denuncias, indicios o informes al respecto. En caso de comprobarse esos incumplimientos, la Secretaría de Hacienda ordenará al Banco de la Nación Argentina la exclusión de esa jurisdicción de la distribución prevista en el inciso h de la cláusula II del Consenso Fiscal y en el artículo 117 de la ley 27.431, y dispondrá el acrecentamiento proporcional de las demás jurisdicciones participantes, según lo acordado, hasta tanto se regularice la situación de incumplimiento.” (las negritas son nuestras)

Es decir un mecanismo de “espionaje y delación” sobre los movimientos financieros de las provincias, que habilita a la nación a recortar el envío de los fondos; que además no integran el presupuesto. Una especie de reaseguro de que las provincias ajustarán el gasto público, acompañando “el esfuerzo” de la nación en ese sentido.

De un esquema en el que los hoy oficialistas se quejaban de que el kirchnerismo empleaba “el látigo y la chequera para disciplinar a los díscolos”, y se llegó a amenazar con presentaciones judiciales (fue el caso de Santa Fe, que luego desistió) para que se coparticipara la totalidad de la recaudación del impuesto al cheque (tema que era la principal bandera opositora en el Congreso en los tiempos del “Grupo A”), a éste otro de “palo y zanahoria”; donde los que venían a recomponer el federalismo transformaron en discrecional un reparto que era automático (el de las partidas del Fondo Federal Solidario), aunque se trataba del producido de parte de los derechos de exportación (vulgo retenciones), que son un recurso del Tesoro nacional, no coparticipable (artículos 4 y 75 inciso 1) CN).

Y lo que era coparticipación automática (antes la parte del impuesto al cheque que no se quedaba la nación e iba a las provincias, ahora ese 20 % de Ganancias que se le sacó a la ANSES) pasó a ser una “compensación”, sujeta al cumplimiento del requisito de ajustar y bajar impuestos, como Ingresos Brutos; comprometiendo las finanzas provinciales. La verdad, unos genios negociando los gobernadores. 

Cuando Macri vetó la ley antidespidos firmó un "acuerdo" con los empresarios para que no echaran gente, sin ningún mecanismos para sancionar su incumplimiento, o para coercionarlos jurídicamente a cumplir. Con las provincias, en cambio, se tomó el trabajo de ser más puntilloso; porque plusvalía mata federalismo.